La justicia con Gallardón

Durante mi etapa de presidente del Congreso tuve siempre una buena relación con José María Ruiz-Gallardón, el hombre de confianza de Fraga en temas de Derecho y de Justicia. Era competente y colaborador. Muchas veces nos encontrábamos a última hora de la tarde al salir del Congreso. Siempre cuando coincidíamos teníamos un agradable intercambio de palabras y a veces más que eso. Un día le dije medio en broma, medio en serio: “Con lo conservador que eres, cómo te dejas explotar por Fraga”. Me contestó eludiendo la respuesta directa: “¿Conservador yo?, tenías que conocer a mi hijo Alberto. Ese sí que es de derechas”.

Poco tiempo después, cuando fui al Ayuntamiento para saludar a Tierno Galván, conocí a Alberto,  que me confirmó la impresión de su padre. Era un joven fiscal, concejal de AP en la oposición en Madrid. Era un empollón un poco redicho que ya entonces tenía una alta opinión de sí mismo. Con el tiempo maduró y en su etapa de presidente de la Comunidad puedo y debo agradecerle que se portase muy bien con la Universidad Carlos III, a la que apoyó y cuyo desarrollo facilitó. Nunca olvidaré esa buena disposición y esa neutralidad ideológica con una universidad que había sido creada e impulsada por el PSOE.

Con esos antecedentes, me sorprende que haya tomado una actitud tan beligerante y tan conservadora como ministro de Justicia del nuevo Gobierno de Rajoy. Entre sus propuestas más retrógadas y más profundas están la restricción de la justicia gratuita, el copago para recurrir, la reforma hacia atrás de la ley del aborto, la cadena perpetua revisable, y la reforma del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. Solo me puedo explicar el exceso de una persona sin excesos para satisfacer al jefe y a quienes defienden las tesis más reaccionarias en el Partido Popular.

Si todas las propuestas circulan por malos caminos, la cadena perpetua revisable y el cambio en las formas de elección de magistrados del Tribunal Constitucional y del Consejo del Poder Judicial suponen una ignorancia de la esencia de la justicia y del control de constitucionalidad que puede estar próxima a la mala fe y a la intención más reaccionaria y más alejada de las elementales reglas de justicia en las sociedades democráticas. Ya nuestro país tiene uno de los sistemas de penas más duros de la Unión Europea y la cadena perpetua revisable es expresión de una retórica falsa, que no añade nada nuevo a las penas y que solo las adorna con un camuflaje para engañar a los ciudadanos más sencillos.

Las propuestas referidas a las reformas en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial son las más negativas, más clasistas y más reaccionarias y expresan, o una ignorancia extrema, signo de falta de lecturas, o una parcialidad a las posturas más corporativas y judicialistas que podemos encontrar. En cuanto al Tribunal Constitucional, las propuestas están en una nebulosa y en un embrionario estado de desarrollo. Realmente lo único sensato sería que los magistrados no pudieran continuar desempeñando su función expirado el plazo para el que fueron designados, siendo obligatorio sustituirles so pena de incurrir en responsabilidad quienes fueran los causantes.

El problema más serio se manifiesta en las reformas del Consejo, que suponen una entrega a los jueces y a sus asociaciones del gobierno del poder judicial. El deseo último es que los ocho escogidos entre juristas de reconocida competencia sean también jueces; y en caso de resultar imposible esa reforma, que fueran solo los jueces los que escogieran a los ocho juristas. Es la entrega total del gobierno del tercer poder del Estado a los jueces y, quizá, solo a los jueces que estén en asociaciones. Lo más preocupante de esta propuesta es que es expresión de una gran ignorancia del funcionamiento del sistema y de confundir -por defectuosa formación o por intencionada deformación- lo que supone la independencia judicial garantizada por la Constitución,  que es la individual para cada juez en el ejercicio de su función jurisdiccional, con el gobierno del tercer poder del Estado, que es un órgano político. La prueba mayor de ignorancia es la afirmación reiterada por jueces y diligentes políticos del PP y de su Gobierno y, cómo no, de su ministro Gallardón de que hay que despolitizar la justicia, lo que supone un sinsentido mayúsculo. Un poder del Estado nunca podrá ser apolítico y quienes lo sostienen son unos necios y unos ignorantes. Los que tienen que ser neutrales son los jueces al administrar justicia. Ni siquiera a ellos se les puede pedir que sean apolíticos, porque sería pedirles que no sean seres humanos. Lo que ocurre es que sus ideas políticas no deben manifestarse en el sentido de sus resoluciones.

En España hemos tenido muchos jueces sabios, cultos y bien preparados que son precisamente los más discretos. Si tuviera que poner un ejemplo de juez señalaría, entre muchos, a Ignacio Sierra, jubilado en el Tribunal Supremo. Junto a esos ejemplos tenemos muchos que creen que por saberse los temas de las oposiciones están por encima de cualquier sospecha y con capacidades para todo. Suelen ser de una osadía sin límites y pensar que deben gobernar un poder del Estado tan complejo y lleno de matices como el judicial.

Me temo que Gallardón, tan prudente y tan sensato en otros temas, pierde la cabeza defendiendo tesis tan descabelladas como esas. Si fuerza la naturaleza de las cosas para llevarlas adelante desde luego recibirá el rechazo más contundente del PSOE y de los demás partidos de la oposición. Solo desde el consenso se pueden abordar asuntos tan graves. No debería empecinarse en aventuras que le convierten a él mismo en un aventurero, lejos de lo juicioso e integrador que debe ser un ministro de Justicia. Abandone, señor Ruiz-Gallardón, la política de riesgos mal calculados y de saltos hacia adelante. No se extravíe, señor Ruiz-Gallardón. ¡Sosiéguese!

Por Gregorio Peces-Barba Martínez, catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad Carlos III de Madrid.

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