La incierta transición de Lenín Moreno

Pedro Beltrán, a la izquierda, representante de la delegación del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, y Juan Meriguet, segundo a la izquierda, delegado del gobierno ecuatoriano, sostienen una reunión con el presidente Lenín Moreno, en Quito, el 28 de agosto de 2017. Credit Daniel Tapia / REUTERS
Pedro Beltrán, a la izquierda, representante de la delegación del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, y Juan Meriguet, segundo a la izquierda, delegado del gobierno ecuatoriano, sostienen una reunión con el presidente Lenín Moreno, en Quito, el 28 de agosto de 2017. Credit Daniel Tapia / REUTERS

Hoy la política en Ecuador se parece a un juego de póquer: todos se ven la cara buscando pillar algún signo del adversario. El nombre del juego es transición. Nadie se atreve a nombrarlo porque todo es demasiado frágil. Pero lo cierto es que en este minuto estamos ante la posibilidad del inicio de una transición del régimen autoritario de Rafael Correa a una democracia bajo Lenín Moreno.

Lo que pase en Ecuador tendrá un significado regional. Si logra concretarse la posibilidad de esa transición democrática conducida, además, por el sucesor del partido que ha gobernado durante una década y que fue elegido en las urnas, se abre una alternativa para países que tarde o temprano tendrán que enfrentarse al mismo dilema como Bolivia o Nicaragua. Dado el avance de la dictadura en Venezuela, hay pocos modelos de transición democrática en la región. El antecedente más cercano fue el Perú, pos-Fujimori.

Organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, el movimiento indígena, gremios profesionales y distintos partidos, incluyendo CREO, movimiento del líder opositor Guillermo Lasso, empujan hacia la apertura cuyo mecanismo más realista parece ser un referendo en el que se consulten reformas y enmiendas constitucionales que podrían abarcar la reelección indefinida, la cesación de autoridades de control fieles al expresidente Correa y la lucha contra la corrupción. Los correístas duros de Alianza País ven la llamada consulta popular como la obra de un traidor y mediocre y contraatacan con la idea de una nueva asamblea constituyente, encabezada por el mismo Rafael Correa. Lo cierto es que Moreno concentra la increíble cifra de 84 por ciento de popularidad, gracias mayormente a plantear la posibilidad de cambios hacia una mayor tolerancia a la disidencia, diálogo político, respeto a la prensa y a la independencia de los poderes.

Los escépticos ven con desesperación que se mantienen en sus puestos a funcionarios fieles a Correa, que los juicios contra funcionarios embarrados de corrupción avanzan lentamente y que no se han reformado o derogado leyes y decretos del anterior gobierno. Creen que Moreno ha llenado de gestos y sonrisas los primeros 100 días de su gestión pero que la estructura del poder autoritario sigue intacto. Para decirlo en breve: estamos ante la posibilidad de inicio de la tan deseada transición pero de ninguna manera vivimos una primavera democrática.

La situación es frágil y podría concluir con el desalojo del poder de Moreno, por cualquier vía, posibilidad no tan lejana si vemos que tanto desde un ático en Bruselas como en comunicados oficiales de la directiva nacional de Alianza País se llama abiertamente a la conspiración, la cual no es ningún delirio, si consideramos que el correísmo dejó sembrada toda la estructura del Estado con fieles operadores atentos hacia donde soplan los vientos y listos para actuar. A la oposición de su propio partido, Lenín Moreno debe sumar los opositores de las últimas elecciones que lo presionan, tratan de marcar la agenda y lo descalifican pues no saben leer el momento y hasta piden que se llame a Asamblea Constituyente, mecanismo que abriría las puertas a un regreso electoral de Correa, de forma inmediata, tal como lo ha admitido el vicepresidente Jorge Glas, quien está siendo procesado penalmente y es un ferviente promotor de una constituyente, eso sí con el expresidente a la cabeza.

Frente a este escenario, los grandes activos de Moreno son su altísima popularidad, una prensa, privada y estatal, que no quiere el retorno al infierno de Correa y apoya al presidente casi sin fisuras, y una sociedad civil que comienza a activarse tras una década de estar contra las cuerdas.

El otro gran factor que juega a favor de la posible transición democrática de Moreno es la repulsión que tiene el ciudadano medio ante las evidencias de una gigantesca corrupción consumada durante el correísmo y negada con vehemencia —y enorme cinismo— por sus protagonistas, cómplices y encubridores. Si la política actual es básicamente la conexión con las emociones del elector, se debe palpar el enojo del ciudadano en la calle que espeta un “ladrones” a los voceros del correísmo que se autoproclamaban como “las mentes lúcidas, los corazones ardientes y las manos limpias”.

El símbolo de todo esto es Jorge Glas, el vicepresidente de Correa y ahora de Moreno a quien todos señalan como una de las figuras más altas de la corrupción petrolera y de la trama Lava Jato. Glas es procesado por asociación ilícita pero ha sido defendido a capa y espada por toda la estructura correísta.

Tras una década en que Correa cantaba a los cuatro vientos lo que iba o no a hacer, Moreno luce como un enigma, un líder al que hay que descifrar. Plantea, el gran teórico de los populismos contemporáneos, Ernesto Laclau que en política las definiciones centrales se dan por las diferencias discursivas (que bajo su mirada lo abarca todo), con el adversario. Este ha sido el fundamento para la estrategia de la polarización que han aplicado el populismo latinoamericano del siglo XXI con ostensible éxito.

Si la idea de Laclau es cierta, desmontar la polarización, es ya de por si un paso enorme en la transición. Y eso hay que reconocérselo a Moreno. Pero puede ser insuficiente si no se dan pasos firmes. El primero debe ser el llamado a consulta popular para comenzar a desmontar la sofisticada estructura autoritaria construida en la pasada década. No solo eso, una consulta ganada con un abrumador apoyo popular le daría a Moreno un mayor margen de acción y destrabaría el juego al interior de su propio partido.

Lo segundo es que Lenín Moreno puede revertir los decretos y leyes con los cuales Rafael Correa limitó derechos fundamentales como la libertad de asociación y prensa. Y lo puede hacer sin pasar por el poder legislativo o por la Corte Constitucional.

Finalmente, es importante que se consolide una base social de la transición, que ahora comienza a aparecer con fuerza. Una medición importante al respecto, será una marcha convocada para el 20 de septiembre por los sindicatos, movimientos sociales e indígenas, pero que ha sumado los respaldos casi unánimes de todos los sectores sociales no correístas.

Lo que pocos dudan es que el 24 de mayo, Ecuador entró en una nueva temporada de la saga correísta sin Correa. Y quizá va rumbo al final del ciclo. Esto abre la puerta para una transición que será difícil y obligará a tragarse sapos muy grandes. Pero la historia enseña que no hay transiciones fáciles.

César Ricaurte es director ejecutivo de Fundamedios, una ONG dedicada a la defensa de la libertad de prensa en Ecuador.

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