A semana pasada fue decisiva para cerrar el Acuerdo de Salida del Reino Unido de la Unión Europea, el llamado Withdrawal Agreement, así como la declaración política sobre la Relación Futura entre ambos. La ambigüedad del artículo 184 del acuerdo no despejaba dudas de que en un futuro los acuerdos que afectaran a Gibraltar tenían que tener el visto bueno previo de Madrid y Londres, como sí habían establecido las directrices del Consejo ratificadas por todos los Estados miembros el 29 de abril de 2017, negociadas con gran acierto por el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. El texto acordado por el Gobierno del PP reconocía que ningún acuerdo podría aplicarse a Gibraltar sin el consentimiento de España, una vez el Reino Unido hubiera abandonado la Unión. Un éxito político y diplomático.
Tras la complacencia inicial y la insistencia en que todo iba bien para España en el borrador del Acuerdo publicado el 14 de noviembre, negociado ya con Pedro Sánchez en La Moncloa, el Gobierno, alertado por la oposición liderada por Pablo Casado, que sí estaba haciendo su trabajo, comprendió la falta de claridad del artículo, que metía en el mismo saco Gibraltar y el Reino Unido a la hora de negociar futuros acuerdos.
Sin embargo, en vez de ponerse a trabajar y reunirse en Bruselas al más alto nivel con el presidente de la Comisión Europea, el presidente del Consejo Europeo y el negociador jefe del Brexit, algo que sí hizo la primera ministra británica -que viajó a la capital comunitaria hasta dos veces la semana pasada antes del consejo extraordinario del 25 de noviembre-, el presidente español consideró más importante desplazarse a Cuba para rendir pleitesía al dictador heredero de dictadores, Miguel Díaz-Canel.
Pedro Sánchez no estuvo donde tenía que estar, defendiendo los intereses de todos los españoles y amparando una reclamación histórica y legítima: el poder de decisión de España sobre Gibraltar. Se trataba de un momento histórico y de un texto clave para las relaciones de la UE, España y Gibraltar que se dirimiría en pocos días.
En un acto más de irresponsabilidad y falta de respeto por los españoles, el presidente antepuso verse con un dictador que ha incrementado las represiones, los abusos y la falta de libertades al pueblo cubano. Sólo en octubre de este año, doscientas personas han sufrido detenciones arbitrarias por denunciar la situación de los derechos humanos en la isla.
En este contexto, y ante la magnitud de lo que se estaba negociando en Bruselas, la lógica nos induce a pensar que si el mandatario español consideraba más importante ir a Cuba, es porque su visita supondría un punto de inflexión en la isla para los que sufren las tropelías del régimen. Lejos de esto, Pedro Sánchez despreció a los más débiles. No se reunió con la oposición perseguida, algo que, sí hizo, por ejemplo, el presidente estadounidense Barack Obama cuando visitó la isla en 2016. Ni la reciente resolución del Parlamento Europeo, en la que se denuncia la grave situación de los Derechos Humanos en Cuba, desistió al presidente de su viaje, ni le alentó, por decoro democrático, a verse con los que sufren el trasnochado régimen comunista. Una vez más, Pedro Sánchez estuvo en el sitio y momento equivocado, esquivando las responsabilidades derivadas de su cargo.
¿Y qué hacía el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en Cuba y no en Bruselas? O el Gobierno conocía previamente este mal resultado y nos habría tratado de engañar o bien ha sido incapaz de defender a España en un momento clave. Solo quedan estas dos alternativas ante el circo exhibido que ha derivado en malestar de dirigentes europeos al hacer peligrar, a última hora, por incapacidad o insolvencia, un acuerdo fundamental para la UE.
El resultado es que, a pesar de la victoria que nos ha intentado vender Pedro Sánchez, el Acuerdo del Tratado del Brexit no ha variado ni una sola coma. El presidente Sánchez, haciendo gala de sus bonitas palabras y estudiados gestos amables, nos ha contado triunfalista una victoria inexistente en una negociación de la que ha estado ausente. Pero lo que ha obtenido Pedro Sánchez de la Comisión Europea, el Consejo y el Reino Unido es una declaración de intenciones de dudoso valor jurídico.
Este Gobierno, digno heredero del de Zapatero, nos aleja de nuevo del núcleo de decisiones en la UE. Una vez más priorizamos nuestras relaciones con regímenes izquierdistas antidemocráticos a poner a España en el centro de las relaciones europeas. Desgraciadamente no es la primera vez que ocurre algo así -hablemos de economía, por ejemplo- y me temo, muy a mi pesar, por el bien de España, que no será la última.
Antonio López-Istúriz White es Secretario General del Partido Popular Europeo y Eurodiputado.