El asunto de la inmigración ha aparecido en la campaña de la peor forma: con un vídeo xenófobo del PP y comentarios cercanos a la xenofobia de un dirigente de CiU... El asunto puede, debe, debatirse en la campaña, pero hay otras formas de hacerlo, otras perspectivas.
La primera constatación que cabe hacer es que las municipales van a celebrarse, una vez más, sin que puedan votar los inmigrantes no comunitarios. Nos referimos a las que tienen residencia legal pero no han adquirido la nacionalidad española. Hace tiempo que los partidos políticos, unos más que otros, se pronuncian a favor de reconocer el derecho de voto en elecciones locales a los residentes estables no comunitarios; sin embargo, a la hora de dar pasos para hacerlo efectivo, flaquea la voluntad política. El verano pasado el Parlamento español votó (¡por unanimidad!) avanzar en esta dirección por medio de acuerdos de reciprocidad, una medida claramente insuficiente y bastante discutible; pero lo remarcable es que se haya llegado a las elecciones sin que se haya dado ningún paso, ni siquiera por esa vía.
Dicho esto, el asunto de la inmigración en las elecciones municipales se plantea también desde la perspectiva de las políticas de integración. Los intensos flujos de inmigración de los últimos años han puesto en evidencia las deficiencias de nuestro Estado del bienestar, han dado lugar a conflictos latentes o manifiestos, y han planteado retos importantes. Las políticas de integración practicadas han sido claramente insuficientes, y hoy son muchos los barrios de nuestras ciudades en los que el clima xenófobo que se respira es preocupante.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de políticas de integración? Los conceptos es- tán ya bastante bien definidos en los textos institucionales, desde los documentos de la UE hasta el Pla de Ciutadania i Immigració de la Generalitat. Se habla de integración bidireccional, de forma que el objetivo ya no es la integración de los inmigrantes en la sociedad receptora, sino la integración entre los primeros y la segunda (también la población nativa ha de integrarse en el nuevo marco que representa la sociedad de inmigración). Y se manejan conceptos de ciudadanía, de forma que la integración se plantea sobre todo como equiparación: en derechos, igualdad de oportunidades y de trato, en el acceso a los servicios, al trabajo....
Pero esto ha de traducirse en medidas concretas. Los inmigrantes, especialmente si son recién llegados, parten con desventajas que se han de corregir: requieren información específica, atención legal, cursos de idioma, orientación socio-laboral... Las políticas de equiparación han de consistir en poner en marcha las medidas y servicios específicos necesarios. También han de readecuarse los servicios generales, los normalizados, para atender a las personas inmigradas en las mismas condiciones que a las nativas, lo que requiere determinadas acciones en las escuelas, en los servicios sociales, etcétera. Y, además, hay actuaciones necesarias para combatir los conceptos xenófobos entre la población nativa y para facilitar la comunicación y convivencia entre nativos e inmigrados: equipos de mediación intercultural, campañas de sensibilización...
Todo ello requiere planificación y recursos. A menudo se ha dicho que los ayuntamientos han sido los primeros en afrontar estas necesidades sin los apoyos adecuados de otras administraciones, pero lo cierto es que, salvo excepciones, los ayuntamientos han sido muy reticentes a la hora de dedicar recursos a este tipo de actuaciones. Cabe decir también que las excepciones han sido significativas, y que dentro del Estado español fue en Catalunya donde aparecieron los primeros ayuntamientos que planifican y dedican recursos a la integración.
Lo que ahora está muy claro es que los recursos dedicados en años anteriores han sido ridículos frente a la magnitud del fenómeno. Pero estamos en un momento en el que parece que esto ha sido asumido políticamente. La UE, en sus presupuestos del 2007 al 2011, ha incluido, por primera vez, un Fondo para la Integración; el Estado aporta desde el 2005 un presupuesto específico que en el 2007 es de 200 millones; y la Generalitat cuenta desde el 2005 con un plan presupuestado. De todo ello, lo más tangible para la administración local, de momento, es el fondo que aporta el Estado, ya que de él hay 98 millones (en el 2007) que se distribuyen directamente entre los ayuntamientos (casi 17 millones para los catalanes).
Ese dinero del Estado está suponiendo una notable ampliación de las actuaciones municipales en materia de integración. Pero ha de acabar de asumirse que todas las administraciones han de dedicar recursos a este capítulo, y que el salto adelante dado en los últimos años sigue siendo insuficiente. Asegurar la cohesión social en una sociedad que ya solo crece, económica y demográficamente, gracias a la inmigración requiere cambios en las mentalidades y estructuras: las políticas de integración no son asunto de los servicios sociales, son algo que ha de impregnar toda la gestión pública, y que requiere instrumentos y presupuestos acordes con las dimensiones del reto.
Miguel Pajares, miembro del Grup de Recerca en Exclusió i Control Social de la UB.