Recientemente he tenido el privilegio de dirigir un Curso de Verano de la UIMP sobre la España despoblada, lo que me ha permitido ponerme al día sobre las distintas dimensiones del problema. El curso contó con la participación del ministro Castells en el acto de clausura, quien mostró sensibilidad ante el tema y propuso diversas iniciativas en su área de competencia. Supongo que no hace falta señalar la relevancia de este asunto en la agenda pública nacional.
Como viene siendo habitual en nuestro hiperbólico y crispado debate público, el debate sobre la España despoblada se alimenta de una mezcla de buenas intenciones y de oportunismo, pero se alimenta sobre todo de mitos: primero fue el mito de la España vacía, propio de viajeros apresurados, con poca conciencia de la gran cantidad de población flotante o vinculada que se mueve entre el medio rural y el urbano. A continuación, floreció el mito de la España abandonada, como si las instituciones no hubieran hecho nada en cuarenta años por mejorar la vida en los pueblos, mejora sin precedentes que ningún experto pone en cuestión. Y, por último, llegamos al mito de la España poco y mal representada, olvidando que nuestro sistema electoral lo creó la UCD precisamente para todo lo contrario, y que las legislaciones electorales autonómicas han seguido la misma pauta: un voto rural siempre vale más, en términos de representación, que uno urbano.
Con estos antecedentes, no es fácil aventurarse en la discusión. Comenzaré por lo más fácil: en su intento de argumentar que la España vaciada es víctima de la mala representación que los partidos hacen de ella, algunos han llegado a sugerir que los habitantes rurales votan poco menos que en contra de sus intereses. La verdad es que los votantes rurales no solo votan en mayor proporción, sino que, desde un punto de vista racional, juegan con ventaja. Esto no se debe a que sean más inteligentes, sino a que, como ya predijo en su día el eminente Mancur Olson, se aprovechan del efecto del tamaño del hábitat, lo que les proporciona una doble ventaja: a la hora de votar, el mayor control social existente en los pequeños núcleos de población les permite controlar mejor a los gorrones que se abstienen sabiendo que los resultados de las políticas públicas que se apliquen les beneficiarán en cualquier caso. Y a la hora de elegir partido, el reducido tamaño de los pueblos les permite establecer una relación con los representantes que no está al alcance de los urbanitas. De ahí la preferencia de los votantes rurales por partidos con trayectoria acreditada de gobierno, lo que les ha permitido establecer vínculos estables de intercambio con ellos. No es un secreto que las mayorías del PP en Galicia o las del PSOE en Andalucía se han conseguido por esta vía. Como tampoco es un secreto que las diputaciones y los alcaldes rurales juegan un papel crucial en este entramado de intereses.
Algunos pensarán que esta forma de funcionar tampoco es tan distinta del caciquismo de la Restauración, como pueden pensar también que los días de vino y rosas de ese nuevo caciquismo están contados, ahora que la España despoblada amenaza con movilizar un nuevo sujeto político capaz de convertir el Congreso de los Diputados en la cámara territorial que el Senado no ha querido ser. Pero las cosas no son tan fáciles: la competencia por el voto rural se ha agudizado, tal como adelanté en un artículo anterior (Vox y la España despoblada, EM, 4/03/2021). Según argumenté entonces, la penetración de Vox en el medio rural se enfrenta a un inconveniente y a una ventaja de carácter sociodemográfico: el inconveniente es el envejecimiento de los pueblos, dada la desconfianza de los mayores en los nuevos partidos; la ventaja radica en la masculinización de los pueblos (tres de cada cuatro votantes rurales de Vox son varones). A partir de ese dato (y del consabido rechazo a la ideología de género), Vox ha hecho bandera de los toros, la caza, los encierros..., asuntos todos de enconada controversia en la España despoblada, y, por si faltaba algo, ¡vuelve el lobo!
Dada la extensión de la red asociativa que se ha ido creando en los últimos años en torno a la problemática del despoblamiento y la intensidad de los agravios que se acumulan en torno al Estado de las Autonomías (sirva de ejemplo la reivindicación leonesista en Castilla y León), hay quien ha empezado a hacer cuentas sobre el tamaño del grupo parlamentario que con toda probabilidad se va a constituir en la próxima legislatura y, como en todo, las cuentas arrojan ganadores y perdedores. Entre estos últimos, el PSOE tiene todas las papeletas para entrar en pérdidas si tomamos como referencia las pasadas elecciones de 2019. Otra cosa es si tomamos como referencia la correlación de fuerzas en el momento actual. Para ello he acudido a los barómetros del CIS realizados con posterioridad a las elecciones madrileñas del 4-M, por cuanto han supuesto un punto de inflexión en la dinámica electoral. En este punto, uno de los problemas que nos encontramos con los estudios del CIS es que los votantes de Vox rehúsan colaborar con el CIS de Tezanos, lo que hace que estén infraestimados en la muestra. Pero si corregimos este sesgo estadístico por el procedimiento habitual (ponderación por recuerdo de voto), nos encontramos con que Vox ya es segundo partido en intención de voto en la España despoblada, por detrás del PP. En otras palabras, si tomamos como referencia las pasadas elecciones, el principal perjudicado de una eventual plataforma electoral en defensa de la España despoblada sería el PSOE, pero si tomamos como referencia la intención de voto expresada durante el pasado verano el principal perjudicado será Vox, lo que asegura una batalla encarnizada por el voto del señor Cayo.
Llegados a este punto, se abre la puja electoral con dos escenarios preferentes: en el primero de ellos, el PSOE tratará de hacer valer sus 130 medidas frente al reto demográfico y su gestión de los fondos europeos (a día de hoy, hay 10.000 millones comprometidos). En el segundo, Vox se prepara para la batalla cultural que puede decidir cientos de alcaldías en la primavera de 2023. Su campaña puede tener distintos ingredientes según los casos, con dosis variables de rechazo a la inmigración (ahora que el ministro Escrivá confía en su capacidad repobladora), de defensa de la caza y los ganaderos (ahora que la ministra Ribera se ha puesto del lado del lobo), pero con una banda sonora fácilmente reconocible: el medio rural como reserva moral de la nación.
Queda por saber qué va a plantear la nueva plataforma electoral: en principio, es previsible que siga los pasos de Teruel Existe y que se concentre en la demanda de infraestructuras, que son fáciles de visualizar. Puede que esto ayude a reconducir el problema del despoblamiento pero conviene recordar que se trata de un problema con muchas dimensiones que se resiste a soluciones fáciles. Ni siquiera la diversificación económica y la creación de empleo son condiciones suficientes para revertir la demografía. De hecho, los empresarios rurales que tuve la oportunidad de escuchar en el citado Curso de Verano se quejan de que no consiguen cubrir las ofertas de empleo que presentan. El problema es también cultural, pero los que dan la batalla en ese terreno tampoco aciertan con la tecla.
En estas condiciones, añadir un factor adicional de fragmentación política no hace sino agravar la inoperancia de la política española desde 2015 y sumar un punto de tensión al ya de por sí tensionado Estado de las Autonomías. La alternativa sería hacer del reto demográfico y la cohesión territorial una política de Estado, pero dada la polarización de nuestros dirigentes esto no pasa de ser un brindis al sol. Así que solo nos queda esperar a ver qué cara nos enseña la España despoblada: si la de Joaquín Costa o la del hípster de La Cañada.
Juan Jesús González es catedrático de Sociología de la UNED y editor de Cambio social en la España del Siglo XXI (Alianza editorial, 2020).