La intervención de la ONU en Congo

En marzo pasado, la ONU dio un giro radical a su forma de entender las misiones de paz. Hacía un año que se había desencadenado una ola de violencia, otra más, en la región oriental de la República Democrática del Congo. La crisis humanitaria no dejaba de agravarse y la misión de las Naciones Unidas, la MONUSCO, se mostraba incapaz de proteger a la población civil. Fue entonces cuando el Consejo de Seguridad decidió crear la Brigada de Intervención con la finalidad de neutralizar y desarmar al movimiento 23 de Marzo (M23) y a otros grupos rebeldes acusados de violar el derecho internacional humanitario, de abusar de los derechos humanos y de causar un elevado número de refugiados. Esta ha sido la única ocasión en la que el jefe de una misión de la ONU ha ejercido el mando directo de una fuerza de combate.

A pesar de la unanimidad de la votación en el Consejo de Seguridad, varias naciones expresaron sus reservas a que la ONU ejecutase actividades de imposición de la paz. Según este planteamiento, la decisión compromete la imparcialidad y la neutralidad de las misiones de mantenimiento de la paz, por lo que hubieran preferido crear una unidad militar autónoma con funciones separadas de las de la MONUSCO. Por su parte, la postura liderada por Reino Unido consideraba que todos los componentes de la misión, con independencia de sus cometidos específicos, debían integrarse en un único mandato y que la actuación de la Brigada de Intervención contribuiría a dar una perspectiva más amplia a la paz y la estabilidad.

Muchos especialistas y miembros de agencias humanitarias consideran improcedente el despliegue de una fuerza militar con mandato coactivo dirigido exclusivamente contra una de las partes en conflicto. En este caso, se temía que la actuación integrada de la Brigada de Intervención con el resto de los componentes de la misión, así como la cooperación con las organizaciones no gubernamentales que operan en la zona, espoleara la resistencia popular contra todos ellos sin distinción. Si además, la Brigada era percibida como una fuerza de ocupación, se hubiera convertido en un catalizador para el reclutamiento de los grupos rebeldes y, por tanto, en un factor de desestabilización, justo lo contrario de lo que se pretendía.

En el plano operativo las dificultades no eran menores; el M23 se percibía como un movimiento popular con más de 2.000 combatientes bien armados, muy motivados y entrenados en el combate de guerrillas. Sin embargo, la Brigada de Intervención no tardó en desplegar, ocupar el terreno e iniciar los combates. El 21 de agosto lanzó una operación junto con el Ejército congoleño para desalojar al M23 de los alrededores de Goma, desde donde los rebeldes hostigaban las posiciones de la ONU y las zonas pobladas por civiles. Dos meses y medio después, la operación ha resultado ser un éxito; el martes pasado caían los últimos reductos del M23, obligando a su jefe militar, Sultani Makenga, a anunciar su renuncia a la lucha armada y el inicio de negociaciones para la desmovilización.

En cualquier caso, el conflicto requiere una solución política. En este aspecto, se temía que las operaciones contra el M23 dificultaran el desarrollo de un acuerdo de paz al colocar a la MONUSCO en contra de los grupos rebeldes y a favor del Gobierno de la República Democrática del Congo. Sin embargo, mientras todavía se desarrollaban las operaciones en los alrededores de Goma, el presidente de Uganda se vio obligado a convocar una reunión de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos en la que se demandó el cese de los enfrentamientos y la reanudación de las negociaciones de paz entre la República Democrática del Congo y el M23. Estas conversaciones tendrán que superar las graves divergencias existentes entre las posturas de la ONU, la República Democrática del Congo y el M23 en relación con el desarme y la desmovilización de los rebeldes.

En definitiva, con la nueva MONUSCO el Consejo de Seguridad ha buscado dar una respuesta excepcional a una situación excepcional. Su criterio ha sido que la estabilización del país y la protección de los derechos humanos son dos imperativos directamente relacionados, lo que justifica la existencia de la Brigada de Intervención (estabilización) bajo la misma dependencia que las unidades de mantenimiento de la paz (protección). El nuevo modelo, con más capacidades militares y un mandato más robusto, ha permitido racionalizar y coordinar los esfuerzos para neutralizar a la insurgencia y proteger a la población.

La novedosa y polémica apuesta de la ONU ha sido de momento respaldada por la contribución de la Brigada de Intervención al establecimiento de las condiciones adecuadas para la implantación de medidas diplomáticas resolutivas y para el desarrollo del resto de actividades de la MONUSCO y de las organizaciones no gubernamentales. De lo contrario, habrían tenido razón quienes consideraban que la creación de una unidad de combate en el marco de una misión de la ONU era un error conceptual que iba contra los principios del mantenimiento de la paz y que demostraría ser contraproducente.

Francisco Rubio Damián es colaborador experto del Observatorio paz, Seguridad y Defensa de la Universidad de Zaragoza.

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