La influencia de ETA en la política antinuclear española

“Ningún país moderno puede renunciar a las centrales nucleares” porque “país que renuncia a la energía nuclear, país que renuncia al progreso”. Al Gobierno-más-progresista-de-la-historia le gustará saber quién es el autor de tan encendida defensa de la energía nuclear.

Entusiasmará sin duda a la vicepresidenta Yolanda Díaz y al ministro Alberto Garzón, y divertirá a la vicepresidenta Teresa Ribera. Pónganle la voz cascada de un fumador empedernido, lleven la máquina del tiempo hasta 1978 y 1979, y acertarán. Sí. Santiago Carrillo. Secretario general del PCE.

Esa posición pronuclear que Carrillo compartía (no sólo) con el Partido Comunista Francés ha permitido que Francia sea hoy la tercera potencia nuclear del mundo. Y con posibilidades de avanzar puestos en ese liderazgo si sale adelante la propuesta que hizo pública esta Nochevieja la Comisión Europea para conceder la taxonomía verde a determinadas inversiones en energía nuclear, además de a otras en gas natural.

El Gobierno español se apresuró el domingo a airear su doliente rechazo, aunque tiene hasta el día 12 para transmitir su posición (argumentada) a la Comisión. Después, se abrirá un amplio debate que va a ocupar varios meses, con Emmanuel Macron a cargo de la presidencia semestral de la Unión Europea y con sus elecciones presidenciales a la vista.

En medio de una crisis energética tan grave como la que vivimos (especialmente en España), y cuando sabes que los países del Este también quieren invertir en energía nuclear para no depender tanto de Rusia, y que la Comisión ha incluido las inversiones en gas natural (como pretendía Alemania), lo razonable es prever un debate que ponga el acento en cuán duras deberán ser las exigencias técnicas que han de cumplir las inversiones nucleares y de gas para ser consideradas inmaculadamente verdes.

Pero no. El Gobierno Sánchez es de verdaderos creyentes en la fe antinuclear. Y su nítido mensaje a la contra servirá para espantar inversores de hipotéticos proyectos futuros en España con esa nueva taxonomía verde.

Pero ¿cuál es el origen de esa fe antinuclear de la izquierda española? No se desató por Fukushima (2011) ni por la catástrofe de Chernóbil (1986). Ni tampoco por el hoy olvidado accidente en Vandellós I (1989). Hay que echar la máquina del tiempo más atrás para buscar los motivos que desencadenaron eso que aquí se llamó “la moratoria nuclear”.

Algunos datos. El desarrollismo del tardofranquismo llegó a prever la puesta en marcha en España de una veintena larga de centrales nucleares, aunque solo Zorita, Garoña y Vandellós I estaban en funcionamiento a la muerte del dictador.

Aquel plan incluía tres centrales en la costa vasca. En Ea, en Deba y en lo que fue la cala de Basordas, hoy el cementerio con las ruinas de Lemóniz I. El crecimiento de la industria vasca requería mucha energía eléctrica, pero lo de Ea y Deba no pasó del papel.

Para lo de Lemóniz, las obras empezaron en 1972, con el cierre de la cala, pero los problemas no llegaron hasta 1977. El 3 de enero de hace 45 años se produjo el primer atentado (sin víctimas) en las obras de la central. Pero lo importante ocurrió después.

29 de enero de 1981. Adolfo Suárez anuncia por televisión su renuncia. Deja la presidencia del Gobierno y dejará también la de su partido, la UCD: “Un político que, además, pretenda servir al Estado debe saber en qué momento el precio que el pueblo ha de pagar por su permanencia y su continuidad es superior al precio que siempre implica el cambio de la persona que encarna las mayores responsabilidades ejecutivas de la vida política de la nación”.

Ese mismo día, ETA anuncia que ha secuestrado a José María Ryan, bilbaíno de 39 años con cinco hijos, ingeniero jefe de Lemóniz, y que le ejecutará (asesinará) si en una semana el Gobierno no vuela por los aires todo el complejo de la central, ya prácticamente terminada. Toneladas de hierro, cemento, tecnología, ingeniería, trabajo y electricidad futura por la vida de un hombre.

6 de febrero de 1981. Encuentran el cadáver de José María Ryan abandonado en un camino forestal. Le habían descerrajado un tiro en la cabeza. Estaba maniatado y amordazado. El rechazo social que aquel crimen desató incluyó una huelga general contra ETA (¡contra ETA!) y una manifestación en la que participó hasta el ya muy anciano Jesús María Leizaola, lehendakari en el exilio. Los proetarras le lanzaron una pedrada y resultó herido.

Pocas veces el terrorismo ha quedado tan bien definido como con el secuestro y asesinato de Ryan. Y no, no lo define el crimen, sino el logro de un objetivo político debido al miedo inoculado en la sociedad para no ser el siguiente. Con Ryan, el mensaje de ETA fue nítido. Quien se atreva a sustituirle como ingeniero jefe seguirá su camino. Se atrevió Ángel Pascual.

5 de mayo de 1982. Ángel Pascual, ingeniero jefe de Lemóniz, muere ametrallado en su coche. Le acompañaba su hijo mayor, Íñigo, de 18 años, que resulta herido leve. Ángel Pascual tenía otros tres hijos. Nadie más quiso ser ingeniero jefe de Lemóniz.

Antes de los asesinatos de Ryan y Pascual, ETA había matado a otras tres personas en las obras de Lemóniz: Andrés Guerra Pereda y Alberto Negro Viguera, en marzo de 1978, con la explosión de un generador, y Ángel Baños, en junio de 1979, con otra deflagración en un pabellón de turbinas.

Cinco muertos. Cinco asesinatos que hoy, cuando empieza este 2022, están aún sin resolver. Nadie ha pagado con la cárcel por ellos ni se ha sentado siquiera en el banquillo de los acusados para dar explicaciones.

En Euskadi en duelo, el historiador Raúl López Romo recoge las unánimes declaraciones políticas de no permitir que ETA impusiera el cierre de Lemóniz tras los atentados.

Por el PNV, el entonces lehendakari, Carlos Garaikoetxea: “No consentiremos que invocando la violencia se convierta a Euskadi en cenizas revolucionarias”.

También Xabier Arzalluz: “Si el pueblo dice no [a Lemóniz] deberá atenerse a las consecuencias [por] lo que entraña de trascendencia económica una obra de esta envergadura”.

UCD y AP, que concurrieron juntas en el País Vasco a las elecciones de octubre de 1982, consideraban “absolutamente prioritaria la construcción de Lemóniz”.

Antes de los asesinatos de Ryan y Pascual, el socialista Ramón Rubial había defendido la convocatoria de un referéndum sobre Lemóniz. Su compañero Txiki Benegas defendía hasta 1979 parar las obras, pero tras el asesinato de Ryan afirmó: “Si se paraliza Lemóniz, se habrá cedido al chantaje”.

Felipe González lo resumía así: “En Lemóniz uno puede tener todas las reticencias que quiera, frente a la ubicación, etcétera, y todas desaparecen cuando aparece un argumento de mayor cuantía y es que no se puede ceder al chantaje”.

Claro. Pero nadie quería trabajar en Lemóniz porque el miedo a ser el siguiente que impone el terrorismo ya había ganado ese chantaje.

En 1983, el recién estrenado Gobierno socialista aprobó su primer Plan Energético Nacional. Plan que incluía, como solución temporal, una moratoria nuclear que no podía afectar sólo a Lemóniz… para no ceder al chantaje.

El Gobierno del PSOE paralizó también las obras en Valdecaballeros y Trillo II, y guardó en el cajón los proyectos en Xive y Sagayo. Siguieron adelante las de Trillo I y Vandellós II hasta su normal puesta en funcionamiento

Juan Manuel Eguiagaray fue el último ministro de Industria de los gobiernos de Felipe González. En la hemeroteca hay declaraciones suyas que argumentan que la moratoria fue, más que ninguna otra cosa, un discreto rescate a las compañías eléctricas que se habían embarcado en inversiones nucleares muy por encima de la demanda de entonces.

Y es que el desarrollismo de los 60 se frenó en seco con la primera crisis del petróleo, en 1973, y ya nada volvió a ser igual. Se sucedieron muchos años de bajo crecimiento, alta inflación, tipos de interés elevados y un paro irreductible. Ese rescate a las eléctricas reconocido una década después por Eguiagaray se pagó con recargos en la factura de la luz. Es decir, lo pagaron los consumidores españoles… hasta el año 2015.

Si han llegado hasta aquí, me permitirán terminar con una anécdota. A finales de los 80 aprendí el oficio del periodismo con el periodismo económico. Recuerdo como un gran acontecimiento acudir a la primera rueda de prensa con el entonces ministro de Economía, Carlos Solchaga, que además me caía muy bien.

Antes de ir, pregunté a los mayores de la redacción: “¿Alguna sugerencia de pregunta, además de lo obvio?”. Y uno, posiblemente para poner en un aprieto a la becaria y burlarse del ministro, dijo: “Pregúntale por la moratoria”. Me pareció muy buena idea.

A Solchaga, no tanto. Como entonces se respondía a las preguntas, aunque fuera con un desplante, soltó algo así como: “Terminaremos con la moratoria cuando podamos terminar con ella y la mantendremos mientras debamos hacerlo”.

Parece que había sus disputas dentro del PSOE. Pero ganaron los que defendían mantener la moratoria. Y así quedó ratificado en el segundo Plan Energético Nacional, de 1991, y con la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (Losen), de 1994.

Los consumidores también lo notaron, porque el recargo en la factura de la luz por la moratoria se hizo permanente. Y España empezó a desarrollar las centrales de ciclo combinado, con gas natural, para la producción eléctrica.

En todos estos años, no ha habido ni intención de construir ninguna nueva central nuclear. Son (o eran) inversiones demasiado costosas y de largo plazo. Las nuevas pequeñas centrales que anunció Emmanuel Macron en noviembre para Francia no lo son tanto. Y si logra la taxonomía verde de la UE atraerá además mucha financiación bajo el paraguas de la transformación de la economía europea.

Pero el Gobierno de Sánchez no quiere inversiones para abaratar la energía que pagamos los españoles si la palabra nuclear (o la palabra gas) forma parte de la ecuación. Quizá todo se entienda mejor si recordamos que un socio estratégico del Gobierno se llama EH Bildu.

O quizá no haga falta ni eso.

Pilar Marcos es diputada del PP en el Congreso de los Diputados y periodista.

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