La “ingeniería fiscal”, refugio de unos pocos

Si hay un ordenamiento jurídico sometido a los vaivenes de la política y más que de la política, a los vaivenes del más puro y duro electoralismo, ese es sin duda el ordenamiento jurídico tributario. Todo prócer que se precie quiere dejar su caritativa huella en el IRPF; el asalto de la demagogia al IVA es continuo; el Impuesto sobre Sociedades se ha convertido en una especie de tributo multiservicios donde cada maestrillo tiene su librillo, su traje a medida; la Ley General Tributaria ha tornado su destino de faro interpretativo general para convertirse en refugio de un barullo de procedimientos y formas donde poco, casi nada, es lo que parece. La desidia, el oportunismo político, el lobby, han hecho de nuestro sistema tributario un ordenamiento boscoso, complejo en grado sumo, desordenado por descoordinado y, por todo ello, altamente injusto. Eso es, en suma: injusto.

Nuestro sistema tributario requiere, desde hace tiempo, una reforma profunda, una vuelta a los primeros tiempos para, partiendo de los principios constitucionales, construir un edificio estable, transparente, claro e inteligible; poniendo como premisa principal de toda esa reforma necesaria que precisamente sea esa claridad la meta principal a lograr. Normas sencillas de aprehender por el común de los ciudadanos, normas basadas en un principio fundamental en materia fiscal cual es el de que la simplicidad y la sencillez normativa equivalen a justicia tributaria. No se trata pues de poner un parche. De seguir haciendo trajes a medida. Se trata de abrir en canal la pieza y acometer una reforma profunda por su transcendencia y por el cambio que debe significar. Y hoy, asomados al abismo de una crisis que no cesa, es el momento. No tendremos otro igual para darle en la crisma a la oscuridad tributaria.

Una reforma que no olvide en ningún momento que la generación de ingresos tributarios guarda una relación directa con la capacidad de reacción que los órganos de la AEAT tienen ante comportamientos ciudadanos tendentes a la elusión impositiva. Cierto es que se han hecho plausibles esfuerzos de educación cívico-tributaria, cierto es que se ha tratado por todos los medios amigables a disposición de los correspondientes gobiernos el llegar a motivar comportamientos ético-tributarios en los ciudadanos. Pero con escaso éxito.

La mayoría de los mensajes, de los consejos, de los incentivos generalistas, se hunden en el abismo cuando el otro platillo de la balanza, el gasto público, el «cómo se gasta aquello que tanto nos cuesta ganar», es motivo de escándalo social. Podemos poner en práctica medidas didácticas de última generación para convencer, revoluciones éticas impactantes, milagros los jueves….Será inútil.

Todo se nos vendrá abajo mientras no atajemos el mal en su raíz: corrupción política, despilfarro, endeudamiento sin control, cuentas del Gran Capitán… Así no convenceremos nunca. Así se deja sin argumentos éticos a las administraciones tributarias. Y de ahí a la insumisión fiscal como «derecho humano» nos quedan 20 centímetros.

El marketing ha construido una administración tributaria resplandeciente en el que los programas de ayuda, las campañas permanentes de devoluciones y, en fin, el buenismo impostado y el apostolado fiscal, han sustituido a las necesarias reformas normativas que, de forma fácil y rápida, hubieran podido evitar tanto coste innecesario y tanta presencia superflua en los medios, de una administración que ha olvidado que, lo mejor que puede hacer por sus ciudadanos cumplidores, es no marearlos diariamente. Basar una estrategia en el corto plazo, en el éxito clamoroso, en el titular, no es luchar contra el fraude, ni siquiera prevenirlo. Es simplemente, marketing. O sea, nada.

No desperdiciemos una vez más esta oportunidad de regeneración tributaria. No es tan difícil superar el reto. Con el único mimbre de unas normas tributarias sencillas y comprensibles para el común, podremos empezar a conseguir que todos seamos iguales ante la ley. De lo contrario la «ingeniería fiscal» seguirá siendo el refugio seguro de unos pocos. Sí, precisamente de esos en los que usted está pensando.

Carlos Lamoca Pérez es inspector de Hacienda del Estado.

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