Año 1567. El Rey Felipe II lanza un concurso internacional para la determinación de la longitud geográfica, estableciendo un premio para quien desarrolle una forma de medir la distancia angular con el meridiano cero. Los barcos españoles llevan casi un siglo recorriendo el Atlántico entre Sevilla y Veracruz y, desde hace una década, surcan también el Pacífico entre Manila y Acapulco. Utilizan métodos rudimentarios para medir la distancia recorrida de este a oeste, lo que genera numerosos problemas y obliga, en ocasiones, a desplazarse en zigzag. El problema es antiguo y conocido: mientras que la latitud es fácil de determinar con un astrolabio mediante la posición relativa de la estrella Polar, el cálculo de la longitud se resiste. Se sabe que hay una relación directa entre la medida del tiempo y el cálculo de la longitud, pero no se cuenta todavía con relojes mecánicos precisos. El reto aumenta con los años. Felipe III sube la cuantía del premio en 1598 y otros países —Portugal, Venecia, Holanda e Inglaterra— se suman a esta carrera científica, pero el problema persiste hasta la invención del cronómetro marino en 1773.
La historia del cálculo de la longitud muestra dos hechos que no han cambiado: la dimensión internacional del progreso tecnológico y el valor público de la innovación que, casi siempre, desborda el interés privado. Muchos de los grandes retos de nuestros días —del cambio climático al envejecimiento de la población— encierran un importante desafío tecnológico pero también, aunque pase desapercibido, de gestión pública. Las administraciones no son solo promotoras de la investigación y la innovación sino, muy a menudo, las primeras usuarias de las mismas. La agencia municipal de transportes, el servicio regional de salud, o la sociedad promotora de turismo son a menudo el cliente de lanzamiento para las pymes innovadoras. O podrían serlo.
Desde hace aproximadamente una década, Europa está descubriendo que para las empresas es más importante conseguir el primer contrato que la última subvención de I+D, y haciéndose una pregunta definitiva: ¿qué pasaría si una parte del presupuesto de contratación pública se dedicara a financiar la adquisición de productos y servicios innovadores? Esta es la filosofía que inspira la Compra Pública de Innovación (CPI), que en España definimos como una “actuación administrativa orientada a potenciar el desarrollo de soluciones innovadoras desde el lado de la demanda a través del instrumento de la contratación pública”. Las cifras están de nuestro lado. La contratación pública representa en España más del 10% del PIB, un enorme volumen de recursos anual que, licitados de forma estratégica, ofrecen algo más que la mejora de los servicios públicos: nos dan la oportunidad de que nuestros ayuntamientos, hospitales y puertos sean el laboratorio de prueba para empresas que quieren validar primero, y comercializar después, sus soluciones tecnológicas.
En algunos casos —como ocurría con el cálculo de la longitud en el siglo XVI— la frontera tecnológica está todavía lejos del reto planteado y la CPI toma forma de apoyo a proyectos de I+D que las administraciones contratan para avanzar hacia una solución que podría tardar en llegar. Pensemos en las tecnologías del lenguaje, que ofrecen resultados prometedores en terrenos que van desde la gestión de historias clínicas hasta las sentencias judiciales, pero todavía necesitan un importante recorrido de I+D para llegar al mercado. Es lo que conocemos como Compra Pública Precomercial. En otros casos sabemos que la tecnología es viable —a menudo porque ha funcionado en otros ámbitos— , pero necesitamos que los proveedores la desarrollen. Es el caso de muchas innovaciones en salud digital que nuestro sistema sanitario está incorporando, a buena velocidad, para gestionar una creciente presión asistencial derivada del envejecimiento y la cronicidad. Es lo que conocemos como Compra Pública de Tecnología o de Soluciones Innovadoras.
No hablamos de algo lejano ni de un terreno en el que estemos rezagados. Al contrario, un estudio internacional que hemos elaborado desde SILO y la Universidad de Manchester muestra que España está en el pelotón de cabeza europeo. Comenzamos más tarde que países como Holanda y Reino Unido—primer compromiso de Consejo de Ministros en 2010 y reconocimiento legal en 2011 con la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación—, pero hemos avanzado deprisa. Al apoyo sostenido del Gobierno se han sumado comunidades autónomas y ayuntamientos —como Galicia, Cataluña o el ayuntamiento de Madrid— que han generado prácticas de éxito imprescindibles para vencer las reticencias a un instrumento que es complejo: porque está a mitad de camino entre la contratación y la innovación, porque supone cambiar formas de hacer muy asentadas en la Administración y porque afecta, conviene recordarlo, a un terreno sometido a un especial escrutinio: el de la contratación pública.
En este contexto, la inminente aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público supone una buena oportunidad para el impulso a la CPI. La Ley, que traspone directivas europeas de febrero del 2014,está imbuida del concepto de contratación estratégica y consagra el procedimiento de adjudicación asociación para la innovación, que permite dotar de más flexibilidad en aquellos procesos complejos de contratación en los que se comienza con una primera fase de I+D para, superada una validación técnica, contratar la obra, el bien o el servicio propiamente dicho.
El escenario en España se suma a una corriente internacional favorable. Hace una década que Bruselas nos recuerda que la brecha de inversión en innovación con Estados Unidos se explica, entre otros motivos, por su capacidad para movilizar la demanda pública. Por ello, el programa de I+D+iHorizonte 2020 está poniendo importantes incentivos para movilizar a los compradores públicos europeos hacia la innovación. El debate también está generando interés en América Latina. Nuestro informe, encargado por el Banco Interamericano de Desarrollo, pretende identificar los modelos internacionales de éxito para diseñar políticas de CPI que sean efectivas en países latinoamericanos que, en general, tienen sistemas de innovación menos sofisticados. La conclusión es que, pese las dificultades, es posible hacerlo sise plantean objetivos realistas y se acompasa el desarrollo normativo con los incentivos adecuados. Este es el camino que países como Colombia, Chile o Uruguay ya han comenzado a recorrer y que, sin duda, representa una oportunidad para empresas españolas que cuenten con credenciales en CPI y con la vocación de implicarse en actividades de I+D+i sobre el terreno. Una vez más, innovación e internacionalización caminan de la mano.
Hace más de 400 años los barcos españoles surcaban el Atlántico en una carrera comercial que fue también, en buena medida, una carrera tecnológica de éxito frente a potencias rivales. Los avances en construcción naval no se pudieron completar, sin embargo, con el cálculo de la longitud: el intento de compra pública de innovación el Rey Felipe II quedó, por desgracia, desierto. Hoy, en un momento en el que el intercambio comercial y tecnológico entre España y América es más importante que nunca, no debemos desaprovechar el nuevo espacio de colaboración que abre la contratación pública de innovación. Está en nuestras manos.
Diego Moñux es Socio Director de Science&Innovation Link Office.
Elvira Uyarra es investigadora en el Manchester Institute of Innovation Research.