Si en Cataluña se te ocurre decir que estás en contra de la mal llamada “inmersión lingüística” lo más probable es que te caiga una lluvia de insultos y descalificaciones. Da igual que tus argumentos sean veraces y fácilmente demostrables porque te acusarán de mentir; da igual que en cualquier parte del mundo proponer más de una lengua vehicular sea considerado progresista, porque te acusarán de facha; da igual que estudiar en las dos lenguas oficiales sea más justo porque te acusarán de querer crispar...
Esto último es importante porque según el pensamiento nacionalista, ampliamente aceptado por socialistas y podemitas, en Cataluña todo el mundo está de acuerdo con “l’escola catalana” y quien diga lo contrario lo único que pretende es dividir a la sociedad y crear un problema donde no lo hay. Es decir, la única opción para que haya paz social en Cataluña es que los contrarios al nacionalismo nos estemos calladitos.
El sistema educativo catalán es la clave de bóveda de todo el proyecto nacionalista y por eso luchan con uñas y dientes para que no se toque. Se trata de un modelo que no se aplica en ninguna democracia y que relega la lengua oficial del país a un tratamiento inferior al de las lenguas extranjeras. Además, el español es la lengua mayoritaria en Cataluña y el negar a los alumnos la posibilidad de estudiar en su lengua materna tiene consecuencias negativas, como demuestran diferentes estudios nacionales e internacionales así como varias sentencias judiciales.
El español no es lengua vehicular en ningún centro público de Cataluña como se ha podido demostrar con el análisis de los proyectos lingüísticos que realizamos los diputados del grupo de Cs en el Parlamento Cataluña y el de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, pero los socialistas, capaces de vendernos una y otra vez a los nacionalistas, han llegado a negar esta evidencia en boca de la ministra de Educación Isabel Celaá.
No solo no se imparten clases en lengua española sino que tampoco se escriben comunicaciones ni se realizan actividades extraescolares en esa lengua, con lo cual logran que el español no sea percibido como una lengua académica. Y así llegan a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) y no saben que tienen derecho a realizar esos exámenes en español, porque en los centros no se les informa y en las instrucciones que se da a los profesores se señala que deben entregar los exámenes en catalán y sólo en el caso que algún alumno lo pida, en español.
Imagínense, alumnos que se están jugando su entrada a los estudios deseados levantando la mano para pedir el modelo en español, esperar a que hayan repartido todos lo demás y ser anotado como “incidencia”. Eso es, según la terminología usada en las instrucciones, entregar un examen en español: una incidencia.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya sentenció en 2000 que esta práctica es discriminatoria y sitúa a los alumnos castellanohablantes en una condición de inferioridad por sumar a la prueba una dificultad añadida. Pero, a pesar de esta sentencia y otras muchas que nos dicen que la exclusión del español que se realiza en los colegios es ilegal, nada ha cambiado en todos estos años porque otra de las particularidades de mi querida tierra es que aquí sus gobernantes se saltan las leyes y las sentencias a su antojo.
Los nacionalistas catalanes consideran el catalán como “lengua propia” de Cataluña. No importa que sea un concepto absurdo desde el punto de vista lingüístico y que no se utilice en ningún otro país, porque aquí sirve como base ideológica para discriminar el español. Si el catalán es la lengua propia, el español es una lengua impropia, una incidencia y así lo plasmó por escrito el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, que considera a los castellanohablantes que viven en Cataluña “víboras, hienas” y “bestias con una pequeña alteración en el ADN”.
El que debería ser el presidente de todos los catalanes también ha escrito que “no, no es nada natural hablar en español en Cataluña”. Y, por supuesto, se ha creado un gobierno a su imagen y semejanza: tanto la actual consejera de Cultura como la anterior son firmantes del Manifiesto Koiné contra el bilingüismo que contiene barbaridades como considerar a las personas llegadas del resto de España como “instrumento involuntario de colonización lingüística”.
Y qué decir de Meritxell Budó, portavoz del Gobierno de la Generalitat, que se negó a contestar la pregunta de una periodista porque no la había formulado previamente en catalán. Según el protocolo que utilizan, primero hacen sus declaraciones en catalán, después contestan todas las preguntas en catalán y al final repiten algún corte en español si alguien lo demanda. El objetivo es claro: la lengua de comunicación es el catalán y el español es una excepción.
Además, de esta manera, en la televisión y la radio públicas solo se retransmite la parte en catalán y una vez que empiezan en español, cortan. De nuevo, el español como incidencia tanto en las ruedas de prensa del Gobierno como en los medios de comunicación públicos. No se trata de un hecho aislado: el portavoz de JxC, Albert Batet, y la presidenta de la ANC también han mostrado sus reticencias a contestar preguntas en español.
Este no es el único caso en el que Budó muestra de manera transparente lo que piensa el nacionalismo catalán del uso del español. Cuando era alcaldesa de La Garriga, interrumpió un pleno del ayuntamiento para afear a un concejal de Cs que hubiera saludado en español a la comunidad andaluza. Budó calificó este hecho de “triste y preocupante” y acusó al concejal de “segregar” por hacer un saludo en la lengua común de todos los españoles. ¿Alguien se imagina que en Francia o Alemania se acusara a una persona de “segregar” por saludar en francés o alemán? Pues esto es lo que vivimos en Cataluña. Los gobernantes nacionalistas, con la complicidad de socialistas y podemitas, centran sus esfuerzos es convertir la lengua española en una incidencia y a los defensores del bilingüismo, en crispadores.
No nos dejen solos, por favor.
Sonia Sierra es diputada y portavoz de Educación de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña.