La ley de la Ciencia

El Congreso acaba de aprobar, por unanimidad de los componentes de su Comisión de Ciencia, el proyecto de una ley de la Ciencia que. Que Gobierno y Congreso se hayan ocupado de la ciencia es buena noticia. Durante mucho tiempo sólo los investigadores afirmaban la importancia de la I+ D, pero desde ya hace algunos años es una opinión ampliamente compartida: políticos, empresarios, sindicatos, etcétera. Incluso la compartían todos los responsables de las haciendas. Ahora hay una opinión general de que sólo con más I+ D+ i saldremos de la crisis. Así conviene que una ley ampliamente acordada ponga las bases para que la I+ D+ i pueda jugar su papel en la recuperación.

Los países de nuestro entorno en los que la crisis no ha tenido tantos efectos han afrontado la crisis con más medios. En España, después de años de incrementos, hemos sufrido un par de años de recortes en ciencia y un aumento en la burocracia de la gestión. El nuevo marco contempla la creación de entidades, incluida una agencia, para agilizar el sistema y darle estabilidad. Es cierto que la ley no se acompaña de compromisos presupuestarios, cosa harto difícil en nuestra coyuntura, pero se puede pensar que la voluntad política es apostar por la I+ D+ i cuando el año 2011 el presupuesto del MICINN se ha mantenido casi constante en un contexto de reducción del entorno del 15%.

La ministra suele afirmar que España ya ocupa el noveno puesto en el ranking de las publicaciones científicas, aunque nuestra comunidad científica aún es débil si la comparamos con las de los otros países de nuestro entorno. También suele decir que andamos bastante mal en lo que se refiere a la explotación de los resultados, como se observa al contemplar nuestra contribución a nuevas patentes. Y aquí sí que la nueva ley introduce cambios dirigidos a facilitar la innovación, la transferencia de conocimientos y la movilidad.

Que todo ello no es tarea fácil se puede suponer por el tiempo que se ha tardado en gestar la ley. El que finalmente haya tenido una tan amplia aprobación es buena noticia, ya que debería proporcionar estabilidad al sistema. Tras diversos borradores, la lectura del texto que se ha sometido al Senado permite preguntarse si esta es la ley ideal. La respuesta, para mí, es la del vaso medio lleno, pero en este contexto es muy difícil de llenar más.

En España, mayoritariamente, la investigación pública corre a cargo de personal interino y funcionarios. Los primeros desean tener garantizado un puesto fijo en el sistema público, cosa difícilmente defendible de manera objetiva. Es cierto que andamos mal de investigadores, pero el reclutamiento se debe hacer en función de la oferta pública - que debería aumentar cuando las circunstancias lo permitan-y no de la demanda. También todos aspiran a llegar al estatus funcionarial. Los funcionarios, por su parte, son reacios a que se alteren sus derechos adquiridos, garantizados por una ley de funcionarios que no es lo más adecuado para facilitar un trabajo competitivo como la investigación.

Creo que gran parte de las críticas no aprecian la enorme dificultad que en este país representa hacer una ley ampliamente aceptada, que debe hacer muchas concesiones a colectivos numerosos. Curiosamente los investigadores, que son críticos en sus campos respectivos son, a mi entender, poco críticos y realistas cuando juzgan las labores de otros. Los que no tienen situación estable critican la ley, porque no ven garantizada su continuidad, sin apreciar que esta garantía no existe en los países más avanzados. Y los funcionarios no aprecian la gran dificultad de romper el modelo funcionarial. En resumen, una papeleta difícil de gestionar. Además la comunidad investigadora, tan buena publicando, no suele apreciar los avances en materia de innovación que contempla la ley.

Lo que es importante es cómo se aplique la ley. Se cumplirá que en el plazo de un año se habrá creado la agencia? Cuál será su reglamentación? Ante esta ley, como es usual, hay dos puntos de vista: el de los que consideran que sólo se puede hacer lo que dice la ley y el de los que consideramos que se puede hacer todo lo que no está explícitamente prohibido. En este sentido, entiendo que la ley no prohíbe abrir vías paralelas más ágiles y eficientes, quizás en forma de nuevos centros de investigación con nuevos sistemas de gobierno, como ya se ha hecho en algunos casos con la ley vigente. Ni prohíbe abrir una nueva línea de personal no funcionarial tal como ya también se ha hecho. De hecho, parece prometedora la vía de los contratos de investigador distinguido. Y, aunque no todos los problemas de nuestra investigación sean de dinero, nadie prohíbe tener la esperanza de que cuando la crisis amaine vuelva a haber recursos crecientes en los presupuestos para el sistema.

Por Ramon Pascual, profesor de la UAB.

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