La justicia de anteayer cae sobre Bildu

Después de la negativa a Sortu, negativa a Bildu. Rodeado de serias dudas sobre si en esta cuestión pesan estrictamente, como debieran, los argumentos jurídicos y las pruebas, y no los recelos políticos, el Tribunal Supremo ha dejado fuera de las elecciones municipales del 22 de mayo a la izquierda aberzale. Seis de los magistrados de la Sala Especial que ha examinado el tema, frente a una mayoría de nueve, no están de acuerdo con la negativa. Eso indica que no estamos ante una cuestión clara y meridiana. Pero lo claro y meridiano es que todo lo que ha dicho y hecho la izquierda aberzale en los últimos meses para desmarcarse de ETA y de la violencia, y para subrayar que su apuesta exclusiva es por los procedimientos democráticos, no le ha servido para nada.

A estas alturas no hay más remedio que convenir en que haga lo que haga la izquierda aberzale, diga lo que diga, demuestre lo que demuestre, se comprometa a lo que se comprometa, alguien, alguien impreciso que podríamos denominar El Poder Superior de la Democracia Española, una institución que oficialmente no existe, no quiere que concurra a estas elecciones, y punto. Ese Poder Superior, en el que presumiblemente figuran destacados y orgullosos miembros del PP, destacados y arrugados miembros del PSOE, jueces destacados o no destacados, y representantes de otros poderes fácticos, como alguna asociación de víctimas del terrorismo, tiene la convicción de la maldad y la criminalidad de la izquierda aberzale. Si la gente de la órbita de Batasuna dice que transige con la violencia, se le cree; si dice que no transige entonces, no se le cree.

En el horizonte aparecen varios problemas derivados de esta situación. Unos son jurídicos. De momento hay que esperar la última palabra que se dará dentro de España a esta inhabilitación: el Tribunal Constitucional debe pronunciarse antes de mañana por la noche sobre el recurso presentado por Bildu. Eso quiere decir que el Constitucional también quedará marcado por la negativa en caso de que la avale. Pero luego vendrá algo mas delicado: el más que previsible recurso posterior de Bildu ante las instancias internacionales. Eso conlleva la posibilidad, que a algunos no nos parece remota, de que dentro de cierto tiempo haya un problemático fallo que descalifique el resultado de las próximas municipales en Euskadi. Ojo.

Siendo todo lo anterior muy trascendente, lo es todavía más la nueva dosis de recelo social y político que la anulación de estas listas genera, y no solo en Euskadi, en torno a la justicia y la democracia españolas. Porque en Euskadi la calle, la gente normal, sabe que los batasunas han dicho de verdad basta a la violencia. Lo saben porque eso llega después de un debate eternizado por infinidad de conversaciones privadas en comedores, bares y todo tipo de lugares. La gente conoce que estamos en una nueva situación, pero los jueces no. Cuando hasta quienes se resistían antes a aceptarlo ya dan por erróneos los atentados y las extorsiones de ETA, los jueces son los únicos que no se han enterado de lo que pasa. Y lo peor es que ponen zancadillas legales a que se materialice lo que siempre había dicho la orilla democrática: que aquí, si no se recurre a la violencia, pueden defenderse todo tipo de ideas desde todo tipo de instituciones. Con esta decisión del Supremo, a la izquierda aberzale se le viene a decir que sus antecedentes son un obstáculo para que ahora pueda actuar desde la esfera municipal. Pero eso no lo dice la ley. Eso es lo que, simplemente, de hecho, por su cuenta, imponen ahora quienes tienen el poder de interpretarla.

Me parece que estamos ante un desastre político y ante una demora irresponsable de la posibilidad de avanzar. El poder judicial condiciona a su aire nuestra situación política sin exhibir pruebas legales convincentes e irrebatibles. Los seis votos en contra de la anulación de las listas aluden a la relatividad del criterio que se aplica. Es la segunda vez en poco tiempo. Con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya, y con este freno al regreso de la normalidad a las instituciones vascas, los magistrados truncan que los deseos que los ciudadanos expresan o quieran expresar a través de las urnas sean los que vayan definiendo la evolución del país. Son dos sentencias llegadas desde la mentalidad de la España de anteayer para impedir nuevas fórmulas de coexistencia cara al mañana. Y hablo del anteayer, del franquismo, porque estoy convencido de que en el ayer, en la transición, en el contexto de la movilización colectiva para intentar resolver nuestros problemas políticos seculares, los tribunales, por muy conservadores que fueran sus miembros -que lo eran-, no se habrían atrevido a poner estas zancadillas de ahora, como no se atrevieron a frustrar la legalización de los partidos invocando sus antecedentes o sus intencionalidades, o como no se atrevieron a utilizar las biografías de determinados políticos para dejarles en la cuneta. Ahora los antecedentes caducados y las supuestas intencionalidades sí se utilizan para incriminar. No, no estamos yendo hacia adelante.

Por Antonio Franco, periodista.

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