La lección del 19s: la corrupción mata

Un edificio dañado en Ciudad de México por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Credit Henry Romero/Reuters
Un edificio dañado en Ciudad de México por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Credit Henry Romero/Reuters

La corrupción mata. Esta ha sido una de las evidencias más dolorosas del sismo que, a las 13:14 horas del 19 de septiembre de 2017, sacudió a los estados de Oaxaca, Puebla, Morelos y Ciudad de México. Pero no ha sido el único saldo: en la capital del país, donde 228 personas perdieron la vida, los dueños de las inmobiliarias responsables de usar materiales de baja calidad e incumplir con los reglamentos están libres.

A lo largo de un año, las autoridades han sido incapaces de llevarlos ante la justicia. Esa impunidad se extiende a los directores generales de obra —ingenieros o arquitectos que cuentan con un carnet expedido por el gobierno de Ciudad de México— y a los corresponsables en seguridad estructural —generalmente ingenieros estructurales—, quienes aprobaron con sus firmas el 57 por ciento de los 28 edificios colapsados o inhabitables en los que se centra la investigación periodística que coordiné junto con Thelma Gómez y Salvador Camarena para la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En ese reportaje se ha documentado que los dueños de tres inmuebles afectados por el sismo aumentaron sus ganancias y pusieron en riesgo las vidas de decenas de familias y en los que dos personas murieron. Hasta el momento, no hay señales de que vayan a ser investigados judicialmente. Las autoridades miran hacia otro lado.

Este es el México que reveló el 19s: un laberinto de impunidad y falta de rendición de cuentas del sector inmobiliario en el que se han perdido las familias afectadas; muchas de las cuales se encuentran, a un año de distancia, viviendo con familiares o conocidos, algunos aún en campamentos en la calle.

Con 32 años de diferencia, dos grandes terremotos azotaron Ciudad de México, pero las lecciones de ambos aún no se han aprendido: las constructoras que incumplen reglamentos de construcción, presentan documentación falsa o lucran al edificar con materiales menos costosos pero inadecuados, continúan actuando impunemente. Se trata de una enorme laguna judicial que abona la siguiente catástrofe.

Sobran los casos que lo prueban. Quizás el más grotesco se registró en la avenida Zapata, número 56, al sur de la ciudad. La investigación revela que la compañía responsable de la construcción del edificio, Canada Building Systems de México, puso cimientos de menor costo que los requeridos; la mitad de la edificación no tuvo la soldadura necesaria para el tipo de construcción; colocó castillos frágiles, económicos y poco recomendables para inmuebles de más de tres niveles; las vigas carecían de suficiente acero y seis de las nueve columnas eran más delgadas de lo que pide el reglamento. En los segundos que duró el sismo, seis departamentos del lado izquierdo del edificio se derrumbaron. Se trataba de un inmueble construido apenas un año antes del temblor.

Unos meses después del sismo, los departamentos se demolieron completamente. Los reclamos de los propietarios y vecinos no fueron escuchados: con la demolición del edificio se perdieron posibles evidencias que habrían podido implicar de manera más directa a la empresa que construyó y vendió los departamentos del edificio. Hasta ahora, el socio mayoritario de la constructora, José Arturo Ceballos, no ha sido llamado a rendir cuentas ante la justicia mexicana.

Pero tampoco se ha castigado a quienes autorizaron su construcción. Las autoridades detuvieron a tres personas: Macario Espinoza, quien fungía como representante legal pero en realidad trabajó solo como gestor de la obra; Jaime Smith, un director de seguridad estructural, y Juan Duay Huerta, director responsable de obra. Los tres han sido liberados bajo reservas de ley.

Zapata 56 no es el único caso. El Residencial Grand Insurgentes —en la avenida Insurgentes, una de las principales arterias de Ciudad de México— se terminó de construir en 2014; tres años después, a consecuencia del sismo, necesita una reparación de 45 millones de pesos. Los vecinos no tienen ese dinero y la constructora solo acepta pagar un millón de pesos con una condición: que los vecinos retiren las denuncias en su contra. Los dictámenes oficiales posteriores al 19s advierten que el condominio fue basado en cálculos que no corresponden al tipo de suelo —lo que hizo que la construcción fuera menos costosa— y su aviso de ocupación es aparentemente falso, según consta en los documentos obtenidos por la periodista Míriam Castillo. Bastó indagar un poco en el edificio de Insurgentes Norte, número 1260, para advertir que tiene más datos falsos que en regla. Pese a la abrumadora existencia de evidencias, la delegación Gustavo A. Madero no ha intervenido.

n unos meses, el 1 de diciembre, tomarán posesión un nuevo gobierno federal y uno en Ciudad de México. Uno de los grandes retos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador será dar respuesta a las 26.000 personas que, se estima, resultaron afectadas por el 19s y los más de 1500 inmuebles que sufrieron daños. El primer paso para hacerlo, y para evitar futuras tragedias, es terminar con la impunidad en el sector inmobiliario.

El panorama, sin embargo, es sombrío: aunque la futura jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha prometido seguir los casos de negligencia de las constructoras, compra de permisos y mala calidad en los materiales de construcción, no ha ofrecido detalles de cómo lo hará.

Un primer paso tendría que venir de su gobierno: hacer accesibles, a través de un portal de acceso público, los permisos de uso de suelo, los planos y las licencias de construcción de todos los edificios en Ciudad de México. Es una labor colosal, pero indispensable en una zona sísmica como la nuestra.

Como sucedió en 1985, las medidas más efectivas e inmediatas tendrán que venir de la sociedad civil. Así como miles de ciudadanos al margen del gobierno se organizaron en brigadas de solidaridad para atender a las víctimas, ahora tendrán que ser los mejores investigadores de las propiedades que renten o compren. Seremos nosotros quienes exijamos el permiso de uso de suelo a los dueños de los inmuebles que habitemos. Este documento es crucial, porque precisa cuántos pisos se tenía autorizado construir y el sobrepeso es un factor que vulnera las estructuras de los edificios.

La inacción del gobierno a un año del 19s hace evidente un desafío impostergable: para erradicar la corrupción que pone en riesgo las vidas y patrimonio de tantas personas, se tiene que imponer una sanción ejemplar a las constructoras que fueron directamente responsables de las víctimas del sismo de 2017. Si continúan en permanente impunidad, la lección no se habrá aprendido, el sector inmobiliario no cambiará y la ciudad estará expuesta a una nueva tragedia.

Daniel Lizárraga es periodista. Coordina las investigaciones periodísticas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y es coautor de la investigación La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, ganadora del Premio García Márquez de la FNPI.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *