La utilización de la Justicia (con mayúscula, ya que me refiero a los distintos órganos jurisdiccionales) por parte de la política se ha cobrado ya una víctima en los últimos años, el Tribunal Constitucional, y amenaza ahora a una segunda, el Tribunal Supremo.
La esperada sentencia sobre el Estatut de Catalunya ha desbordado todos los límites de las garantías judiciales - por ejemplo, las infundadas recusaciones-y de la libertad de expresión. Calumnia que algo queda: y efectivamente ha quedado. Pero en las últimas semanas el Constitucional ha pasado a un segundo plano y las cabeceras informativas están ocupadas por el juez Garzón, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial.
Garzón no es la primera vez que es objeto de una querella judicial. Hoy leo en el periódico que le han interpuesto más de cuarenta. No nos escandalicemos, es natural. Garzón es un juez de instrucción que se ha enfrentado a los más peligrosos clanes del crimen organizado: terrorismo de ETA y terrorismo islámico, narcotráfico, delincuencia económica, corrupción política y crímenes de Estado. Garzón no es sólo el juez español más conocido, sino el juez - español o extranjero-más admirado del mundo. Y con toda la razón. ¿Cómo no va a tener un personaje así infinidad de enemigos?
La noticia, por tanto, no es que se haya interpuesto alguna querella contra Garzón, sino que, por primera vez, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite, contra el parecer de la Fiscalía, tres querellas contra él por el delito de prevaricación. Comete este delito el juez que dicta una resolución injusta, bien a sabiendas o bien por imprudencia grave o ignorancia inexcusable, graduándose la pena según sea la causa. La admisión a trámite, como es obvio, no prejuzga la pena, ni la existencia de delito: sólo significa que hay ciertos indicios que merecen una investigación. Por tanto, tranquilos: Garzón sólo ha sido imputado, tan sólo está sometido a investigación judicial.
Ahora bien, en tal situación se le puede suspender de su cargo de forma cautelar. Este parece ser el objetivo latente en las querellas: apartarle, aunque sea temporalmente, de sus funciones en la Audiencia Nacional. Y esta decisión la debe tomar el Consejo, el órgano de gobierno de los jueces.
Por tanto, un órgano político, no un órgano jurisdiccional. En el caso, inevitablemente, se mezcla todo.
La verdad es que las tres querellas apenas tienen consistencia. La primera, relacionada con la exhumación de los cadáveres en aplicación de la ley de memoria histórica, creo que no tiene justificación alguna. A mi modo de ver, Garzón se equivocó, así lo expuse razonadamente en estas mismas páginas ("Enterremos a los muertos", La Vanguardia,4/ IX/ 2008). Pero del error a la prevaricación hay un abismo: ahí no había ni imprudencia grave ni ignorancia inexcusable, menos aún era una resolución injusta a sabiendas. Simplemente, creo que Garzón aplicó mal la nueva legislación de delitos contra la humanidad a una realidad que no correspondía. Pero es una materia discutible y hay opiniones contradictorias.
La segunda querella es ridícula: se trata de unos cursos en los que participó Garzón en la Universidad de Nueva York, financiados en parte por el Banco Santander, sin haberse abstenido posteriormente en una causa contra el señor Botín. Todo curso, seminario o congreso está financiados por alguien, normalmente por grandes empresas, bancos y cajas. Nadie sabe ni recuerda el nombre de los patrocinadores. Los datos aportados por la Universidad de Nueva York, exculpatorios para Garzón, creo que darán un carpetazo definitivo al asunto.
La tercera querella, muy reciente, ofrece más dudas. Se trata de las escuchas telefónicas entre un acusado en prisión por el caso Gürtel y su abogado. Aunque la redacción de la ley penitenciaria que regula este supuesto no es clara, la interpretación del TC, con buenas razones, la ha reducido a delitos de terrorismo, que no es el caso. Habrá que esclarecer los hechos y escuchar los argumentos de las partes. Pero aun en el supuesto de intervención telefónica por orden del juez, la ineluctable conclusión no sería que ha prevaricado, sino que la prueba es nula.
Por tanto, estas son las tres querellas, ninguna resuelta todavía y tramitadas conforme a la ley. Las garantías procesales son amplias y no hay que temer a la máquina judicial cuando uno está libre de culpa. Plantear el caso como un enfrentamiento entre derechas e izquierdas me parece equivocado: las piezas no encajan. No encaja, por ejemplo, el papel del juez Luciano Varela y de la señora Margarita Robles, actual miembro del CGPJ. Seguramente lo cierto es que ahí se mezclan cuestiones políticas y corporativas. Garzón tiene enemigos en muy diversos frentes. Todos nos podemos equivocar, también Garzón. Pero errar, en principio, no es delito.
A lo que sí hay que temer, en cambio, es al desbarajuste informativo que acaba desprestigiando al poder judicial, es decir, a jueces y magistrados, y deteriora la confianza en el Estado de derecho. Los medios no pueden tratar los conflictos jurídicos como conflictos políticos, dado que su naturaleza es distinta. Y si hay algún punto de conexión hay que explicarlo con exactitud, deslindando una esfera de la otra. Y si hay ilegalidades buscar a las personas responsables, no cargarse las instituciones. Serenidad, y no barullo, es lo que necesita en España la Justicia con mayúsculas.
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.