Por Manuel Renedo Omaechevarría, abogado (ABC, 20/02/05):
Con independencia del juicio político o jurídico que merezca, coincido con la Conferencia Episcopal Española en la necesidad de denunciar también los aspectos inmorales o faltos de ética desde la perspectiva cristiana, claro es, pero también a mi juicio desde una ética civil universal, que subyacen en el denominado Plan Ibarreche. Entre otros aspectos que ponen de relieve esta inmoralidad radical se me ocurren los siguientes.
- La traición que supone el nuevo Plan respecto de los compromisos adquiridos por el PNV en la elaboración del Estatuto de Autonomía de Guernica, pues no se debe olvidar que todos los partidos nacionalistas, excepto ETA y sus aliados, apoyaron y contribuyeron decisivamente a redactar y aprobar el actual Estatuto de Autonomía vasco. El que ahora estos mismos partidos pretendan abandonarlo y promuevan otro Estatuto diametralmente opuesto y, además inconstitucional, supone un acto de deslealtad y una violación de los propios compromisos totalmente censurable desde el punto de vista ético y moral que, por supuesto, los demás partidos tienen todo el derecho a rechazar.
- El nuevo proyecto supone la ruptura del consenso estatutario, ya que se pretende imponer coactivamente sobre el 50 por ciento de los vascos no nacionalistas. Lo que lo diferencia radicalmente del Estatuto de Autonomía de Guernica que fue consensuado por todos los partidos excepto Herri Batasuna y aprobado por una gran mayoría de los vascos. Esta circunstancia evidencia también la inmoralidad única del Plan Ibarreche pues las normas políticas fundamentadoras de cualquier sociedad democrática y civilizada tienen que ser consensuadas y aceptadas por todos o casi todos los grupos y no pueden ser impuestas contra la voluntad de la mitad de los ciudadanos, precisamente la de aquellos cuyos representantes tienen que asistir a las sesiones del Parlamento protegidos por escoltas.
- España es una nación milenaria a la que pertenecemos los vascos por derecho de fundación desde el primer momento y que no puede romperse unilateralmente por ninguna de sus partes integrantes. El País Vasco, como parte nuclear de España, no tiene ningún derecho (aún suponiendo que ésta fuese la voluntad mayoritaria de sus habitantes, lo que tampoco es el caso), a imponer al resto de los españoles una ruptura unilateral, pues los estrechos vínculos de todo tipo tejidos a lo largo de los siglos nos hacen consolidarios del resto de los españoles y otorgan a todos ellos el derecho a decidir sobre el destino de todas y cada una de las partes integrantes de su propio País.
Lo que significa que los vascos no tenemos ningún derecho de autodeterminación unilateral, sólo aplicable a pueblos extraños sometidos y colonizados, y no podemos por tanto imponer nuestra voluntad secesionista, aún en el caso de que fuera mayoritaria, al resto de nuestros compatriotas. Y es que siglos antes de la aparición de los Estados modernos, por lo menos desde los tiempos de Sancho el Mayor de Navarra, allá por el año 1.000 de nuestra Era, cuando ya era llamado «Rex Hispaniarum», los vascos y navarros sellamos por nuestra propia voluntad un destino común con el resto de los cristianos españoles, que tienen por ello todo el derecho del mundo a exigirnos nuestra leal integración en este proyecto común milenario que entre todos hemos construido y que se llama España. Al fin y al cabo, no harían con ello sino cumplir aquella exigencia que nuestros antepasados vizcaínos hicieron al Rey Pedro el Cruel a mediados del siglo XIV, según cuenta en sus Crónicas el Canciller Ayala, cuando reunidos bajo el roble de Guernica «le dixeron, que nunca avrían otro señor en Vizcaya si non al rey de Castilla, e que querían ser de la su corona, e de los reyes que después dél viniesen; e que non les fablasen ningún ome del mundo en al. E estaban y ese día en aquella Junta de los vizcaínos diez mil omes».
- Por si fuera poco todo lo anterior, el Plan Ibarreche, que se pretende imponer por la fuerza (a tortas) a la mitad de la población vasca y a todo el resto de los españoles, ha sido aprobado en el Parlamento Vasco con los votos de ETA. Es un Plan ensangrentado que ha sido posible sólo por el terror sistemático practicado durante muchos años y que ha producido ya casi 1.000 muertos y muchos más miles de heridos y víctimas de todo tipo, lo que hace mucho más patente aún si cabe la radical inmoralidad de este engendro que ni siquiera se comprende vaya a ser debatido en el Parlamento de la Nación cuando, por su manifiesta inconstitucionalidad e inmoralidad, podría y debería haber sido inadmitido a trámite o suspendido por los Tribunales sin tan siquiera entrar a conocer el mismo.
Y es que el Plan Ibarreche es el resultado de un largo proceso de embrutecimiento moral que explica que sus autores no se sientan obligados ni a cumplir sus compromisos ni a ser fieles a la palabra dada ni a respetar a sus adversarios. También explica que no sientan vergüenza alguna al utilizar e instrumentalizar la violencia terrorista al servicio de sus fines políticos: al fin y al cabo no es casual que el nacionalismo vasco haya generado el terror criminal de ETA. Constituye también un anticipo, pálido, de lo que serían capaces de hacer, si tuvieran el poder necesario para ello, en un País Vasco separado de España y de Europa.
No pensemos sin embargo que el problema acabará con el seguro rechazo del proyecto en el Parlamento de la Nación. Una vez roto el consenso estatutario -objetivo largamente perseguido por ETA- y visto lo barata que resulta la agresión al orden constitucional, es previsible que el nacionalismo mantenga su desafío en similares términos agresivos: nada sería por ello más equivocado que tratar de afrontar el problema apaciguándolo momentáneamente (suponiendo que esto se consiguiera) con nuevas concesiones al nacionalismo o con supuestas vías intermedias que sólo servirán para agravar aún más el problema a medio plazo y confirmar a los nacionalistas en el éxito de su estrategia inmoral.