EL pasado 16 de noviembre, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) absolvió a los generales croatas Ante Gotovina y Mladen Markac, después de que estos recurrieran la sentencia que los condenó a 24 y 18 años, respectivamente (2009), por varios crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante la operación Oluja («Tormenta»), en agosto de 1995. Gotovina era el comandante en jefe del Ejército croata y Markac, el jefe de las Fuerzas paramilitares y su mano derecha. La absolución por deportación, asesinato, violación, destrucción de bienes de los 200.000 serbios que vivían en la Krajina Croata (un pseudoestado serbio dentro del territorio croata entre 1991 y 1995, apoyado por Belgrado) se justifica, según los magistrados del jurado, «por una nueva interpretación de los hechos ocurridos». La absolución se basa en la falta de pruebas de que Gotovina hubiera ordenado lanzar granadas sobre la población civil desde una distancia menor de 200 metros. De los 39 puntos de la acusación, solo se admite uno contra ambos generales: «No haber intentado impedir los crímenes cometidos».
El 29 de noviembre fueron absueltos, también por falta de pruebas, Ramus Haradinaja (exprimer ministro de Kosovo), Idriza Balaja y Lahija Brahimaja, acusados en 2005 de cometer crímenes contra la humanidad como miembros del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) durante 1998. Sin embargo, el TPIY reconoce que ha habido «intimidaciones serias a los testigos». La Corte no ha sabido proteger 13 de los 19 testigos, que desaparecieron o fueron encontrados muertos. Tampoco ha investigado estos hechos. En ambos casos, la Corte reconoce que se han cometido crímenes, aunque no ha encontrado los culpables.
El debate sobre las sentencias se ha centrado en la cuestión de si son justas o no. Las reacciones de croatas, albanokosovares y serbios eran esperables. Los primeros —croatas y albanokosovares— han considerado siempre a los acusados como héroes nacionales y ahora celebran con júbilo los veredictos. Los serbios ven en esto la confirmación de que el TPIY es un instrumento, más político que jurídico, para castigarlos, toda vez que han sido condenados varios criminales de guerra serbios y ninguno de otras etnias balcánicas. Las sentencias han puesto de relieve las limitaciones del Tribunal, pero plantean además una cuestión trascendental que va mucho más allá del sentido común de lo justo/injusto. Dentro de un año, el TPIY cerrará sus puertas. ¿Ha cumplido esta Corte, que nos cuesta al año 223,2 millones de dólares sus objetivos principales?
El TPIY fue creado por la ONU en 1993 apelando a la doctrina de «joint criminal enterprise» para perseguir y procesar a personas por delitos de violación de las convenciones internacionales sobre la guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Como árbitro neutral, su fin secundario era contribuir decisivamente a la reconciliación de los pueblos balcánicos. La Corte ha cumplido su meta principal con desigual éxito (no llegó a juzgar a Slobodan Milosevic, tampoco a Franjo Tudjman, y en casos más significativos, como el de Srebrenica, no ha encontrado pruebas para condenar por genocidio a varios acusados). En cuanto a su segundo objetivo, ha fracasado por completo. Además, las dos últimas sentencias tendrán consecuencias más allá de los Balcanes. Al absolver al comandante en jefe de una operación que se reconoce como de limpieza étnica, el TPIY admite indirectamente este crimen como expresión de legítima defensa. Es un precedente que no augura nada bueno para las poblaciones civiles en futuras guerras.
Los procesos judiciales pretendían esclarecer la verdad y de este modo contribuir a la reconciliación. Por ahora sólo hay una verdad clara: hasta hoy la colaboración con el TPIY ha sido más una forma de cumplir los requisitos para entrar en la UE, que para cerrar las heridas abiertas por la guerra. Las dos últimas sentencias han devuelto la región al pasado. Los albanokosovares esperaban a Haradinaj vistiendo los uniformes del ELK. Los nacionalistas croatas declaraban que la victoria de la operación «Tormenta» por fin se ha completado. Para los serbios, que respetarán la sentencia, ha sido una derrota más que les confina en su discurso victimista. La tensión en la zona ha subido notablemente y la reconciliación está muy lejos. Se ha demostrado que la fórmula de los Procesos de Núremberg no ha funcionado.
Sin embargo, en vez de celebrar las batallas perdidas, los pueblos balcánicos podrían hacer una lectura diferente de las últimas sentencias: si de verdad quieren reconciliarse, lo tendrán que hacer por su cuenta, fortaleciendo sus instituciones locales y juzgando a sus propios criminales. Esto sería la prueba definitiva de que son sociedades democráticas. Además, se lo deben a las víctimas, propias y ajenas.
Mira Milosevich-Juaristi, escritora y doctora en Estudios Europeos.