Un pilar del Estado de derecho es el funcionamiento adecuado de las instituciones para dar respuesta, conforme a la ley, a las situaciones que se presentan. Uno de sus ejes debe ser la sujeción al derecho de los poderes públicos y quienes los ejercen. Consecuencia de ello es la responsabilidad de estos cuando no se haya actuado correctamente. Si esto es un principio general, la realidad demuestra que no sucede así cuando se trata del poder judicial. La asunción de responsabilidades en el ámbito judicial es algo ajeno en la práctica al sistema.
El caso de las consecuencias derivadas del asesinato de Mari Luz ha sacado a la luz pública una realidad que lamentablemente es bastante frecuente en la práctica. Primero se produjo una expresión de indignación por los hechos y luego de escándalo por la mínima sanción impuesta al juez. La sanción reciente impuesta a la secretaria judicial ha vuelto a dar actualidad al asunto.
El hecho de que ante una actuación tan negligente del juzgado, con resultado tan fatal para la niña, se impusiese al titular del órgano jurisdiccional una sanción tan mínima, produjo una gran perplejidad en la sociedad. Los componentes de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) absolutamente desprestigiado fueron ajenos al sentir social y prefirieron moverse por parámetros muy diferentes de los del resto de los mortales. Complicaba el asunto la noticia de que, al mismo tiempo, se imponía una pena más severa a otro juez por hechos de menor calado y que afectaban solo a otros funcionarios del juzgado.
Fue el epílogo de un organismo que desde su creación, hace más de 25 años, se ha ido degradando en cuanto a su nivel, responsabilidad y prestigio. El último, que se prolongó siete años en lugar de los cinco previstos en la ley, llevó a la máxima expresión su lejanía de la sociedad. Ante la inminente renovación, tuvo gran celeridad en intentar cerrar con una mínima sanción el expediente abierto al juez. A muchos que nos movemos en el mundo jurídico no nos extrañó la inmensa levedad de esta. El consejo había dedicado muchas de sus energías al ámbito político, aunque no fuese de su competencia. La actitud partidista y sesgada en función de quién les propuso en su momento hizo que, en los cuatro años anteriores, de gran tensión y enfrentamiento político, el CGPJ fuese una prolongación aún más acerada del debate y las posiciones de este tipo.
Ello supuso una dejación en temas que sí eran de su incumbencia como órgano de gobierno de los juzgados y tribunales. A ello se añadía otra dimensión: la gremial. Si no es extraña la existencia de corporativismo en las diversas profesiones, en el ámbito judicial llega a extremos en los que, cubriéndose unos a otros (en esto sí actúan de común acuerdo, aunque pertenezcan a asociaciones diferentes), cubren las deficiencias del sistema y permiten que sigan existiendo. El hecho de que el juzgado cuyo titular fue sancionado de modo tan suave hubiese sido objeto de una inspección previa, que nada detectó, era una razón más para minimizar lo que la sociedad no calificaba del mismo modo. Verdaderamente, con esta resolución el CGPJ pretendió exculparse a sí mismo. Mayor escándalo todavía.
En una ocasión padecí una situación que, más allá del acierto o desacierto judicial, consideré que era, tras los hechos demostrados, una situación de obcecación y pérdida total de imparcialidad. Después de confirmarse esas apreciaciones, pen- sé en la posibilidad de exigir en primera instancia responsabilidades al juzgador. Recopilé las sentencias sobre responsabilidad de los jueces en los dos años anteriores; su lectura me hizo desistir de mi propósito. La falta de objetividad, el corporativismo y la parcialidad se manifestaban no solo en el resultado del escasísimo número de sentencias estimatorias, sino incluso en el lenguaje, que era una constante manifestación de que no estaban situando a ambas partes --juez juzgado y particular demandante-- en la misma situación. Consideré inútil mi idea inicial.
Ahora, volviendo al caso de Mari Luz, la decisión del Ministerio de Justicia de sancionar con una pena mayor a la secretaria judicial ha convertido a esta en chivo expiatorio. Los ciudadanos vuelven a sentir estupefacción. En esta ocasión, por el contraste de la sanción impuesta a uno y otro. A los legos en derecho les causa perplejidad. A los que conocemos el sistema, no nos ha extraña tanto, aunque nos parece igual de injusto, desproporcionado e incoherente.
Tal vez lo que motiva el diferente rasero es el carácter político de la decisión del ministro y la gremialidad de la tomada por el órgano de gobierno de los jueces. En todo caso, una y otra decisión deberían moverse por el terreno de la conformidad a derecho. Y, en esto, el desajuste y la divergencia también son manifiestas. El derecho tiene un componente muy importante de lógica. Cuando las resoluciones no responden a este pará- metro, algo tal vez no sea correcto. Y cuando ello se repite configurándose como un sistema de cuasiinmunidad colectiva, es alarmante.
La justicia es un servicio público esencial. Lo que más contribuye a mejorarlo es corregir sus defectos. El hecho de enjuiciar a la Administración judicial no es socavarla, sino, al contrario, contribuir a que sea verdaderamente justa.
Jesús López-Medel, abogado del Estado.