La llamada telefónica que hace unas semanas le hizo el presidente Donald Trump a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto; ha sido muy comentada. Los medios informaron que durante esa conversación, Trump dijo que si las tropas mexicanas tenían miedo de enfrentar a los “bad hombres”, él mandaría tropas estadounidenses para encargarse del trabajo.
El problema del enfoque mexicano en el combate a la violencia no es el miedo —es decir, que las autoridades le teman al crimen organizado—, sino la complicidad, tal como muestra el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, sucedido en septiembre de 2014 y que sigue sin resolverse.
Las evidencias recolectadas por un equipo internacional de cinco expertos legales conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, que pasó 14 meses en México monitoreando la investigación gubernamental, demuestran varios grados de complicidad con el crimen, desde el nivel más bajo de los policías municipales acusados de haber secuestrado a los estudiantes, hasta los poderosos funcionarios del gobierno, pasando por las autoridades federales y militares. El problema de encubrir al crimen organizado, exige soluciones legales y políticas, incluyendo la cooperación transfronteriza, en lugar de acciones militares.
El 9 de febrero, la Procuraduría General de la República anunció los resultados finales de una investigación interna sobre su manejo del caso Ayotzinapa. Una revisión anterior, que nunca fue aceptada por el procurador, concluyó que la investigación presentaba muchas fallas e incluso había violado la ley. El nuevo reporte exculpa a la procuraduría y defiende su teoría original sobre el crimen, pese a que otros investigadores la han refutado contundentemente. Al conocer el informe, los familiares de los estudiantes lo denunciaron como parte de un encubrimiento.
La desaparición de los estudiantes causó un gran impacto en México y gran parte del mundo. Anteriormente, el gobierno de Peña Nieto había tomado medidas para mitigar las críticas internas y externas sobre su ineptitud en el manejo del caso al permitir que el equipo internacional llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes realizara una investigación. Ahora parece que al gobierno no le importan las críticas internacionales a su nueva línea dura, o tal vez prevé que van a disminuir.
¿O podría ser que las beligerantes amenazas de Trump han puesto al gobierno de Peña Nieto en el papel de víctima, despertando la compasión de los ciudadanos?
Aunque los niveles de aprobación de Peña Nieto se han desplomado hasta el 12 por ciento, los mexicanos, ofendidos en su orgullo patrio, han alentado a su gobierno para que desafíe al presidente estadounidense. Tal vez los gobiernos y organizaciones internacionales que anteriormente habrían querido denunciar la corrupción mexicana y la complicidad oficial en crímenes contra los ciudadanos ahora se sienten limitadas y busquen acallar las críticas, con el fin de no echar más leña al fuego de Trump.
“México está erigiendo su propio muro en contra de la verdad”, me escribió Carlos Beristáin en un correo electrónico, el mismo día en que la procuraduría se absolvió a sí misma de cualquier delito. Beristáin, un médico español e investigador sobre derechos humanos, fue uno de los expertos del grupo interdisciplinario que en marzo de 2015 comenzó a trabajar en el caso de Ayotzinapa. Recientemente publicó un recuento con información privilegiada obtenida por el grupo en el cual se narra, de la manera más clara hasta el momento, lo que sucedió la noche en que se secuestró a los 43 estudiantes en Iguala, al noroeste de Ayotzinapa, en buses que ellos habían tomado para dirigirse a una manifestación en Ciudad de México. El libro también incluye una dramática descripción de la conducta criminal por parte del investigador federal encargado del caso.
La teoría del gobierno es que los policías municipales entregaron a los estudiantes a miembros del grupo de traficantes de heroína llamado Guerreros Unidos, quienes quemaron los cuerpos de los estudiantes y se llevaron los restos en bolsas de plástico que lanzaron al río San Juan.
El 29 de octubre de 2014, Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría, junto con otros miembros de su equipo y oficiales de la marina mexicana, realizaron una búsqueda en el río y encontraron una bolsa negra de plástico, abierta sobre la orilla. Un fragmento de hueso carbonizado recolectado de esa bolsa ha dado el único resultado positivo de coincidencia con el ADN de un estudiante desaparecido, Alexander Mora Venancio, de 20 años. La investigación del gobierno se sustenta en ese fragmento de hueso.
La primavera pasada, puesto que el grupo interdisciplinario sabía que el gobierno mexicano no renovaría su contrato para permanecer en el país y por lo tanto se apuraba para terminar su informe final, a Beristáin le mostraron unas fotografías y un video tomados por tres fotoperiodistas que, usando teleobjetivos, habían tomado fotos en el río el 28 de octubre, es decir, el día anterior a la búsqueda oficial. Fotografiaron a un grupo de hombres de la procuraduría parados sobre un puente, viendo hacia una bolsa negra de plástico abierta y una bolsa blanca que se encontraban en la orilla.
Después de que esos hombres y los efectivos de la marina dejaron el lugar, Zerón llegó en helicóptero junto con un miembro de la pandilla de narcotraficantes que había sido detenido y otros dos hombres. Las fotos los muestran en la orilla, en el sitio donde al día siguiente se descubrió la bolsa negra con el fragmento de hueso. Al día siguiente, la bolsa con la prueba clave del caso se había movido 70 metros río abajo, y a la orilla contraria. El mes pasado, en Ciudad de México, Beristáin me dibujó un mapa sobre una servilleta para mostrarme lo ocurrido.
Él convocó a sus colegas del grupo para que vieran las imágenes, todas ellas datadas digitalmente el 28 de octubre. La presencia de Zerón y otros en el río nunca se integró al archivo del caso, como tampoco se registró que el jefe de la investigación oficial había llevado a un testigo detenido sin abogado defensor. El informe final del grupo, escrito en estricta jerga legal, no incluyó el relato detallado de esas imágenes que sí está en el libro de Beristáin, sino que solo señaló violaciones a los procedimientos legales por parte de Zerón. Eso le costó el cargo (Peña Nieto lo transfirió a un nuevo puesto) y dio pie a la primera revisión interna en la procuraduría. En su nuevo informe, las autoridades desestiman las acciones de Zerón, presentándolas como meras “infracciones administrativas”.
Uno de los descubrimientos cruciales del grupo interdisciplinario fue que los estudiantes no tomaron cuatro autobuses, como había sostenido el gobierno, sino cinco. En 2014, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a una célula de Guerreros Unidos en Chicago de transportar heroína desde Guerrero en autobuses comerciales. ¿Habían tomado tontamente un bus acondicionado para transportar la heroína? Eso podría explicar por qué los estudiantes fueron víctimas de tanta violencia. La Fiscal General de Estados Unidos en ese entonces, Loretta E. Lynch ofreció compartir información sobre el caso de tráfico de heroína de Chicago, pero la procuraduría mandó sus preguntas varios meses después, cuando la estancia del grupo en México se agotaba.
El ofrecimiento de Lynch es un ejemplo de la colaboración binacional requerida para combatir esos crímenes transnacionales. ¿Será que el nuevo Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions renovará el ofrecimiento de Lynch, o que presionará para que se descubra la verdad del caso Ayotzinapa y para que se realicen las urgentes reformas judiciales que Estados Unidos ha estado ayudando a financiar? ¿O será que el muro que ya se ha edificado entre los dos gobiernos estará al servicio, por lo menos de ciertas maneras, de intereses en ambos lados?
Francisco Goldman, periodista y novelista, es autor de El Circuito Interior: Crónica de la Ciudad de México.