La independencia de Schrödinger

La independencia d de Catalunya es como el gato de Schrödinger: está declarada y no declarada a la vez. El gato de Schrödinger es un experimento mental que implica a un gato, una botella con veneno, un martillo y un contador de radiactividad dentro de una caja. Existe un 50% de posibilidades de que el contador detecte material radiactivo, y en ese caso se active un mecanismo a través del cual el martillo rompa la botella de veneno. Hasta que la caja sea abierta, puede entenderse que el gato está vivo y muerto a la vez.

El Gobierno de Rajoy ha activado el artículo 155 asumiendo que la independencia se declaró, ante la resistencia de Puigdemont de responder de manera inequívoca a su requerimiento. A su vez, en la sesión del pasado 10 de octubre, el president Puigdemont asumió un mandato político derivado de los resultados del referéndum, y seguidamente propuso al Parlament la suspensión de los efectos de la declaración, pero nada se declaró o votó, ni tendría sentido jurídicamente suspender los efectos de algo no declarado.

A lo largo del procés, una de las estrategias del independentismo ha sido la deformación de categorías jurídicas para legitimar la acción política. Primero fue el derecho a decidir, una audaz operación de márketing político. Ante la imposibilidad de aplicar a Catalunya el derecho a la autodeterminación de los pueblos, se popularizó una versión edulcorada del mismo.

Después vino la desconexión. Los líderes independentistas nos quisieron tranquilizar reiterando que la independencia no se realizaría fuera de la legalidad, sino que la legalidad española sería sustituida mágicamente por la catalana. Ahora bien, la ruptura con la legalidad vigente no es un proceso indoloro y aséptico, sino que tiene graves consecuencias políticas, económicas y sociales que han sido deliberadamente ignoradas y de las que nadie se quiere responsabilizar.

Los instrumentos para la desconexión –la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica– se convirtieron en la clara expresión de la tiranía de la mayoría contra la que advertía Tocqueville en La democracia en América. La mayoría independentista hizo suya la máxima de que el fin justifica los medios, desconociendo que la democracia requiere respeto a los procedimientos que deben garantizar el pluralismo, la transparencia, y los derechos de las minorías.

Finalmente, uno de los mantras del procés ha sido «referéndum es democracia». Ahora bien, el pasado 1 de octubre no tuvo lugar un referéndum que pueda servir como mecanismo para determinar el apoyo que la independencia tiene en Catalunya. Las cargas policiales fueron sin duda lamentables, injustificadas e innecesarias, y la movilización de una parte considerable de la población constituyó un valioso acto de protesta. Ahora bien, no se puede dar validez a los resultados de un referéndum convocado bajo una ley suspendida y autoorganizado por los partidarios de una opción, sin ninguna de las garantías mínimas. Pretender derivar un mandato del pueblo catalán para proclamar la independencia resulta simplemente antidemocrático.

Por otro lado, desde el Gobierno de Rajoy la gestión del reto independentista ha sido, por múltiples motivos, pésima. Esperar a que los jueces cumplan con su función no será suficiente para resolver un problema que, como ya se ha reiterado hasta la saciedad, es en el fondo político.

Más allá de si el gato de Schrödinger está vivo o muerto, la aplicación del artículo 155 nos sitúa ante las puertas de una dimensión desconocida. En lugar de resucitar la declaración unilateral de independencia, que solo puede generar una mayor radicalización del conflicto, o recurrir a nuevas ficciones, ¿por qué no convocar elecciones en Catalunya? Todavía estamos a tiempo antes de dejar que se consume la intervención de la autonomía. Sería una oportunidad para determinar, en este momento, cuál es el apoyo que tienen los partidos independentistas. Si consiguen el apoyo de una mayoría amplia y clara de la población, el Gobierno de Rajoy no podrá seguir ignorando lo que es una reclamación política legítima. En caso contrario, los líderes independentistas deberán reconocer que la independencia es por ahora inalcanzable. ¿O es que alguien le teme a la democracia?

Aida Torres Pérez, profesora de Derecho Constitucional de la UPF.

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