La lengua española y la libertad

Por Manuel Alvarez Tardío, profesor titular de Historia del Pensamiento en la Universidad Rey Juan Carlos (EL MUNDO, 07/07/08):

Si hace 30 años se hubiera preguntado a los españoles qué costes estaban dispuestos a asumir por la descentralización política del Estado, es probable que muy pocos hubieran aceptado que ésta se tradujera en menos oportunidades de ascenso social para sus hijos. Pero lo que primaba en aquel contexto no era el lenguaje de los costes sino el de las oportunidades: casi todos tenían una visión esperanzada y positiva de la descentralización. En plena transición a la democracia y con la presencia indubitable de una conciencia histórica común sobre la tragedia de la guerra civil, no eran bienvenidas, por tremendistas y antidemocráticas, las voces que advertían sobre el riesgo que comportaba prescindir de lo mejor de la herencia liberal: un Estado centralizado que, mejor o peor, había construido un único espacio jurídico para todos los españoles, con independencia de la lengua que hablaran, las costumbres que les agradaran, las tradiciones a las que rindieran culto y la religión que profesaran.

En la España anterior a la Segunda República pudo fracasar, como en tantos otros países europeos, el tránsito gradual y pacífico del Estado constitucional a la democracia liberal, pero el primero, con todas sus imperfecciones, había sido un hecho a lo largo de casi las tres cuartas partes del siglo XIX, y ese hecho se había traducido en avances muy importantes para la libertad y la prosperidad de los españoles. Dicho de otro modo: mal que le pesara a los partidarios del regeneracionismo y sus aliados regionalistas, la estructura institucional que entró en crisis en los años veinte del pasado siglo había contribuido sustancialmente a mejorar las oportunidades y a consolidar los espacios de libertad de la mayoría de los españoles. Es verdad que faltaba un ingrediente esencial de las democracias modernas: la competencia electoral; pero eso no era óbice para que los españoles, fueran catalanes, castellanos o andaluces, vivieran bajo el mismo imperio de la ley, disfrutando además de una amplia libertad política y de las oportunidades generadas por un mercado más unificado y por tanto más abierto a la competencia.

A algunos, sin embargo, les obsesionaba la preservación de las tradiciones, que normalmente asociaban con la vida rural; se resistían a alejarse de un pasado en el que las oportunidades de los individuos no venían determinadas por su pertenencia a una única comunidad política, sino por su adhesión y fidelidad a los grupos en los que habían nacido y con los que compartían una cierta identidad cultural, amén de un estatus social inmutable de la cuna a la tumba. La modernidad posrevolucionaria y liberal, con el paulatino progreso de las comunicaciones y la creciente uniformidad jurídica y política, había socavado con éxito el mundo de las pequeñas identidades. La internacionalización de la economía de mercado desde finales del XIX y el avance de la alfabetización en todo Occidente habían hecho estragos en las vidas de esas pequeñas comunidades estables y cerradas en las que la vida de sus integrantes era más o menos previsible. Así empezó a ser posible, entre otras cosas, la revolución de la mujer que todavía hoy está en marcha. La competencia y el incremento de la libertad individual son así: socavan progresivamente el funcionamiento orgánico de la sociedad, en el que los órganos principales y los individuos que los componen tienen un papel preasignado. La libertad no entiende de predeterminaciones sino de incertidumbre y oportunidades, que no todos, por supuesto, saben o quieren aprovechar.

En ese contexto de consolidación del Estado constitucional, en el que era capital destruir los privilegios asociados al territorio o al nacimiento y fortalecer la centralización política como garantía de libertad para el individuo, la identidad cultural no podía ser tolerada como una coartada para el mantenimiento a ultranza de la sociedad cerrada. En ese sentido, nada era más positivo para la igualdad ante la ley de los españoles que liberarles progresivamente de la servidumbre de la identidad y convertirles, precisamente por ser españoles, en ciudadanos de una Europa cada vez más abierta y globalizada. La creación de un ministerio nacional de Instrucción Pública en 1901 y la consolidación progresiva de un sistema educativo público que asegurara unos mínimos en la alfabetización y el uso de la lengua española no eran obstáculos, sino todo lo contrario, en el camino de la modernización económica y en el impulso de la movilidad social.

Pero en los años 20 y 30 algo hizo que todo cambiara. La derecha renegó de la tradición moderada y liberal y se apuntó, so pretexto de la defensa frente a la revolución, al autoritarismo, al corporativismo y al regionalismo, todo ello debidamente orquestado por un catolicismo que veía la lucha de clases como resultado natural del liberalismo y su pluralismo de valores. Por su parte, la izquierda obrera nunca había comprendido la naturaleza de la modernidad liberal y era, por definición, enemiga de las libertades individuales, para ella meros subterfugios de un sistema de dominación socio-económica. Por si fuera poco, los republicanos de los años 30, salvo excepciones notables pero finalmente impotentes, se empeñaron en convocar a las masas al ritual de la democracia identificándola con la revolución y no con la alternancia y la centralidad. Así se llegó a la guerra, y el franquismo, aunque a muchos todavía les sorprenda, no se construyó con materiales extranjeros sino con esa tradición tan arraigada en la península durante los lustros previos que daba por muerta la España liberal. De este modo, la dictadura reforzó la centralización a la vez que menospreció la libertad individual, forzando una nueva sociedad basada en una visión corporativa y preliberal de la relación entre los individuos y entre estos y el poder. El Estado eficaz del franquismo quedó identificado con el corporativismo y la falta de seguridad jurídica. Es verdad que en una segunda fase, los tecnócratas supieron rescatar la unidad administrativa como garantía de un mercado más libre y eficiente, pero el desarrollismo, aunque incrementó los espacios de libertad, no vino precedido de la liberalización política, sino al contrario.

Este último fue un factor positivo para el éxito de la transición a la democracia, pero contribuyó a difundir la idea de que el progreso del bienestar era posible sin plena libertad y gracias a la certidumbre del corporativismo. Los españoles se acostumbraron a tener que crecer asumiendo los entramados de privilegios corporativos y las tramas variadas de corrupción que cortocircuitaban algo que para los liberales era trascendental: la separación de lo público y lo privado, o lo que es lo mismo, la afirmación rotunda del imperio de la ley para asegurar que las oportunidades de los individuos no dependieran de su relación con el poder o de su pertenencia a una determinada comunidad o cuerpo, sino a su talento, sus capacidades y su esfuerzo. En ese contexto era casi imposible confiar en tribunales de justicia independientes, por más que la Constitución fijara procedimientos complejos y bienintencionados para el nombramiento de los magistrados situados en lo más alto de la pirámide.

A día de hoy, la defensa del derecho de todos los españoles a disfrutar de una educación pública en su lengua común, es todo un símbolo de esa batalla que se ha pospuesto durante varias décadas. Hoy ya debería darse por saldado el precio a pagar por transitar a la democracia desde las bases del desarrollismo autoritario y corporativo. El futuro de la libertad de varias generaciones de españoles está vinculado a la defensa inequívoca de lo mejor de la herencia de la España liberal, la que nació en 1808 y se consolidó tras 1834, una herencia que no tiene por qué separar, sino unir, a los dos grandes partidos.

Al fin y al cabo, así como el PP no debe nada al franquismo, el PSOE no tiene por qué seguir arrastrando complejo alguno en su idea de España: el tiempo de la asociación entre libertad política e identidad cultural tan del gusto de la cultura política antifranquista ya terminó, y lo hizo con un coste muy alto para la arquitectura ideológica de la izquierda. Los dos grandes partidos españoles, por el porcentaje de españoles que representan pero también por su responsabilidad como baluartes de la centralidad institucional, tienen ahora la oportunidad de estar unidos en la defensa de la lengua común, y por tanto de la nación política que hace posible nuestra libertad. Lo contrario sólo podrá ser interpretado como una opción por esa España que para ser plural tendrá que volver a ser preliberal.