La Justicia en Francia

El 1 de abril de 1991, fue asesinado en Santiago de Chile el senador Jaime Guzmán Errázuriz. Abogado y profesor quien fuera uno de los principales redactores de la actual Constitución Política de Chile, la cual permitió retornar a una democracia plena en 1990. Guzmán fue asesinado muy cerca de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, tras dictar una cátedra de derecho constitucional. Fue llevado a un hospital cercano y falleció 3 horas mas tarde. Su crimen fue planificado y ejecutado por miembros del grupo guerrillero de extrema izquierda, Frente Patriótico Manuel Rodriguez (FPMR), un grupo armado chileno que inició sus actividades el 14 de diciembre de 1983 para luchar contra el gobierno liderado por Pinochet.

El senador chileno Jaime Gúzman
El senador chileno Jaime Gúzman

Quienes ejecutaron a Guzmán fueron los terroristas Ricardo Palma Salamanca, Raúl Escobar, Galvarino Apablaza, Mauricio Hernandez y Juan Gutiérrez. Palma Salamanca fue detenido pocos meses después de este último homicidio, el 25 de marzo de 1992, en una operación de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Se le acusó del secuestro de Cristián Edwards, hijo del dueño del diario «El Mercurio», y de los asesinatos de Jaime Guzmán, del coronel Fontaine y del cabo Valenzuela. En tres de estos procesos fue condenado a cadena perpetua, mientras que en el caso de Fontaine su condena fue de 15 años de prisión. Palma Salamanca logró fugarse el 30 de diciembre de 1996, liberado en helicóptero junto a otros tres de sus compañeros -Pablo Muñoz Hoffmann, Mauricio Hernández Norambuena y Patricio Ortiz Montenegro- en una operación organizada del FPMR. Hernandez, tras refugiarse en Cuba, fue arrestado en Brasil y llevado a prisión por el secuestro del empresario brasilero Washington Olivetto. Actualmente, cumple condena de 30 años en Brasil. Apablaza, vive en Buenos Aires, primero amparado por los gobiernos de Kirchner y de su esposa Cristina y ahora en espera de gestiones de la justicia chilena, para que sea extraditado.

El terrorista Palma fue detenido en París el 16 de febrero de 2018, tras una operación de las policías de Francia, Chile y España. Sobre él pesaba una reclamación internacional de extradición emitida por las autoridades chilenas. La detención fue posible gracias a la detención en México el 16 de junio de 2017 del antiguo militante del FPMR Raúl Escobar, conocido con el alias de «comandante Emilio» y que había sido compañero de Palma en la organización terrorista.

Escobar, de nacionalidad chilena y también fugado de la justicia, se había establecido en México con identidad falsa y había viajado en varias ocasiones a España. En México, Escobar se dedicaba a los secuestros de larga duración, que cometía con la ayuda, entre otros, de su antiguo compañero de actividad terrorista en el FPMR. Tras la detención de Escobar, Palma huyó de México a través de Cuba y finalmente se escondió en Francia, donde finalmente fue arrestado. La oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridras (Ofpra) le concedió asilo político.

Lo que Chile solicita es muy elemental: que Palma Salamanca pueda volver adonde fue juzgado y condenado por un delito terrorista. A pesar de la condición de asilado que tendría ahora Palma esto no suspendería el juicio de extradición en su contra. Para el gobierno chileno y también para su poder legislativo independiente es inexplicable que Francia proteja a un terrorista confeso, condenado y fugado. Los estrechos vínculos de la izquierda con la oficina francesa de refugiados, no hacen otra cosa que confirmar que el estado de derecho no está funcionando en Francia y que la decisión de proteger a un terrorista, no resiste un análisis serio. Pascal Brice dirige la Oficina de Protección a los Refugiados y Apátridas desde 2012. Durante su carrera, asesoró a políticos socialistas como el ex presidente francés, Francois Hollande. Al ser consultado por una cadena de noticias, Brice señaló que el organismo que dirige «resuelve de acuerdo a los criterios del derecho al asilo y lo hace con total independencia». Brice, de pequeño convivió en Nantes, ciudad donde nació en 1966, «con exiliados chilenos tras el golpe de Estado». Fue en 2012 cuando Valls, ministro del Interior de Hollande, le ofreció el cargo que hoy ocupa como director de la Oficina de Refugiados. Brice participó en protestas, más tarde, fue a Chiapas, donde se encontró con el subcomandante Marcos, a Siria, a Irlanda en medio de su conflicto, y a la Nicaragua sandinista. ¿Qué se puede esperar en este caso de la justicia francesa si quien decidió el asilo es un hombre declaradamente izquierdista y admirador de Allende, el presidente que llevó a Chile a la peor división de su historia?

Andrés Montero es escritor.

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