La lección sádica

Me refiero a la que da el Marqués de Sade sobre la Revolución Francesa en la pieza teatral Marat / Sade de Peter Weiss. Recordarán que la obra, teatro dentro del teatro, trata de la representación del asesinato de Marat interpretada por los internos del manicomio de Charenton y puesta en escena por el divino Marqués, que también acabó sus días encerrado en ese centro. En cierto momento, a modo de acotación escénica, Sade explica la inevitable desilusión que siguió al movimiento revolucionario: antes, el poeta que solo lograba componer ripios, el pescador que no sacaba del río más que botas viejas, el marido agobiado por una consorte gruñona y poco agraciada, etcétera, anhelaban una revolución que cambiaría el rumbo de sus vidas; después, el poeta siguió siendo ripioso, el pescador no logró atrapar nada comestible, el marido despertó por la mañana junto al habitual engendro y todos ellos clamaron a una que la revolución era un fraude y les había traicionado. Fin de la clase.

Algo parecido me parece que está pasando con la Constitución española y temo que el paralelismo se acentúe si llega finalmente a ser modificada a corto o medio plazo. El error de los decepcionados por la Revolución Francesa, según Sade, es que pedían a esta enmiendas vitales hechas a medida de cada cual que no estaban a su alcance ni formaban parte de su proyecto. También a la Constitución se le pide que resuelva con sus enunciados injusticias económicas o sociales que trascienden el ámbito de las fórmulas legales, incluso que apacigüe tras someterse a cirugía de alto riesgo los encabritamientos de quienes cocean contra su propia razón de ser. Porque el sentido de nuestra Constitución —que es particular como el celebrado patio y, por tanto, cuando llueve se moja como las demás— consiste en establecer quiénes son y cómo deben ser los españoles, no en dar instrucciones para dejar de serlo. La Constitución establece el reglamento último de España, que no es una idea platónica congestionada ni la unidad de destino en lo universal joseantoniana, sino el nombre de la realidad política en que arraigan los derechos y deberes cívicos de casi 50 millones de ciudadanos. Ni tal como hoy está ni después de cualquier cambio razonable va a ser nada distinto, porque una cosa es el maquillaje que hace a los vivos más deseables y otra la cosmética que disimula durante el velorio los deterioros del cadáver.

De lo que no tiene la culpa la Constitución (ni por tanto puede remediarlo por mucho que cambie) es de que la organización autonómica de nuestro país, que fue una medida para administrarlo mejor y de manera más cercana a los ciudadanos, se haya convertido de hecho para muchos en una fragmentación de la ciudadanía. De tal modo que se sienten más oriundos o nativos de su autonomía absolutizada que ciudadanos del Estado que las acoge a todas y para cuya mejor gestión fueron establecidas.

De ahí esa extraña sensorialización de la razón política en España. En contra de lo que preocupa a algunos, uno no tiene por qué sentirse español, ya que la ciudadanía no es un dolor de estómago ni un gustirrinín: basta con que se sepa español. De igual modo, las reglas de juego político no tienen como objetivo que todo el mundo esté “cómodo” en España, pues el país no es un sofá y la desazón de corregir fallos e injusticias es un impulso positivo: basta con que los ciudadanos conozcan sus derechos y deberes y se esfuercen por mejorar su ejercicio. Para no hablar de los más líricos, que recomiendan el amor (a Cataluña, al País Vasco o a otros prójimos levantiscos) para remediar los pujos separatistas: francamente, yo no tengo ningún cariño especial por mi pierna izquierda, pero no por eso quiero que me la corten…

La Administración autónoma ha provocado durante los últimos años un entusiasmo sobrevenido por las identidades locales: digo “sobrevenido” porque en la mayoría de los casos se ha acuñado y oficializado después de establecerse la autonomía, gracias a los esfuerzos populistas de las autoridades y la inestimable (por carísima) colaboración de las televisiones regionales y las competencias educativas transferidas. Por supuesto, nuestro país es rico en una diversidad de peculiaridades lúdicas, piadosas, gastronómicas, etcétera, que ahora se han oficializado y patentado, a fin de que se conviertan en aval de los gastos de cada autonomía. Ante las próximas elecciones europeas, el reproche que suele hacerse a la unión es su exceso de burócratas. Pero comparemos cifras: se trata de unos 50.000 empleados para atender a 500 millones de europeos, frente a los 58.000 de la Administración local de Barcelona, los 66.000 de Castilla-La Mancha, los 154.000 de la Comunidad de Madrid o los gloriosos 239.000 funcionarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Todos imprescindibles, desde luego, porque hay que defender la sacrosanta identidad de cada cual, a no confundir con la del vecino.

Cuando se airean con preocupación los resultados del Informe PISA sobre educación, nadie menciona que España no se presenta a esa evaluación como tal país —pues el Gobierno estatal ha transferido esas competencias—, sino como un surtido de autonomías con diferencias mayores que entre muchas naciones europeas. Ya sé que no hay lacra peor que la uniformidad, pero a algunos no nos molestaría una uniformidad de excelencia educativa en todo el país, incluso aunque hubiera que recentralizar un poquito… Por supuesto, como nos recuerdan sin cesar, nada más anticuado y casposo que la España cañí, pero cuesta aceptar que reinventar el caciquismo decimonónico, el sistema feudal o los reinos de taifas suponga gran avance hacia la modernidad política.

Dicen que la Constitución está “agotada”. ¿En qué se nota esa fatiga insuperable? Por lo visto, en que los nacionalistas —los de siempre y los sobrevenidos— ya no pueden sacar más privilegios de ella. La vaca ya no da más leche, de modo que ahora habrá que ordeñar al toro, como diría el doctor Johnson. Se nos recomienda revisar el texto magno para fijar y dar esplendor definitivo al fraccionamiento de la ciudadanía, no para corregirlo. Por ejemplo, para acabar con el inmovilismo gubernamental frente al desafío independentista en Cataluña (por lo visto, cuando a alguien le da un ataque de epilepsia, todos tenemos obligación de agitarnos al unísono) los más “racionales” aconsejan lo siguiente: referéndum en la autonomía para ver qué quieren los catalanes, reforma de la Constitución de acuerdo con el resultado y luego que los ciudadanos del resto de España digan si aceptan tal modificación. Si la asumen, mutilan su ciudadanía; si la rechazan, son unos fachas y vuelta a la casilla de partida. ¡Qué sabia es la objetividad racional! Otros, en cambio, preferiríamos más auténtico laicismo en la Constitución, que no solo implica efectiva separación del Estado y las iglesias, sino también rechazar rotundamente el fraccionamiento del cuerpo social reconociendo pertenencias políticas particulares (Catherine Kintzler ha escrito páginas esclarecedoras al respecto).

Por supuesto, puede retocarse la Constitución de modo que acoja todos los legítimos anhelos sobre garantías laborales, emigración, educación y sanidad públicas, pensiones… Pero sepamos que si junto a eso la ciudadanía se fracciona y la tarta de la soberanía se reparte, el poeta seguirá ripioso, el marido y la mujer frustrados, el pescador volverá a casa con las manos vacías, etcétera. ¿Culpable? Siempre la Constitución. Ya nos avisó el Marqués de Sade.

Fernando Savater es escritor.

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