La judicatura frente a farsas políticas

Tenemos una judicatura de la que podemos sentirnos orgullosos, pese a la ausencia de inversión en justicia y pese a los ataques políticos y presiones a los que nos vemos expuestos. Los jueces/as de este país preservan los derechos de los ciudadanos con absoluta independencia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y con una vocación innegable de servicio público. Pero también es cierto que, junto a esa inmensa mayoría de jueces vocacionales, los hay también en reducido número dispuestos a promover mecanismos de padrinazgo político y cadenas de favores dentro de la carrera judicial como forma de ascenso profesional.

En 1980, nuestro país gozaba de un Consejo General del Poder Judicial en el que los 12 vocales judiciales se elegían por los jueces y los ocho juristas de reconocida competencia, por las Cortes. Dicho sistema duró hasta que el Gobierno de Felipe González impulsó una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de forma que los 20 vocales pasarían a ser elegidos por las Cortes Generales. La célebre frase de Alfonso Guerra, «Montesquieu ha muerto», resume el objetivo de la reforma. La sentencia del TC 108/86 resolvió un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el diputado José María Ruiz Gallardón estableciendo que, si bien la elección parlamentaria no era inconstitucional, el sistema más adecuado para garantizar la independencia del CGPJ era la elección por jueces y magistrados y que la elección parlamentaria corría el riesgo de convertirse en partidista, alejada del espíritu constitucional.

El PP llevó en su programa electoral para los comicios de 2011 la promesa de volver al sistema de 1980. Ganó con mayoría absoluta y el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, en la jura de su cargo, se comprometió a dar cumplimiento al referido punto del programa electoral. Incluso se conformó una comisión institucional supuestamente con ese objetivo. Tras el caso Dívar, suscitado a partir de una serie de cargos de dudosa justificación efectuados al CGPJ por el presidente del Tribunal Supremo en diversas estancias en hoteles de Marbella, el Gobierno de Rajoy trató de presionar a los vocales judiciales de la Asociación Profesional de la Magistratura para que mantuviesen como presidente a Carlos Dívar. Éstos se negaron y Moncloa, como represalia, decidió dar un giro copernicano, traicionando el pacto de legislatura con la ciudadanía.

Antes de la renovación del CGPJ, y tras la dimisión de Dívar, se eligió a Moliner Tamborero como presidente del CGPJ. Tras frustrar el vocal Antonio Dorado, siguiendo de forma servil las instrucciones de Gallardón, la mayoría necesaria para la elección del magistrado Ferrándiz Gabriel, de la APM, como presidente del Supremo. Posteriormente, Gallardón, incumpliendo la promesa electoral, presentó un texto de reforma de LOPJ y configuró una elección del CGPJ netamente política, en abierta contradicción con las exigencias de GRECO. La renovación del CGPJ consistió en una elección parlamentaria que nunca existió. Los diputados y senadores ni siquiera tuvieron ocasión de examinar a los candidatos al CGPJ; se limitaron a ratificar el reparto partidista precocinado.

Tras la traición del Gobierno de Rajoy a su propio programa electoral, se desconocen oficialmente los trabajos de aquella comisión, si se elaboró o no algún texto articulado o si alguno de sus miembros trabajó en la sombra para rediseñar las reglas de un juego del que ellos asegurarían rotundos éxitos profesionales y que fuese acorde con el nuevo giro gubernamental. Lo que sí se conoce son los casuales réditos personales obtenidos por alguno de sus miembros. Vives de la Cortada fue secretario general del CGPJ, Antonio Dorado alcanzó la secretaría general de la administración de justicia, Carlos Lesmes la presidencia del Supremo y del CGPJ, Juan Damián Moreno fue propuesto por Gallardón el 2 de diciembre de 2013 para cubrir una de las tres vacantes que corresponden a España para formar parte como juez ad hoc en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Álvarez-Buylla Ballesteros fue nombrado suplente por el Partido Popular en la lista de candidatos a vocal del CGPJ correspondiente al Senado.

Capítulo aparte por el notorio nepotismo que significaron sus nombramientos fue el caso de Luis María Díez Picazo y Fernando Román. Ambos con una amistad íntima con el presidente del CGPJ, el primero obteniendo la Presidencia de la Sala III tras la no renovación de Sieira con episodios como la nefasta gestión de la deliberación sobre el sujeto pasivo del IAJD que ocasionó un gran desprestigio a la imagen del TS. El segundo encarnando el pasteleo por antonomasia en el acceso a cargos de libre designación.

Román, como secretario general de Justicia con Gallardón, codiseñó el sistema de elección política del CGPJ que auparía a Lesmes a la Presidencia. Contribuyó de manera decisiva a la configuración de un órgano con marcado carácter presidencialista. Una vez reingresado en la carrera judicial, su amigo aupado a la Presidencia del CGPJ tendría ocasión de devolverle el favor en el juego, promoviendo su entrada en el Supremo. Las ficciones sobre abstenciones presidenciales no ocultan el desarrollo del juego tras las cortinas de Marqués de la Ensenada.

El CGPJ no motiva suficientemente los nombramientos de altos cargos judiciales mediante la comparación de méritos de los candidatos concurrentes, ni existe un criterio objetivo invariable en cuanto la determinación de los requisitos que los candidatos debían tener para concurrir a cada plaza. Incluso se hizo por concretos miembros del CGPJ (cercanos al presidente Lesmes) un uso espurio de las potestades disciplinarias y de las facultades de inspección para tratar de acallar voces críticas, que supuso un notorio ridículo para la institución.

Recientemente se reformó el artículo 326 de la LOPJ, estableciendo que los concursos para altos cargos de la judicatura se resolverían a partir de unas bases aprobadas por el CGPJ. La reforma y las sucesivas bases que pretendían aparentar una supuesta mayor transparencia no han dejado de ser un mero maquillaje para que todo siga igual. Siguen los pactos e intercambios de cromos, la falta de motivación y las cadenas de favores y nepotismo que se producen en determinados nombramientos, como el reciente de Esperanza Córdoba Castroverde como magistrada del TS, con un currículum inferior a otros candidatos pero con el mérito cualificado de amistad con el presidente Lesmes.

La exministra Dolores Delgado persistió en una nueva farsa política frustrada por el vergonzante y falaz whatshapp del senador Cosidó que reflejaba las intenciones perseguidas con la farsa política de elección del CGPJ. El trepismo de la ex ministra Delgado fue recompensado de manera escandalosa con su nombramiento como fiscal general del Estado.

El último movimiento de este juego político, que repugna a la inmensa mayoría de la judicatura, ha correspondido al actual presidente Lesmes, quien, para facilitar el informe del CGPJ sobre el nombramiento de Delgado, eliminó la valoración del CGPJ sobre el requisito de idoneidad y paralizó los nombramientos a gusto del nuevo ministro de Justicia Campos, para presionar con una renovación del CGPJ mediante una nueva farsa política con mayoría progresista. En su horizonte está que el Gobierno le devuelva el favor apoyando a Lesmes para alcanzar el Tribunal Constitucional.

En este juego de componendas, que rechaza la carrera judicial, frente a un Gobierno y un ministro de Justicia sin principios en abierta guerra contra la independencia judicial, dispuestos a reeditar repartos políticos, debemos mostrarnos firmes negándonos a participar en cualquier nueva farsa política de elección del CGPJ. No podemos legitimar el sistema con nuestra participación. Debemos defender nuestro Estado de derecho y la independencia de nuestro órgano de gobierno con firmeza sin silencios ni miedo a represalias disciplinarias, con una creciente confianza en los ideales y principios, nos cueste lo que nos cueste. Debemos vencer en una espiral de idealismo imperturbable e inagotable.

Manuel Ruiz de Lara es magistrado Juzgado Mercantil 11 de Madrid y portavoz nacional de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.

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