La incidencia global en la reforma anticorrupción de China

El reciente juicio de Bo Xilai resaltó el mayor desafío que enfrenta China hoy: la corrupción y el abuso de poder de algunos funcionarios del gobierno y del partido. Hasta su caída, Bo, un ex miembro del Politburó y líder del partido en Chongqing, una mega-ciudad de 30 millones de habitantes, era un potencial candidato para ser uno de los siete miembros que integran el gobernante Comité Permanente del Politburó de China.

El juicio de Bo se produjo en un momento crucial para China. Millones de chinos de las zonas rurales invaden año tras año las ciudades del país en busca de empleo. Pero el crecimiento de China impulsado por las exportaciones, que antes sirvió para ocultar los costos macroeconómicos de la corrupción y la excesiva intervención estatal, se está desacelerando. En un momento en que China entra en una era de crecimiento más apagado en medio de una mayor competencia por parte de otros países de bajos costos, este daño se volverá cada vez más notorio -y cada vez más destructivo.

Hay más probabilidades de que China sea estable y geopolíticamente constructiva si es económicamente exitosa. Una China agobiada por graves problemas económicos no lo sería tanto y, por ser la primera economía en desarrollo de la historia en volverse una potencial global, podría incluso convertirse en una fuente de riesgo sistémico. La línea de montaje china está integrada a las cadenas de suministro globales para muchos productos. Es más, China es el mayor tenedor de títulos del Tesoro de Estados Unidos (además de la Reserva Federal), tiene tenencias en euros importantes, probablemente pronto se convierta en el principal socio comercial de Estados Unidos y se avizora que su relación comercial con muchas economías europeas y asiáticas será importante.

La investigación revela que una férrea implementación de los derechos de propiedad y de regímenes tributarios y regulatorios estables, predecibles y no confiscatorios son esenciales para una prosperidad económica a largo plazo. La clave para la reforma de China, y lo que más quiere el pueblo chino, es el "gobierno de las leyes, no de los hombres" de John Adams -una administración equitativa de leyes razonables, no favores especiales para aquellos pocos con conexiones-. De hecho, el ministro de Finanzas Lou Jiwei se hizo eco de Adams (y Adam Smith) cuando proclamó "los recursos deberían distribuirse según los precios y los mercados, no por funcionarios del gobierno".

El presidente chino Xi Jinping dijo que el combate de la corrupción es una prioridad principal, y que a menos que llegue tanto a los "tigres" (los altos cargos) como a las "moscas" (los funcionarios de nivel más bajo), tal vez no haya otra transición de liderazgo ordenada del tipo que lo llevó a él al poder este año. De hecho, reducir la corrupción es esencial si China quiere sumarse a la pequeña lista de economías en desarrollo -Japón, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y Taiwán- que han eludido la "trampa de los ingresos medios" en la que han caído la mayoría de los países en desarrollo y que les impide alcanzar el estatus de economías avanzadas. Más que lo indecoroso y arbitrario del comportamiento de muchos funcionarios, esto es lo que realmente está en juego en la campaña anticorrupción de Xi.

La futura prosperidad de China exige restringir la discreción administrativa de los funcionarios del gobierno, reducir el poder y los subsidios de las empresas estatales y fortalecer el régimen de derecho desarrollando un sistema judicial independiente. Pero estas reformas implican un cambio en la cultura y los incentivos. Algunos funcionarios utilizan su considerable discreción para otorgar licencias, permisos y contratos con el fin de solicitar favores y pagos laterales. La fortuna acumulada por la esposa de Bo (el uso de apoderados, especialmente parientes, es una táctica común de los funcionarios corruptos en todas partes) resalta las oportunidades para que los muy conectados saquen ventaja. Muchos chinos, que sencillamente consideran que así son las cosas, se comportan de la misma manera.

Sin duda, la búsqueda de rédito económico y la corrupción dispensadora de favores existen en mayor o menor medida en todas partes; pero están más generalizadas en los países en desarrollo que en los desarrollados, y en las economías ricas en recursos y/o con una planificación central que en las democracias capitalistas. El tiempo y otros recursos que los individuos y las empresas dedican a obtener favores del gobierno serían mucho más valiosos si fueran dedicados a producir bienes y servicios.

Algunas ideas prometedoras para combatir la corrupción tienen antecedentes exitosos en la historia china, desde la Dinastía Ming hasta el Hong Kong moderno. En la Dinastía Ming, los funcionarios del emperador provenían de otras provincias y rotaban con frecuencia. Para proteger al banco central de China de la presión política local, el premier reformista Zhu Rongji, siguiendo mi consejo y el de otros en los años 1990, reorganizó el Banco Popular de China según líneas regionales, similares a los bancos de distrito de la Reserva Federal.

En Hong Kong, la corrupción estaba tan generalizada a fines de los años 1970 -si la casa de alguien se incendiaba, el departamento de bomberos exigía un pago antes de bombear agua- que se designó una comisión anticorrupción independiente, específicamente para investigar y sancionar la corrupción pública y privada. Hong Kong redujo marcadamente la corrupción y mejoró la administración con una amnistía, incrementos de salarios y requerimientos de divulgación financiera para los funcionarios.

Los líderes actuales de China deberían analizar estos precedentes. Llevará tiempo establecer un sistema judicial verdaderamente independiente, pero algunos jueces pueden ser designados y remunerados por el gobierno central –al que deberían reportar- en lugar de por los funcionarios locales. Y, como en la China Ming, los jueces y otros funcionarios podrían rotar cada pocos años.

De la misma manera, como en Hong Kong, se podría otorgar una amnistía, condicionada a la divulgación financiera, y una multa por “riqueza inexplicable” para todos excepto aquellos con un comportamiento más inaceptable, dejando así el pasado atrás. En ese momento, se podría elevar el salario de los jueces y los funcionarios del gobierno y llevarlo a niveles competitivos, lo que debilitaría el incentivo para seguir adelante con prácticas corruptas –particularmente si los funcionarios deben completar regularmente declaraciones de divulgación financiera y son penalizados por no brindar información.

El deseo reciente de los ciudadanos chinos de condenar la corrupción públicamente ojalá sea un presagio de verdaderas reformas anticorrupción por parte de los nuevos líderes del país. Un sistema judicial independiente, una divulgación financiera por parte de los funcionarios del gobierno y otras instituciones independientes han sido esenciales a la hora de limitar y prevenir –aunque no eliminar plenamente- la corrupción en Estados Unidos y la mayoría de las otras democracias capitalistas avanzadas. Esa es una lección que China tiene que aprender con mucha más rapidez de la que le gustaría a la elite arraigada.
Michael J. Boskin is Professor of Economics at Stanford University and Senior Fellow at the Hoover Institution. He was Chairman of George H. W. Bush’s Council of Economic Advisers from 1989 to 1993, and headed the so-called Boskin Commission, a congressional advisory body that highlighted errors in official US inflation estimates.

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