Desde que en el mes de diciembre del pasado año el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admitiera a trámite la querella criminal por varios delitos, interpuesta por el fiscal general del Estado a propósito del 9-N, contra la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega; la consejera de Ensenyament, Irene Rigau; y el president de la Generalitat, se sabía a ciencia certísima que Artur Mas y sus colaboradoras serían llamados a comparecer ante el juez instructor en condición de imputados. La imputación es un concepto estrictamente procesal que, aunque estigmatiza (y por eso se cambiará), en realidad es una formula procesal garantista que no prejuzga y que mantiene la presunción de inocencia. De tal manera que la citación como imputados en la querella criminal de Mas, Ortega y Rigau no ha empeorado su situación sino que constituye un desenvolvimiento –lento, eso sí– de la tramitación del proceso penal.
Se dice enfáticamente que la querella se debe a que el president de la Generalitat sacó el día 9 de noviembre del 2014 las urnas a la calle constituyendo su comportamiento un legítimo acto de democracia activa, a través de un denominado “proceso participativo”. Los hechos que justifican la querella del fiscal general del Estado se corresponden con otro relato fáctico. El TC suspendió expresamente la consulta del 9-N el día 4 de ese mismo mes y luego, en sentencia de febrero de este año, declaró inconstitucionales tanto una parte de la ley de consultas como la que se celebró el 9-N. Lo que tiene que enjuiciar el TSJC es, por tanto, si ha habido o no desobediencia –y otros presuntos delitos conexos– a la resolución del Constitucional, con independencia de la opinión política que el llamado “proceso participativo” del 9-N pueda merecer. Me apresuro a subrayar que el debate sobre la efectiva comisión de los delitos que se imputan en la querella es vivísimo en la comunidad jurídica y que el TSJC tendrá que hilar muy fino porque las consecuencias de su sentencia –si a ella se llega– tendrán un gran alcance, sea absolutoria o condenatoria.
El cortejo de discusiones sobre la judicialización de la política o la oportunidad de la querella, sobre si favorece o perjudica a Artur Mas, sobre si le confiere una suerte de investidura martirial y patriótica, sobre el momento de incertidumbre en el que se produce la citación, sobre la coincidencia de la fecha de su comparecencia con el setenta y cinco aniversario del fusilamiento del que fuera president de la Generalitat, Lluís Companys, son adyacentes a la cuestión principal y esencial: corresponde a los tribunales ordinarios y predeterminados por la ley examinar si se ha desacatado una resolución del TC y, en caso de que así haya sucedido, sancionarlo conforme establece el Código Penal.
En este cuadro de situación, de alta crispación interinstitucional como hemos comprobado esta semana en Barcelona cuando tuvieron que encontrarse el ministro de Justicia, el presidente del Tribunal Supremo y el president de la Generalitat, convocar a los ciudadanos a la calle para acompañar a los imputados –el martes y el jueves próximos– en su paseo hasta la sede del TSJC es de una manifiesta irresponsabilidad política y, en el terreno de los propósitos no explícitos pero obvios, supone una coacción a la justicia, impropia en una sociedad democrática. Mucho más cuando el llamamiento callejero se hace por instancias que agrupan a entidades públicas y a organizaciones sociales a las que corresponde un grado especialmente exigente de respeto a las convenciones del Estado de derecho. Ya sabemos que el independentismo ha hecho de las movilizaciones ciudadanas –ahí están las Diadas de los últimos cuatro años– un instrumento de acción, de persuasión y de disuasión, pero emplearlo frente a un tribunal de justicia es un gravísimo salto cualitativo que aproxima la contextura democrática del secesionismo a un populismo ignoto en estas latitudes occidentales.
Artur Mas, lejos de limar las aristas de este episodio –sus abogados interesaron del instructor su más rápida comparecencia–, las afila. Él recabó para sí el mismo día 9-N toda la responsabilidad emplazando arrogantemente a la Fiscalía a que actuase; es su decisión acudir a la sede judicial en vez de declarar en su despacho, opción que le ofrece la ley y que Mas no ha considerado y, por fin, su complicidad con la agitación popular previsible a propósito de su comparecencia judicial aparece tan manifiesta como claras han sido sus declaraciones sobre la naturaleza supuestamente inducida de la querella y su admisión por el Gobierno, deslegitimando la independencia judicial.
La pérdida del sentido de la realidad y de la responsabilidad política y democrática de la clase dirigente independentista en Catalunya es cada vez más inquietante.
José Antonio Zarzalejos