En plena pandemia y bajo un estado de alarma apuntalado en el temor al aumento de las cifras de muertos y la esperanza en una vacuna eficaz, propalados por los medios de comunicación y las redes sociales ad nauseam, el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez logró que el Congreso de los Diputados aprobase el 19 de noviembre de 2020, por 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones, mediante el trámite de urgencia, la octava ley educativa del posfranquismo, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación de 3 de mayo de 2006, llamada Lomloe o Ley Celaá, por ser éste el apellido de la ministra de educación responsable de la misma.
Conviene recordar que la anterior ley educativa española, la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa o Ley Wert, llamada de esta manera por la misma razón) también fue una modificación de la citada Ley Orgánica de Educación (LOE) y tampoco alcanzó el consenso de los grupos políticos representados en el Congreso. En España la educación no sólo no es un asunto de Estado sino que claramente es una herramienta de confrontación política e identificación ideológica.
No conviene, sin embargo, entrar en la discusión que distingue entre educar (ideologizar, dirigir) e instruir (formar, desarrollar capacidades), pues es fácil constatar que la «instrucción por medio de la acción docente» es una de las acepciones del término educación en el diccionario. La acción educativa está generalmente asociada a algún tipo de dispositivo o institución de enseñanza. Academias y bibliotecas en la Antigüedad; universidades al final de la Edad Media; colegios en la Modernidad; y en la Contemporaneidad, la escuela. Lo relevante es que ningún dispositivo de enseñanza afectó jamás a tantas personas como el dispositivo escolar asociado al Estado-nación. La escuela, entendida como centro educativo nacional reglado por el Estado, es un dispositivo disciplinario de conformación intelectual que por primera vez se impone a la totalidad de todos los miembros no adultos de la sociedad.
Hay que reconocer, no obstante, que la disciplina escolar, la forma de la educación contemporánea, nace en los colegios jesuitas, es hija de la Contrarreforma, y se construye sobre dos principios básicos: el contacto y la emulación. Contacto que supone la vigilancia intensiva, personalizada, del educando por parte del educador. Y emulación, en la acepción de competencia entre iguales, que supone todo un sistema de sanciones y premios, el examen, entendido como estímulo o reto a superar y justificación de las correcciones a aplicar.
La escuela, entendida como lugar secularizado de encierro obligatorio para la instrucción intelectual gratuita de adolescentes o menores, es una invención contemporánea. Nace y entra en crisis con los Estados-nación. Es concebida con un fin no religioso a finales del siglo XVIII y alcanza su esplendor durante el siglo XX, antes de que empiecen a sentirse los efectos de la llamada «revolución informacional» en el sector servicios.
El auge de la escuela en España se percibe en el desarrollo de los procesos de selección académica de la enseñanza media (exámenes de ingreso y Estado o, desde 1953, las revalidas de 4º y 6º y las pruebas de ingreso y madurez) y en la generalización de este tipo de enseñanza en la década de los 60, coincidiendo con el inicio del despegue económico del país. Obligatoriedad en la educación primaria y selección en una enseñanza media cada vez más generalizada, mediante un sistema de ayudas y becas, son los pilares del primer modelo español con una continuidad significativa en el tiempo. Se trata de un modelo diversificado que prima las disciplinas académicas en las enseñanzas medias no obligatorias (a partir de los 10 años de edad) y condena al resto de los estudiantes (desde los 10 a los 12 primero y más tarde hasta los 14 años de edad) al contenedor de una enseñanza primaria especial o no general poco exigente desde el punto de vista académico.
La extensión de la obligatoriedad de la educación a las enseñanzas medias se hace aquí a expensas de los procesos de selección académica y marca el inicio de la crisis disciplinar del sistema educativo español. La Ley General de Educación de 1970, la LGE del ministro Villar Palasí, extiende la obligatoriedad a lo que antes eran los 4 años del bachillerato elemental, asimilándolo en cierto modo a lo que era la primaria «especial», de 10 a 14 años de edad, que ya era obligatoria para los no estudiantes de bachillerato con menos de 14 años. Estocada. La Logse de 1990 extiende dicha obligatoriedad dos años más, hasta los 16 años de edad, y comprime los 3 cursos del BUP y el COU de la LGE en sólo 2 años de bachillerato no obligatorio. Puntilla. Se impone un modelo inclusivo que, efectivamente, transforma la escuela en inclusa.
La Ley Wert intentó (pero no logró) poner en marcha un sistema de revalidas o «evaluaciones externas» que parecía querer recuperar el espíritu de las viejas disciplinas académicas, potenciando la figura del examen frente al interminable proceso de la evaluación continua, pero de hecho dejó sin resolver el problema de la lengua vehicular en la enseñanza, apoyando «decididamente el plurilingüismo», lo cual no sólo permitió seguir adelante con el Bilingual Program en la Comunidad de Madrid sino que no puso freno a la política lingüística y generalmente antinacional de las comunidades con lengua cooficial, algunas de ellas actualmente inmersas en auténticos procesos independentistas.
La Ley Celaá no hace sino dar un paso más en este sentido o, tal vez, ni eso. Pues la Ley Wert en su disposición adicional trigésima octava, hoy objeto de polémica, ya decía lo siguiente: «Las Administraciones educativas podrán, asimismo, establecer sistemas en los que las asignaturas no lingüísticas se impartan exclusivamente en lengua castellana, en lengua cooficial o en alguna lengua extranjera, siempre que exista oferta alternativa de enseñanza sostenida con fondos públicos en la que se utilice como vehicular cada una de las lenguas cooficiales».
Frente a la desaparición de las abortadas revalidas de Wert del texto legal y la falta de una toma de decisión política sobre la lengua en la que ha de impartirse la enseñanza en España, que en realidad son un efecto más de la transferencia de competencias en materia de educación por parte de la administración central del Estado a las comunidades autónomas, la discusión sobre si la evaluación de la asignatura de Religión Católica debe tener o no efectos académicos o si la libertad de los padres a elegir la enseñanza de sus hijos (incluida la que «segrega por sexos») se ve o no coartada es una discusión absolutamente baladí desde el punto de vista pedagógico. El problema es un problema de Estado que afecta al Estado-nación más antiguo de Europa. Si lo que se pretende es volver a poner en marcha auténticas disciplinas académicas que capaciten a los estudiantes españoles para el desempeño de actividades intelectuales verdaderas; si lo que realmente se trata de conseguir es una cualificación efectiva y masiva, una formación académica real para todos los ciudadanos, entonces lo primero que hay que hacer es unificar al máximo los criterios curriculares y poner en marcha mecanismos de selección académica acordes con tal exigencia.
Es dudoso que los responsables (representantes, actores o, más propiamente, personajes) políticos estén actualmente empeñados en promover y potenciar las habilidades intelectuales que otrora requirió la producción en masa de secretarias (y secretarios), contables para la banca o funcionarios (y funcionarias). La revolución informacional ha acabado con la demanda masiva de mano de obra cualificada. Y sin embargo… sin embargo, si lo que verdaderamente se quiere es instruir a la población y desarrollar sus habilidades intelectuales y cognitivas, y no meramente controlarla, para lo cual basta con que esté dispuesta a comprarse un móvil, entonces se antoja imprescindible el abordar la educación como un todo, definiendo los itinerarios formativos desde la escuela a la universidad y buscando su coherencia epistemológica en el tratamiento de los contenidos, y poner en marcha disciplinas académicas, esto es, mecanismos de formación y selección lo más homogéneos y exigentes posible, que permitan ir adquiriendo, poco a poco, peldaño tras peldaño, la deseada capacitación.
Raúl Fernández Vítores es profesor de Filosofía y autor de Sólo control: panfleto contra la escuela (Páginas de Espuma).