En diciembre de 2007 fui ponente en el Senado, junto al ya desaparecido profesor Alejandro Muñoz Alonso, de la ley «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura», comunmente conocida como «Ley de la Memoria Histórica». El debate parlamentario fue duro, apasionado. El Partido Popular tildó aquel proyecto de «innecesario» y Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida de «insuficiente». Aunque Zapatero quiso aparecer como su inventor, lo cierto es que, en su fondo, tenía numerosos antecedentes.
En los aspectos asistenciales, económicos y de reconocimiento social, desde la llegada de la democracia se fueron promulgando una serie de decretos y leyes para tratar de compensar las situaciones sufridas en la guerra y en la posguerra por personas del bando republicano. Algunas de estas normas fueron el Decreto de 5 de marzo de 1976, la Ley de 15 de octubre de 1977, la Ley de 26 de junio de 1980, la Ley de 29 de marzo de 1982, la Ley de 22 de octubre de 1984, la Disposición adicional decimotercera de la Ley de 29 de junio de 1990, de Presupuestos Generales del Estado.
Todas estas leyes, decretos y disposiciones se ampliaron en algunas comunidades autónomas. La cobertura legal para paliar, en lo posible, el sufrimiento de quienes padecieron desde la izquierda la guerra civil o sus consecuencias era, a mi juicio, suficiente. Pero Zapatero deseó azotar los ánimos de enfrentamiento por motivos meramente ideológicos, y tuvo interés en que la ley se aprobara antes de las elecciones de 2008. El programa electoral del PSOE para las elecciones de 2004 no incluía ninguna mención a la «memoria histórica» y Zapatero tampoco mencionó ese asunto en su discurso de investidura.
Aquel Gobierno subvencionó a las asociaciones de la Memoria Histórica, a los partidos y fundaciones de izquierda y a los sindicatos con decenas de millones de euros, y en época de grave crisis económica. Obviamente, respeto el razonable deseo de las familias de encontrar los cuerpos de sus seres queridos desaparecidos, pero a ese fin sólo se destinó una mínima parte de las ayudas concedidas.
La izquierda repite que la llamada «memoria histórica» pretende la reconciliación entre los españoles, pero de hecho se ha convertido en una «ley de Caín» que tiene como referencia una guerra fratricida de hace ochenta años y cabalga sobre el odio que ha vuelto al paisaje nacional. Con el referéndum de 1976 y la Constitución de 1978 se consiguió una reconciliación que no debería haber tenido retorno.
Los dirigentes socialistas Largo Caballero y Prieto tienen dedicados sendos monumentos en Madrid, lo que supone, a mi juicio, un homenaje a dos golpistas, ya que participaron en la preparación y ejecución –y así lo reconocieron ambos– de la cruenta revolución de Asturias de octubre de 1934 contra el Gobierno legítimo de la Segunda República. El ministro, embajador e intelectual republicano Salvador de Madariaga escribió: «El alzamiento de 1934 es imperdonable (…). Con la rebelión de octubre de 1934 la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936».
Las Cortes no han condenado, y ningún Grupo parlamentario lo ha pedido, el asesinato de José Calvo Sotelo, uno de sus miembros destacados. Calvo Sotelo no cuenta con un busto en el Congreso de los Diputados, como, por ejemplo, Prieto o Besteiro. Por supuesto, tampoco han condenado las Cortes, y no ha habido petición alguna al respecto, la revolución de Asturias. Esa otra «memoria histórica» es inconveniente. Se evidencia un buenismo incomprensible.
En una Tercera de ABC, publicada el día 22 de junio de 2012, concluía yo: «Si el Gobierno es consecuente con las posturas asumidas cuando ejerció la oposición, derogará esa ley». Respetando las estrategias políticas, me pregunto el motivo por el que no se derogó una ley que mantiene abierto el odio de Caín, sobre todo cuando con una amplia mayoría parlamentaria podía haberse hecho. Me consta que mi inolvidable compañero Alejandro Muñoz Alonso se preguntó lo mismo hasta el día de su muerte.
Juan Van-Halen, escritor y académico correspondiente de las Reales Academias de Historia y Bellas Artes de San Fernando.