La decisión judicial de desoír la demanda de un grupo de vecinos contra el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife por las graves molestias que ocasiona el exceso de ruido ha sido una derrota para la Justicia. Esta decisión, por la publicidad que ha recibido, tendrá consecuencias muy negativas. Por si hubiera alguna duda, a partir de ahora todo tipo de excesos parecen quedar sancionados, e incluso premiados, con declaraciones oficiales.
En España la Justicia -con mayúsculas, en su sentido jurídico- no se toma en serio. Aquí no impera la racionalidad ni la imparcialidad, sino la ley del más fuerte. Y es el más fuerte el que ha ganado la batalla una vez más, el que hace tiempo definí en estas mismas páginas como «el español dominante» (véase EL MUNDO 12-5-04). No se trata necesariamente del tipo de ciudadano estadísticamente más numeroso, sino el más ignorante, arrogante y vociferoso, el que se ha autoerigido en representante de lo español, y, por tanto, el que define lo que es ser español. Es ante todo una figura opresiva, un tipo de monigote con el cual los extranjeros tienden a identificar a todo español.
Salvo que, por lo que se refiere al año próximo, la decisión del tribunal canario sea apelada y rectificada -para lo cual existe una firme base en la jurisprudencia de los tribunales superiores- tal sentencia abre la puerta a desmanes y atropellos de todo tipo, más aún de los que ya se toleran, bajo el pretexto de festejos y tradiciones populares. Y deja en completa desprotección precisamente a las personas que más requieren la protección de la ley.
Aún recuerdo aquel caso en que se absolvió a un grupo de jóvenes que, con la cencerrada que llevaron a cabo a lo largo de toda una noche, y haciendo caso omiso de angustiadas súplicas, habían causado la muerte de una anciana que padecía de corazón. En el vergonzoso juicio que tuvo lugar tras la denuncia de los hechos, una fiscal de 28 años de edad solicitó la libre absolución de los acusados, argumentando que «la vieja murió porque le había llegado la hora», al tiempo que la sala prorrumpía en actos de burla y jolgorio, para máxima humillación y dolor de los familiares que allí estaban. Aunque aquello sucedió en los primeros años de la democracia, lo ocurrido ahora en Santa Cruz demuestra que, en esencia, las actitudes siguen siendo las mismas. Aquí manda el más fuerte.
Las personas que están enfermas no se sanan repentinamente porque sea el Carnaval o cualquier otro festejo callejero, y lo mismo aquellas personas que por su avanzada edad o condición física general requieren una medida razonable de tranquilidad, o las que por toda una diversidad de circunstancias necesitan imperiosamente el descanso nocturno (y podríamos añadir que la tranquilidad diurna también). A esas personas se les está pisoteando su derecho a la igualdad en nombre de un abusivo ejercicio de la libertad de otros a divertirse. Peor aún, se está atentando no sólo contra su bienestar, sino, a veces, contra su salud e incluso, en algunos casos, contra su vida.
De los principios de igualdad y libertad -pilares sobre los que se fundamenta el sistema democrático-, el primero, siempre y sin ninguna excepción, toma precedente sobre el segundo. Sin igualdad de derechos no hay libertad auténtica. Cuando algunos -ya sean mayorías o minorías- violan el derecho de otras personas a la igualdad, nos encontramos ante una versión microsocial de la dictadura.
Incluso algo tan fundamental como es la libertad de expresión tiene límites y restricciones, como son la violación de la igualdad ajena. Ésa es la razón por la que las calumnias, amenazas y otras formas de expresión están penalizadas por la ley. Y es la misma razón por la que nuestra libertad de acción y de movimiento está limitada de múltiples maneras. También es por esta razón por la que prevalece el derecho de una persona a descansar, sobre la libertad de su vecino a poner la música al volumen que le apetezca. Si el que pone la música alta es un mafioso que se dedica a atemorizar a sus vecinos, el mafioso se saldrá con la suya. Será su diversión lo que prevalezca en abierta agresión y violación de la igualdad de sus vecinos. Esto es exactamente lo que ha ocurrido en Santa Cruz. No hay una diferencia esencial entre el caso de un indefenso vecino sometido al acoso de un mafioso y el de un grupo de vecinos sometido a un acoso masivo sancionado y patrocinado por las autoridades mismas.
Un grupo de personas en Santa Cruz, en un acto de admirable valentía, ha reclamado el respeto a su derecho a poder dormir y disfrutar de paz, es decir, a que se respete su igualdad. El alboroto organizado por otros -no por los más, sino por los más chillones, con el inconcebible concurso de quienes deberían haber sido los primeros en defender la igualdad de aquéllos a quienes gobiernan- ha generado la falsa impresión de que se trata de un conflicto entre una mayoría absoluta y una exigua minoría. Pero eso es una falsa apariencia.
Basta echar un vistazo a las encuestas y votaciones que han llevado a cabo diversos diarios (incluido EL MUNDO este pasado fin de semana) entre sus lectores, para ver cuán divididas están las opiniones. Aunque tales encuestas no tengan valor científico, parecen indicar que si no hay más protestas como la del grupo de vecinos de Santa Cruz es por la pura represión, por el temor al acoso de los más alborotadores y por la falta de apoyo que ven en las autoridades.
Bajo la justificación de tratarse de valiosas tradiciones -y, a veces, incluso sin tal justificación-, en España tienen lugar todo tipo de desmanes, que van de lo brutal e incivilizado (como en las festivas torturas de animales) a lo puramente grotesco. Uno se pregunta, por ejemplo, si con un poco de imaginación y espíritu de solidaridad no se podría hacer algo más constructivo con los miles de kilos de tomates que se desperdician cada año en Buñol durante la Tomatina, una tradición que no tiene ningún origen digno de mención.
En muchas de nuestras celebraciones, damos la imagen de una sociedad inmadura, objeto de curiosidad antropológica, donde apenas hay lugar para la introspección y el cultivo de la inteligencia. Una sociedad en la que, como a niños, nos excita el alboroto y el ruido, sin consideraciones de ningún tipo. Lo nuestro es tirarnos tomates, correr delante de los toros, tirar cohetes y disfrazarnos. ¡Es que somos tan lúdicos! Tal es el carácter que nos ha impuesto el sector más inmaduro de nuestra sociedad, y nos vemos forzados todos a cargar con él. España es diferente. Aquello no era un eslogan del franquismo. Es una realidad palmaria.
Afortunadamente, los altos tribunales tienen las ideas bastante claras, aunque sus contundentes sentencias hayan sido convenientemente ignoradas por los jueces de Santa Cruz. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en noviembre de 2004 a la Administración española por pasividad ante una denuncia por ruidos causados por una discoteca. En la sentencia se establece que el exceso de ruidos atenta contra los derechos fundamentales, garantizados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, al violar el derecho al domicilio y a la vida privada. El Tribunal Constitucional, por su parte, en una sentencia de marzo de ese mismo año, declaraba que el ruido excesivo «vulnera derechos fundamentales a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio» (véanse, entre otras, las sentencias de dicho Tribunal 119/2001 de 24 de mayo de 2001 y 23/2/200 de 23 de febrero de 2004).
Los ruidos que violan los derechos fundamentales a que aluden esas sentencias da igual que los cause una discoteca, un Carnaval, un encierro o lo que sea. Los derechos fundamentales de la persona no se pueden pisotear, ni la Justicia doblegarse por una tradición, es decir, por un motivo estético. Son muchas las tradiciones que, afortunadamente, han caído a lo largo de la Historia en nombre de la justicia. El proceso de maduración democrática de una sociedad exige sacrificios. La justicia y la igualdad deben estar siempre por encima de cualquier otra consideración.
Juan A. Herrero Brasas, profesor de Ética y Política Pública en la Universidad del Estado de California, EEUU.