Salvo si se ha hecho por razones electorales, cortoplacistas y miopes, resulta muy difícil entender con qué objetivo se ha presentado la proposición de ley de regadíos de Doñana, cuya tramitación se aprobó ayer en el Parlamento de Andalucía, y todavía es más desconcertante su carácter de urgencia. Ateniéndonos a la letra, la propuesta niega a los agricultores cuyas parcelas fueron declaradas no regables en el Plan de la Corona Forestal de 2014 la posibilidad de utilizar aguas subterráneas. Eso está muy bien, pero en nada modifica la normativa vigente: con o sin proposición de ley, todos los pozos y balsas en terrenos no regularizados en 2014 deberían haber sido clausurados hace años, y tendrían que serlo ahora. ¿Cuál es la novedad, entonces? Con la nueva ley esos terrenos, que no aparecen explicitados en ningún documento acompañando a la propuesta, pasarían a ser declarados regables, pero solamente cuando dispongan de aguas superficiales para ello (recordemos que las aguas son competencia del Estado, no de la Junta). Se evita estimar una fecha probable o posible para que ello ocurra, pero todo el mundo sabe que han de pasar lustros, si es que llega a ocurrir. ¿Por qué, entonces, el carácter de urgencia?
Las incongruencias son tan evidentes que, dando por buena la inteligencia de los parlamentarios y grupos proponentes, es forzoso pensar en segundas intenciones. Puesto que en la proposición de ley se plantea derogar toda normativa de igual o inferior rango que se oponga a ella, al menos parte del Plan de Ordenación del Territorio en el Ámbito de Doñana (2004) y el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal de Doñana (2014) serían derogados, lo que tal vez ofertara una vía para paralizar expedientes sancionadores en curso y condonar penas impuestas a los infractores. Sin embargo, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha repetido hasta la saciedad que no se interrumpirá ningún expediente ni se perdonará ninguna sanción, y por supuesto debemos creerlo (aunque los tribunales podrían decir otra cosa).
Entonces, si con la nueva ley los pozos irregulares tienen que cerrarse, como antes, y no se evitarán las multas y sanciones ya impuestas y por imponer, ¿por qué se presume que beneficiará a los agricultores afectados? Una posibilidad que no puede descartarse es que en su ánimo esté seguir regando con agua subterránea, como han hecho hasta ahora. El argumento sería, más o menos: “mientras ustedes —por el Gobierno central— no traigan agua superficial, consideramos legítimo seguir usando la subterránea, porque nuestras parcelas son de regadío y nos va la vida en ello”. La Junta, que no tiene competencia sobre aguas, cerraría los ojos, puesto que en su planificación los terrenos serían regables, y toda la responsabilidad de establecer la procedencia del líquido elemento y en su caso castigar un origen ilegal se derivaría a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (dependiente del Gobierno central).
Otra posibilidad, igual de inquietante, es que los nuevos regantes pretendan acceder a los 20 hectómetros cúbicos de un trasvase desde las cuencas del Tinto, Odiel y Piedras aprobado por ley en 2018, y que está en trámite de ejecución. ¿Por qué inquietante? Porque esa agua está destinada, según la propia ley del trasvase, a atender demandas humanas directas (abastecimiento) y a sustituir el agua subterránea que están extrayendo los agricultores regularizados en 2014. Si la nueva ley derogara ese último punto, los regantes “legales de nuevo cuño” podrían acceder al agua de ese trasvase, privando de ella a los “legales antiguos” que llevan años esperándola. Tal justificada inquietud alimenta la reacción negativa a la propuesta de ley de los agricultores de Almonte, en su mayoría legales, que temen seguir apareciendo como los malos de la película, mientras los malos de verdad se lavan las manos con aguas superficiales.
No es necesario aclarar que en cualquiera de ambos supuestos, Doñana sale perdiendo. El objetivo del plan acordado en 2014 era clausurar las extracciones no regularizadas y sustituir las permitidas por aguas de superficie. En otras palabras, eliminar cuanto antes las extracciones del acuífero sobrexplotado que alimenta la vegetación y las lagunas de Doñana. Si los nuevos regantes continuaran extrayendo agua subterránea mientras esperan a la superficial mencionada en la propuesta de ley, malo. Si dejaran de hacerlo, pero obligaran a continuar extrayendo a los viejos regantes legales, porque toman el agua destinada a ellos, malo también. Cualquier expectativa de nuevos regadíos en un escenario de escasez, que previsiblemente durará si no es que se incrementa, crispa a la sociedad y perjudica al espacio protegido. Y si ninguno de los escenarios descritos se consolida, ¿para qué hace falta la proposición de ley urgente? Y, sobre todo, ¿cómo se arreglará el problema social que supone el cierre de pozos en la comarca?
Porque no otra es la realidad. El primer paso debe ser reconocer por todos que hay poca agua, que Doñana la necesita y que la comarca también. Se extrae del subsuelo más de la que se recarga, con lo cual el nivel freático desciende, la vegetación y las lagunas del área protegida se secan, y los pozos de los cultivos se agotan. Hay que dejar de extraer, y ello acarrea problemas sociales y económicos que es imprescindible abordar. Tal sería el segundo paso, que corresponde a todas las Administraciones y deben tomar de común acuerdo. No vale utilizar Doñana y la comarca como arma arrojadiza de carácter político. La Junta de Andalucía no debe proponer soluciones simplistas, que como hemos visto no son tales, volcando a nivel local la inquina popular sobre el Gobierno de España, pero tampoco puede este limitarse a decir que ha hecho su parte y por tanto la Junta es la única culpable del deterioro de Doñana. La lealtad entre instituciones es esencial. Hace exactamente veinticinco años, cuando se rompió un muro de contención en la mina de Aznalcóllar, una ministra de España se equivocó declarando: “Lo mío se ha salvado”, porque los lodos tóxicos no habían llegado al parque nacional, que era de su competencia. Abochorna tener que recordar que los problemas de los andaluces no son míos ni tuyos, son de Andalucía, de España y de Europa. Retrasar el abordaje común no hace sino tensionarnos a todos, perjudicar a Doñana y dañar la economía regional y la imagen de su agricultura. Contra lo que se dice, Doñana sí que se está tocando, y mucho.
Miguel Delibes de Castro es biólogo, divulgador, exdirector de la Estación Biológica de Doñana y actual presidente del Consejo de Participación de Doñana.