Por Gregorio Peces-Barba Martínez, catedrático de Filosofía del Derecho y rector de la Universidad Carlos III de Madrid (EL PAIS, 16/01/04):
En la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la Constitución de 1978 debe resaltarse su dimensión de consenso, su carácter integrador como obra conjunta de la inmensa mayoría del pueblo español que la apoya y de los partidos que le representan. Es evidente este perfil de la celebración jubilar, que por primera vez en nuestra historia constitucional permite la existencia de una Constitución de todos y no de medio país contra el otro medio. Pero el cuidado por evitar visiones parciales o por pretender beneficios partidistas no puede ser una barrera para que no se estudien los orígenes ni las influencias recibidas para la elaboración de nuestra Carta Magna.
Reflexionar sobre la izquierda y la Constitución, y en especial sobre la aportación del PSOE, es presentar varios perfiles diferentes, todos ellos conducentes al éxito del texto constitucional. En algunos casos han sido las renuncias, lo que aceptamos excluir, lo que facilitó el acuerdo; en otros fueron las aportaciones que ayudaron a identificar la democracia o que impidieron concreciones más confusas y más débiles; por fin fueron las directas que impulsaron valores e instituciones de igualdad y solidaridad propios de lo que Fernando de los Ríos llamaba el constitucionalismo social. Por eso y gracias a eso se define a nuestro Estado como social y democrático de derecho en el artículo 1-1, en el frontispicio que abre las normas de la Constitución.
No parece fuera de lugar en este contexto afirmar que el Partido Socialista es el único de los existentes en nuestro país que ha mantenido constantemente, desde el principio, su apoyo a la totalidad de nuestra Ley Fundamental. Alianza Popular, después Partido Popular, vio en el proceso constituyente cómo alguno de sus parlamentarios votó contra el texto en la votación de totalidad, aunque Fraga hizo un gran esfuerzo para incorporar a la lealtad a sectores importantes de población procedentes del franquismo. No se puede olvidar tampoco la actitud contraria a la Constitución en aquellos tiempos iniciales del presidente del Gobierno, señor Aznar. Los nacionalistas vascos se negaron a apoyar la Constitución, aunque consumaron el primer doblez de estos años al apoyar el Estatuto de Gernika, fingiendo que era una gran conquista y como si no derivase de la Constitución, cuando cualquier estudiante de primero de Derecho sabe que sólo la Constitución legitima a cualquier norma inferior y que depende de la misma. Así se inició el camino de las falacias que el PNV ha ido construyendo, beneficiándose del poder que traía causa de los dos textos que ahora pretende enterrar con el llamado Estatuto político de Euskadi. Reclamar diálogo después de consumar esa deslealtad a un sistema constitucional y estatutario del que se ha aprovechado sería su nueva falacia, y no desgraciadamente la última que preparan.
Los nacionalistas catalanes, sobre todo con la figura integradora y razonable de Miquel Roca, han sido esencialmente leales a todo el proceso, aunque a veces han apuntado, sobre todo en periodos electorales, propuestas que podían desbordar el marco constitucional, y en algún caso con perfiles esperpénticos, como la reciente propuesta del candidato señor Mas de que las selecciones catalanas actuasen deportivamente bajo la bandera de Andorra. Después de las elecciones catalanas parece evidente la posibilidad de una reforma del Estatuto. Nada se debe temer de esa reforma si se mantiene en el marco de la Constitución y si cierra ya el proceso autonómico en Cataluña. En todo caso es necesario recordar que todos renunciamos a mucho para alcanzar el acuerdo constituyente, y que el exceso en las peticiones puede ser contraproducente si no se alcanza un consenso.
En cuanto a los comunistas, con Santiago Carrillo, hicieron un formidable esfuerzo para contribuir al consenso constitucional y fueron por ello artífices principales del éxito de la Constitución. Con Anguita las cosas cambiaron y combinó un republicanismo que suponía un desacuerdo con la Constitución con la pinza de las dos orillas con el PP, para marginar al Partido Socialista. Finalmente, el apoyo de Izquierda Unida en el País Vasco a la tramitación del proyecto Ibarretxe difícilmente se puede considerar como un mantenimiento del apoyo a nuestra Constitución.
Con este panorama que acabamos de describir es evidente la estabilidad y la continuidad del apoyo del Partido Socialista a la Constitución como una situación singular en la que no se encuentra ningún otro partido político de nuestro país.
El primer nivel del apoyo socialista para hacer viable el desarrollo del proyecto fueron una serie de renuncias de principios y valores muy queridos para nosotros y que formaban parte inseparable de nuestro programa político histórico. Entre esas renuncias se pueden señalar la República, la escuela única y laica, la aconfesionalidad plena del Estado y la renuncia a la guerra preventiva o de agresión. En muchas de estas renuncias estuvimos junto a los comunistas. En algunas mantuvimos un voto particular, como en el caso de la República, excelentemente defendido por Luis Gómez Llorente, y abandonamos el tema cuando perdimos la votación en la Comisión Constitucional. La actitud de los socialistas desde entonces, y en especial durante los años de gobierno, en las relaciones con la Corona son expresión cabal de la lealtad plena y del respeto a la Constitución. Quizá en el tema del Estado laico cometimos el error de considerar poco relevante la mención a la Iglesia católica en el artículo 16-3 de la Constitución. Sin embargo, ha sido un trampolín para que la jerarquía haya intentado desde entonces una vuelta al confesionalismo.
El segundo nivel relevante se refiere a las aportaciones para favorecer la profundización de la democracia. Así se evitaron para nuestra decisiva y enérgica acción soluciones que debilitaban ese escenario de plenitud democrática, como cuando rechazamos que hubiera varias leyes constitucionales de organización de los poderes y no una única Constitución, o como cuando rechazamos que los derechos humanos se protegiesen desde los textos internacionales. Ambas propuestas, procedentes de los ponentes de UCD, evitaban la parte dogmática y la inclusión de valores y derechos, seguramente por temor a debates teóricos de principio. En todo caso, la aceptación de esas propuestas hubiera supuesto un evidente empobrecimiento democrático.
Entre las dimensiones positivas para potenciar los elementos de democracia en el texto constitucional está la redacción del artículo 1-1, que deriva de una propuesta de nuestro grupo; los artículos 6 y 7, sobre reconocimiento constitucional de partidos y sindicatos; el artículo 9-1, considerado por muchos como la norma fundamental kelseniana que establece que ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; el capítulo 2º del Título I, con una definición progresista de los derechos y con una garantía eficaz de los mismos, con el valor añadido del recurso de amparo, y con la inclusión del derecho a la educación entre los derechos recurribles y más protegidos.
A todo lo anterior podemos añadir como aportación socialista para aumentar el perfil democrático del texto el control riguroso de los Decretos Leyes del artículo 86, frente al precedente de gran permisividad del franquismo: la figura del Defensor del Pueblo, impulsada en su desarrollo por una proposición de ley orgánica del grupo parlamentario socialista; la independencia del Ejecutivo del gobierno de los jueces, y la organización de las autonomías como federalismo funcional, que impide prerrogativas de superioridad de unas comunidades sobre otras.
Todos estos elementos deben su incorporación al impulso socialista en los diversos momentos del proceso constituyente. Otros incorporaron normas progresistas con significados contenidos de igualdad y de solidaridad. Entre éstos especialmente debo situar el artículo 9-2, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones y a remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas y a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural. Es una norma clave de lo que Bobbio llama la función promocional del Derecho, que permite, sin modificar la Constitución, disponer medidas igualadoras como las que afectan al sufragio pasivo, con la participación de las mujeres como elegibles en listas electorales de cualquier tipo. Inmediatamente se puede señalar el puesto del derecho a la educación entre los derechos protegidos por la necesidad de ley orgánica y por la garantía del recurso de amparo, lo que es novedoso en los derechos económicos, sociales y culturales. No se debe olvidar tampoco nuestra gran influencia en los principios rectores de la política social y económica, que representan una buena vía de acceso y de profundización del Estado social. Finalmente es también decisiva la aportación al Título VII, que institucionaliza el Estado social, y que es quizá el menos desarrollado y aplicado de toda la Constitución. Es verdad que se puede entender que está a contracorriente de las líneas de política económica imperantes en nuestro país y en la Unión Europea. Sin embargo, normas como la que establece la subordinación de toda la riqueza del país al interés general o el reconocimiento de la iniciativa pública en la actividad económica pueden suministrar criterios horizontales de interpretación en muchos sectores de la regulación de la actividad económica y también ofrecer cauces para afrontar problemas difíciles como las del urbanismo o de la vivienda. También el artículo 29 sobre la regulación legal de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos que afecten a la calidad de vida y al bienestar general ofrece unas posibilidades poco exploradas para favorecer la profundización democrática.
Ante manipulaciones escandalosas y falacias sobre el apoyo a la Constitución y sobre el protagonismo constitucional conviene recordar los hechos. Estos que anteceden son indiscutibles y sagrados, como decían los padres fundadores de la democracia americana, aunque las opiniones ante ellos son libres. Cuantos más se unan en este veinticinco aniversario al homenaje y al apoyo a la Constitución mejor será para los ciudadanos y para todos los que viven entre nosotros. No hay que tener miedo a reformar la Constitución cuando aparezca como necesario y haya un acuerdo para ello, pero tampoco debemos manosearla continuamente ni abrir sin justificación el proceso de reformas. Hay que preservar y defender a la Constitución frente a los inmovilistas y frente a los reformadores permanentes, que juegan frívolamente el cambio continuo. Unos y otros deben tener sentido de la responsabilidad y mantener viva, con cambios, o con rechazos de cambios que dividan más que integren, a una Carta Magna que ha conseguido uno de los más largos periodos de convivencia de nuestra historia entre los ciudadanos y los territorios de nuestra España plural, y a la que los socialistas hemos dado lo mejor de nosotros.
De todas formas, esta especial responsabilidad del Partido Socialista con la Constitución, que se continúa hoy con un talante abierto e integrador, sí que puede significar el cauce correcto para evitar que las tesis exclusivistas y de interpretación unilateral que impulsa el Partido Popular distancien a grupos nacionalistas que hasta ahora habían aceptado el sistema, y que se propongan distanciamientos que expresan enfriamiento del originario apoyo de esos grupos, sobre todo en Cataluña, a la Constitución. Cualquier esperanza de evitar el conflicto con quienes han ido más lejos, como los nacionalistas vascos con el poco tolerable Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, desaparece si la confrontación prospera y no se tienden cabos para el diálogo. Sólo los socialistas pueden evitar el conflicto respetando siempre los valores, los principios, los derechos y las reglas del juego. Su defensa constante de la Constitución impide las dudas sobre su patriotismo constitucional, y su antidogmatismo y tolerancia positiva pueden ayudar a reconsiderar ciertos caminos sin retorno en el País Vasco y a evitar que se produzcan en Cataluña. El impulso decidido a esta política de José Luis Rodríguez Zapatero y de todos los socialistas son la continuidad de esa línea constante de apoyo a la Constitución, sin exclusión alguna, que ha practicado siempre el Partido Socialista Obrero Español.