A no ser que finalmente el Partido Popular acabe rectificando, en los próximos meses vamos a asistir a una reforma electoral de un calado tremendo. La elección directa de alcaldes no solo supone un cambio en las reglas del juego cuando está a punto de sonar la campana, sino que además transforma la idea de democracia que venimos ejerciendo en el ámbito local. Hasta la fecha, en nuestros ayuntamientos primaba la idea de representación. Dado el sistema electoral utilizado (circunscripción única en el espacio municipal con reparto de concejales usando la fórmula d'Hondt), se pretendía que el pleno de un municipio fuese un fiel reflejo de las opiniones de sus vecinos. Incluso en los pueblos con menos de 100 habitantes se viene empleando la fórmula de concejo abierto, donde la ciudadanía se reúne en asamblea para tomar decisiones. Por lo tanto, en nuestra democracia local se pone especial énfasis en la representatividad de las instituciones municipales.
La elección directa de alcaldes es un cambio significativo respecto a esta idea de democracia. La propuesta del PP pretende poner el acento en otro aspecto relevante de los sistemas electorales: facilitar la gobernabilidad. Posibilitar que una mayoría inferior al 50% se haga con todo el poder municipal supone sacrificar parte de la representación en benificio de la estabilidad. No obstante, esto no significa que los sistemas electorales mayoritarios, que es el modelo que quiere instaurar el PP, sean menos democráticos, sino que implican una idea de la democracia distinta, que atiende a principios y objetivos diferentes de los modelos más proporcionales.
Ante este debate, la izquierda española se enfrenta a dos dilemas. El primero de ellos tiene que ver con las preferencias de su base electoral, especialmente los más próximos al movimiento de los indignados. Los análisis empíricos que se han hecho sobre el 15-M muestran que casi el 80% de sus integrantes se situaba en la izquierda. No obstante, este movimiento ha gozado de amplias simpatías entre el conjunto de la población, especialmente la progresista: el 80% de los que se definían de izquierdas en las encuestas del CIS admitieron que el 15-M les generaba simpatía. Pero no solo eso: los datos de Metroscopia (2011) también revelaron que casi el 80% de los españoles creía que los indignados tenían razón en sus reclamaciones. ¿Y qué es lo que ha gritado el 15-M y sus posteriores manifestaciones durante mucho tiempo? No nos representan.
Es decir, una parte importante de la izquierda viene reclamando una democracia más representativa y participativa. De hecho, muchas de las propuestas ciudadanas que presentaron los movimientos vinculados al 15-M pretendían aumentar la proporcionalidad de nuestro sistema electoral con el fin de ganar en representación. Nadie se manifestó pidiendo más estabilidad. Es por ello que la izquierda va a tener muy difícil llegar a cualquier pacto o entablar negociaciones sobre esta propuesta con el Partido Popular. Significaría enfrentarse a una parte relevante de sus votantes. Dicho en otras palabras, el consenso entre las principales corrientes ideológicas es casi imposible.
No obstante, no es descartable que el PP decida aprobar de forma unilateral esta reforma. De ser así, la izquierda se enfrentará a su segundo dilema, esta vez más práctico. Las formaciones progresistas pueden tener la tentación de crear coaliciones preelectorales imitando los frentes populares. El caso español revela que los acuerdos de coalición antes de unas elecciones suelen ser un mal negocio, especialmente para la izquierda. En 1979, PSOE y PSP decidieron unir sus fuerzas y obtuvieron 5.469.813 votos (el 30,4% del electorado). Dos años antes, en 1977, cuando concurrieron por separado, el PSOE logró prácticamente el mismo resultado en solitario y sin la ayuda del PSP. Algo similar ocurrió con la unión del Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra: en 1990, cuando fueron por última vez por separado a las elecciones autonómicas, obtuvieron 202.736 y 79.105 votos respectivamente. En 1994 decidieron unir su fuerza electoral y el resultado en las elecciones autonómicas fue de 174.682 votos, menos apoyos de los que obtuvo el PSE por separado cuatro años antes.
¿Por qué pueden fracasar las coaliciones preelectorales? Si la unión de dos partidos no se traduce automáticamente en la suma de sus potenciales votantes es porque junto a las lealtades ideológicas, también importan las lealtades partidistas. Una parte relevante del electorado no está dispuesta a votar cualquier sigla aunque se encuentre en su mismo espacio ideológico. Este comportamiento se explica por diferentes razones que van desde odios históricos hasta debates sobre quién representa realmente las esencias de una ideología.
En definitiva, ante la propuesta de elección directa de los alcaldes, la izquierda se encuentra en una encrucijada difícil. Por un lado, es prácticamente imposible cualquier negociación. Parte de sus bases vienen reclamando reformas políticas que establezcan una democracia más representativa, justamente lo contrario que pretende la reforma del PP. Por otro lado, si se aprobara, corren el riesgo de que la mayoría social de izquierdas que hay ahora mismo en España, tal y como revelaron las elecciones europeas, no acabe materializándose en poder municipal en mayo de 2015. Las coaliciones preelectorales no parecen una solución óptima. La única esperanza de la izquierda es que suceda lo que ocurre en ocasiones cuando un partido decide cambiar las reglas del juego de forma ventajista: que se vuelvan en su contra. Si el oportunismo del PP acaba siendo muy evidente, quizás los odios históricos y los debates sobre la pureza ideológica queden en un lugar secundario, aumentando el voto útil. El único problema, y no es nada menor, es que nunca la izquierda había estado tan fragmentada en España.
Ignacio Urquizu es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y colaborador de la Fundación Alternativas.