La India abraza el Estado de bienestar

En las últimas semanas, el parlamento indio, al que a veces se acusa con razón por las frecuentes dilaciones que plagan su trabajo, ha sorprendido a sus detractores al aprobar dos leyes cruciales que podrían transformar las vidas de cientos de millones de personas.

La primera, la Ley de Seguridad Alimentaria, otorga al 67% de la población de la India el derecho a 35 kilos de arroz o de trigo a tres rupias (menos de cinco centavos de dólar) el kilo. Junto con disposiciones conexas que darían comidas a niños pequeños y mujeres embarazadas, y subsidios complementarios para proporcionar cereales a bajos precios cuando estén disponibles, la ley va a significar $6 mil millones adicionales en el déficit presupuestario anual de la India. Pero también aboliría el riesgo de morir de hambre y sufrir desnutrición en un país donde estos males se han padecido durante demasiado tiempo.

La segunda ley asegura indemnizaciones justas -de hecho generosas- a las personas, a menudo pequeños agricultores, cuyas tierras son adquiridas por el Estado para fines de desarrollo. En un país donde dos tercios de la población siguen dependiendo de la agricultura y la mayoría de los habitantes viven gracias a sus pequeñas propiedades, la nueva ley ayuda a quienes a menudo se han sentido explotados y privados de sus medios de vida por el dominio omnipotente del Estado.

La nueva ley requiere el consentimiento del 80% de los propietarios de tierras en tramos importantes antes de que el Estado pueda adquirirlos, e incluye disposiciones estrictas para la rehabilitación y el reasentamiento de los afectados. Incluso contempla compensar a los agricultores arrendatarios por la pérdida de sus medios de vida y requerir que las instituciones que los desplazan ofrezcan empleo a los desplazados.

En conjunto, las nuevas leyes de seguridad alimentaria y adquisición de tierras subrayan el proceso gradual pero firme del gobierno de la India para convertir la mayor democracia del mundo en una sociedad donde el bienestar de los ciudadanos se base en derechos en lugar de la efímera caridad. Los detractores de derechas insisten en que las nuevas leyes arruinan el presupuesto y socavarán el crecimiento económico, mientras que los opositores de izquierdas sostienen que no bastan para cubrir a la totalidad de los pobres y vulnerables de la India. El gobierno cree que el hecho de que susciten críticas de ambos lados significa que ha logrado un equilibrio apropiado.

En un momento en que las democracias se ven en dificultades para sostener varios modelos de asistencialismo, tratando de equilibrar el imperativo de la consolidación fiscal con la mitigación de la inseguridad de las poblaciones vulnerables, la India ha tomado medidas en una dirección que pocos creían posible para un país en desarrollo. Desde la Ley de Derecho a la Información, que ha empoderado a los ciudadanos y aumentado la rendición de cuentas y transparencia del gobierno, a la Ley del Derecho a la Educación, que ha llevado a la escolarización récord e insuflado recursos a las aulas moribundas, las reformas del actual gobierno han cambiado la cara de la sociedad india.

Uno de cada cinco hogares rurales se benefician de la Ley Nacional Mahatma Gandhi de Garantía del Empleo Rural, que da empleo a la mayoría de las castas y tribus registradas y a las mujeres en los pueblos (en mi propio estado, Kerala, el 92% de los beneficiarios son mujeres, cuya vidas se han visto transformadas por este nuevo ingreso). Al aumentar el poder de negociación de los trabajadores agrícolas, la aprobación de la ley ha elevado los salarios agrícolas y el poder adquisitivo de la población rural pobre, y reducido la migración por necesidad. Y la inversión pública sostenida en materia de sanidad pública se refleja en la mejora constante de la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna y la esperanza de vida.

Estas medidas cuestan dinero, pero también hacen posible que los pobres se liberen del yugo de la pobreza. Cuando las políticas gubernamentales de la India mantienen las tasas de telecomunicaciones entre las más bajas del mundo, se hace posible que los pobres tengan acceso a una tecnología que aumenta su autonomía. Cuando el gobierno promueve la seguridad alimentaria, es parte de un esfuerzo audaz para fortalecer la agricultura, que ha llevado a cifras récord de producción de cereales.

Al mismo tiempo, no se han dejado de lado las reformas económicas. Algunas medidas presupuestarias que habían causado polémica y ahuyentado a los inversores están siendo revisadas. Se ha tomado la decisión de permitir la inversión extranjera directa en la aviación civil y el comercio minorista multimarca, incluso a costa de perder un recalcitrante aliado de la coalición gobernante. Se han reducido las subvenciones al diésel y al gas para cocinar a pesar de una vociferante oposición. Se han aprobado reformas de las pensiones y próximas en la lista están las reformas de los seguros.

India ha sufrido, como la mayoría de los países en desarrollo, una disminución de la inversión extranjera, insuficientes niveles de exportaciones y una depreciación de la moneda. Pero incluso las estimaciones más pesimistas proyectan un crecimiento del 5% para el próximo año fiscal, y un buen monzón debería asegurar una cosecha abundante.

Las medidas que la India debe seguir para regresar a su vía de prosperidad económica son materia de debate entre economistas y expertos. Pero para el aam aadmi (el hombre común en cuyo nombre cada partido dice hablar) estos debates pierden importancia al lado de las grandes medidas adoptadas para construir una red de seguridad social en un país en el que hasta ahora se esperaba que cada uno tiene que valerse por sí mismo.

Los cínicos dicen que las nuevas medidas están motivadas únicamente por consideraciones políticas: las próximas elecciones generales de mayo de 2014. Antes de que fuera aprobado, alguien bromeó diciendo que el proyecto de ley de seguridad alimentaria significa "comida para los pobres, seguridad para el partido en el poder y la factura para el contribuyente". Pero en una democracia no debería sorprender que el gobierno impulse políticas populares entre la mayoría de los votantes. Los costos fiscales de estas medidas son altos, pero el indio promedio está mejor ahora que hace nueve años. Cualquier gobierno se sentiría justificado por ese hecho.

Shashi Tharoor is India’s Minister of State for Human Resource Development. His most recent book is Pax Indica: India and the World of the 21st Century. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.

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