La ley de lenguas, defendida

Desde hace unos años un grupo de personas promovemos la aprobación de una ley de lenguas que pacifique la lamentable y corrosiva querella lingüística en España. La idea, en esencia, consiste en importar para nuestro país un concepto y un principio que en otras democracias multilingües sirven para ordenar la convivencia entre hablantes: el concepto es el de derechos lingüísticos, desconocido por nuestra legislación. El principio se resume en la idea de que, en una democracia, los derechos lingüísticos son de los administrados y las obligaciones de las administraciones.

La expresión más articulada de la propuesta figura en un libro de reciente aparición: Por una Ley de Lenguas: Convivencia y Plurilingüismo (Deusto) de Mercè Vilarrubias. En la medida en la que el reconocimiento de los derechos tendría que abarcar a todos los hablantes –es decir, a los castellanohablantes frente a sus administraciones autonómicas, pero también a los hablantes del lengua co-oficial frente a ciertos organismos de planta estatal– la propuesta es vulnerable a la desfiguración interesada de quien quiere hacer creer que se busca edificar una costosa y absurda administración enteramente tetralingüe, que multiplicaría todo por cuatro en desmedro de la lengua común. No es así: la propuesta se aleja de estos derroteros, como puede comprobar cualquiera que se acerque a ella de buena fe.

La propia Vilarrubias ha publicado hace poco un artículo en El Mundo (Una reforma lingüística) donde se aclaran algunas dudas. Yo aquí me las habré con la batería de objeciones que nos hace a Mercè y a mí –en tanto que autor del prólogo del libro de Vilarrubias– Pedro Gómez Carrizo en Las Lenguas de Taifas (EL ESPAÑOL, 28 de agosto). Aunque pensamos que nuestro objetor habría conseguido hacer llegar sus planteamientos de igual modo prescindiendo de algunos adjetivos que alegremente nos dispensa, nos alegra que la ley de lenguas sea debatida, escrutada y comentada. El libro se hizo con esa intención y bajo la premisa, creo que compartida por todos, de que la actual situación es tan indeseable como insostenible.

Gómez Carrizo empieza diciendo que la tesis principal del libro es «que los nacionalismos en España son nacionalismos lingüísticos, y que, por consiguiente, para resolver la crisis territorial lo que hay que hacer es oficializar el plurilingüismo en toda España». No, la tesis principal del libro es que los conflictos lingüísticos en España solo entrarán en vías de solución cuando el país se dote de un marco legislativo sistemático y justo que regule la convivencia sobre la base de los derechos de los hablantes. En el momento presente no disponemos de ese marco estatal comprensivo, sino de disposiciones dispersas, perdidas en reglamentos y sentencias, que han naufragado a la hora de contrapesar la normativa autonómica, que sí existe en abundancia, y no se basa en los derechos de los hablantes, sino en la consideración hacia las lenguas llamadas propias.

La frase que Gómez Carrizo da por tesis principal del libro es en realidad una tesis del prólogo, que firmo yo, donde abordo la etiología del conflicto territorial. En todo caso, la manera en que Gómez Carrizo intenta mostrar lo equivocado de mi diagnóstico –a saber, que en España los nacionalismos periféricos son de tipo etnolingüístico, y por tanto, los proyectos de separación se nutren de la idea, confesada o no, de que cada lengua debe poseer su propio Estado– me parece confusa. De hecho, el propio Gómez Carrizo termina por admitir que «ya desde 1892 […] la reivindicación lingüística no dejará de ser la piedra angular en la gran obra de la nación».

¿En qué quedamos, entonces? El desfase que el autor señala entre lo que aún no se dice en 1868 y lo ya sí se dice en 1892 parece de poca importancia y tiene explicación Es en esos treinta años cuando el nacionalismo, en España y en toda Europa, se hace definitivamente lingüístico, con el redescubrimiento y revalorización de las lenguas minoritarias del continente, como tiene bien explicado Hobsbawm en Nation and Nationalism since 1780: Program, Myth, Realtity (Cambridge University Press, 1992).

El caso de Valencia, aportado como ejemplo a favor de Gómez Carrizo, lo veo en cambio ejemplo a mi favor. Porque, si la cuestión de la lengua no es la primordial ¿por qué no se produce el contagio secesionista hacia Aragón? O también: ¿por qué se detiene en Murcia? Precisamente porque la lengua sí es nuclear el contagio se da hacia Valencia y Baleares. Por lo demás, cabría recordar que Joan Fuster era valenciano y no basó su idea de Països Catalans en otra cosa que en la contigüidad y comunidad lingüística entre estos territorios. En fin, ya sea porque se tiene la idea que la lengua es la misma, ya sea porque se cree que el valenciano es autónomo y distinto de catalán, resulta obvio que también en Valencia la lengua crea comunidad o antagonismo. Sorprende que Gómez Carrizo invoque el caso como contraejemplo de mi tesis, cuando más bien la confirma.

Por lo demás, basta ver el dato poco aireado pero bien conocido e irrefutable de que el independentismo, tanto en Cataluña como en País Vasco, correlaciona en alto grado con el uso de la lengua vernácula, para saber dónde está el motor inmóvil del conflicto territorial: en la idea de pertenencia a una comunidad lingüística distinta. Cuestión en absoluto desmentida por la boutade racista de Sabino Arana a la que alude en su artículo, que además es explicable por dos motivos: Arana no tenía el euskera como lengua materna, y disponía, además, de un marcador étnico aún más potente que la lengua y que en su época aún no había quedado desacreditado: el de la raza.

La secuencia «los nacionalismos en España son nacionalismos lingüísticos, y, por consiguiente, para resolver la crisis territorial lo que hay que hacer es oficializar el plurilingüismo en toda España» es de Gómez Carrizo, no mía. Decimos, sí, que el nacionalismo es lingüístico, pero no que para resolver la crisis territorial haya que oficializar el plurilingüismo en toda España. El plurilingüismo ya está oficializado en España. Lo que queremos es regularlo mejor, y no en «toda España», sintagma que induce a confusión, sino sólo en los ámbitos donde tenga sentido viabilizar el ejercicio de los derechos.

El libro de Vilarrubias no desconoce la existencia de una lengua común inveterada entre españoles, como dice Gómez Carrizo, y se esfuerza en desmontar la absurda idea de que se aspira a montar una administración tetralingüe. Al tiempo, intenta localizar los ámbitos, de riguroso ámbito estatal, donde sí parece razonable, basándose en las mejores prácticas de otros países, que los ciudadanos de lengua co-oficial puedan hacer valer sus preferencias lingüísticas.

¿Puede un acusado prestar declaración en catalán ante el Tribunal Supremo? Creemos que sí, como lo cree también el propio tribunal, que lo ha venido admitiendo en su práctica reciente. ¿Le parece mal eso a Pedro Gómez Carrizo? Que lo diga. ¿Puede un vasco exigir ser atendido en euskera en un hospital o empresa pública de Málaga? Creemos que no, porque, excepción hecha del ámbito educativo, la ley no busca imponer un régimen lingüístico a las Comunidades distinto del que marquen sus estatutos de autonomía y –en contra de lo que parece sostener Gómez Carrizo en su artículo– la propuesta no va más allá de exigir a la administración periférica del Estado que atienda en las lenguas oficiales en la Comunidad en la que se ubica; no en otras lenguas oficiales españolas.

¿Puede escolarizarse en gallego alguien en Murcia? No parece que tenga sentido. Pero sí lo tiene que cada comunidad sin lengua co-oficial incluya en sus currículos, de manera optativa, nociones de lenguas co-oficiales de otras comunidades o que incluso, allí donde hubiera demanda, se plantease la apertura de colegios bilingües (tal y como hizo Esperanza Aguirre en Madrid con la apertura del Instituto Josep Tarradellas). Como se ve, una pauta se repite: allí donde la propuesta se preocupa de ser razonable y mesurada, sus detractores se lanzan sin frenos por la pendiente de la reducción al absurdo para ridiculizarla. No parece la manera más honesta de discutir.

Comentemos el caso del Museo del Prado. En efecto, se sugiere que sería interesante que rotulación y catálogos de museos tan emblemáticos estuvieran disponibles en las cuatro lenguas co-oficiales (cuatro, no siete, diez o catorce: otro ejemplo de reducción al absurdo). Evidentemente, para un gallego encariñado con su lengua vernácula, que los hay y muchos, leer Museo do Prado a su entrada en la pinacoteca española no tiene ninguna función comunicativa. Pero sí tiene una función simbólica importante: su Estado reconoce la importancia que para él tiene la lengua de Rosalía. El efecto es político: el vínculo se fortalece.

Y es a esto a lo que me refiero cuando digo que España tiene una lengua común pero no una lengua nacional: la extraordinaria valencia comunicativa del español no se traduce en una equivalente fuerza aglutinante o cohesionadora. Volveré sobre esto más abajo. En todo caso, y por rematar el asunto de los museos, Gómez Carrizo no entiende que el argumento se le vuelve en contra desde su punto de vista de castellanohablante agraviado en Cataluña. Algo me dice que no le importaría ver rotulación bilingüe en el viario de Barcelona, ni tampoco que los museos dependientes de la Generalitat usaran el español en igualdad con el catalán: ¿cómo defender esa postura si de las lenguas nos debe importar solo su valor comunicativo y sin duda él entiende bien el catalán? Dado un contexto, resulta fácil defender que la lengua económica y útil es la que hablamos nosotros. Lo que pasa es que el contexto no siempre juega a nuestro favor.

Creemos que el Estado no pone en valor su actividad en pro del multilingüismo. Y una de las razones es porque muchas medidas de este tipo, se realizan por inercia administrativa, de manera que no capturan la imaginación de la opinión pública. De ahí también una de las virtudes de una ley que, como toda ley, llevaría en sí misma la vocación de dar publicidad. Si no creyéramos en su utilidad, no la defenderíamos.

Contrariamente a lo que expresa Gómez Carrizo, lo que nuestra propuesta hace es abstenerse precisamente de legislar sobre los sentimientos. No queremos adoctrinar a nadie en la idea de que debe amar su lengua propia o que, por el contrario, debe abrazar la común, por tener mayor alcance. Damos los sentimientos por supuestos, sabemos que no son coincidentes, y entendemos que no hay ninguna razón para obligar a nadie a cambiar los suyos; decimos: arreglemos pragmáticamente la cuestión estableciendo los derechos de cada uno.

Nuestra propuesta es sanamente liberal. El Estado no debe imponer deberes morales hacia la lengua, sea la común o la propia, sino garantizar los derechos de los hablantes, que ya sabrán lo que les conviene. Esta es la razón, por cierto, por la cual el bilingüismo federal en Canadá no ha hecho cambiar de opinión a más de un nacionalista quebequés militante en su monolingüismo: la ley no quería hacerle cambiar de sentimiento, sino asegurar los derechos lingüísticos de todos frente a la intransigencia de los demás.

Conviene realizar algunas puntualizaciones sobre el caso de Canadá. Trudeau no inventó el sintagma de “Las dos soledades”. Proviene de una novela de 1945 de Hugh MacLennan, Two solitudes. Por lo demás, la oficialización del bilingüismo federal data de 1969 con la aprobación de la Offcial Languages Act. Eso quiere decir que durante más de un siglo, el inglés sí funcionó como lengua franca de la Federación (que tuvo insignes primeros ministros francófonos durante este tiempo). Si se hizo una transición hacia el bilingüismo federal no fue por problemas de tipo comunicativo, sino políticos y de pertenencia. Por ese lado, como se ve, la situación no es opuesta a la nuestra. Sí es distinto, en efecto, el número de lenguas: dos allí, cuatro aquí. Podrían ser más aquí, cierto, pero también allí, incluso centenares, si incluimos la lengua inuit hablada en la provincia de Nunavut o las lenguas propias de los pueblos aborígenes.

Como se ve, a la reducción al absurdo es algo a lo que todos podemos jugar. En todo caso, es cierto que el castellano o español tiene una tradición como lengua común en España que no se puede ignorar: es por eso que siempre hemos dicho que de lo que se trata es de garantizar derechos fundamentales sin merma de que el español siga siendo la herramienta eficaz que es ahora. El libro de Mercè Vilarrubias se cuida mucho de hacer compatibles ambos objetivos, y no es justo dar a entender que no lo hace.

Mercè avanza algunas cifras en su libro sobre la oficialización del multilingüismo. Le parecía honesto hacerlo: toda propuesta de ley debe tener su memoria económica. Pero el cálculo final vendrá después de un largo trabajo colectivo y consensuado: evidentemente, lo que resulte disparatadamente caro, no se hará. Gastos públicos disparatados, por lo demás, hay muchos: la mayoría no reciben atención por el público. A nosotros nos parece que si una décima del dinero que se derrocha en otros asuntos puede ayudar a mejorar el clima de concordia y de unidad en nuestro país, estará bien empleado.

No comparto en absoluto la idea de Gómez Carrizo de que, con la ley de lenguas, «el Estado quedaría maniatado y otorgaría graciosamente herramientas legales a los nacionalistas para insistir en su labor de acoso y derribo». Es justo al revés: el Estado está maniatado ahora. Cuando el anterior gobierno quiso asegurar los derechos de escolarización en español en Cataluña se encontró con que no tenía instrumentos normativos para hacerlo: tan solo sentencias que habían interpretado leyes autonómicas sin derogarlas abriendo la cuestión a batallas legales infinitas.

Hable Gómez Carrizo con los ex ministros Wert o Méndez de Vigo: le dirán eso, que estaban maniatados. La ley de lenguas precisamente pide que el Estado se implique y se dote de un marco normativo eficaz para evitar abusos en el respeto de todos. Es decir, algo cuyo resultado sería funcionalmente equivalente a «la recuperación de competencias» que pide Gómez Carrizo. Por lo demás, Gómez Carrizo no se fía de nosotros cuando decimos que está en nuestro ánimo asegurar derechos lingüísticos para los castellanohablantes. Y llega a decir, con falsedad, que defendemos un rebaja del estatus del español en las comunidades. No, para nada. En cien lugares distintos del libro se lamenta la situación de subalternidad de los hablantes de español en las comunidades bilingües en relación con su gobierno (que alcanza su paroxismo excluyente en Cataluña) y se pide corregirla.

En realidad, lo que dice Gómez Carrizo en este punto es casi difamatorio: Mercè Vilarrubias, catalana de lengua materna catalana, es conocida por su activismo a favor de los derechos de los catalanes de lengua materna castellana. En este nuevo libro, su posición no ha cambiado un ápice.

En cuanto a que la ley de lenguas «está impregnada de este tercerismo buenista con aroma a PSC»… Ay, Gómez Carrizo, si usted supiera la de discusiones que hemos tenido Mercè y yo con la oficialidad del PSC en material de lenguas, no haría estos comentarios. La situación es la contraria de la que usted describe: hasta ahora el PSC no se ha mostrado interesado en la idea de una ley de lenguas precisamente porque entienden que introducir en Cataluña la noción de «derecho lingüístico» obligaría a reformar la inmersión lingüística uniforme y obligatoria. Así que difícilmente puede tener nuestro pensamiento la misma inspiración. El tercerismo no quiere una política lingüística para el Estado (tal es nuestra propuesta) sino el blindaje de la que ya hay en Cataluña: precisamente para ofrecer una alternativa a un blindaje del insatisfactorio statu quo lingüístico catalán se escribió este libro: abriendo el ángulo y ofreciendo una solución global para España.

La ley habla de derechos y de reconocimiento, intentando conciliarlos. En realidad, el concepto preferido no es el del reconocimiento, sino el de inclusión. No es fácil defenderse de los juicios de intenciones del Gómez Carrizo. Quizá sí hubiéramos hecho una propuesta para proteger solamente los derechos de los castellanohablantes agraviados como él la habría visto con mejores ojos. Pero hemos pensado que era mejor hacer una ley para todos, con independencia de la lengua con la que se identifica o de sus ideas sobre las lenguas.

Si Mercè y yo tomáramos partido por lo diverso en detrimento de lo común, ella sería una catalana independentista y yo un madrileño partidario de la autodeterminación de los pueblos de España. Porque nos tomamos en serio lo común, no somos ni lo uno ni lo otro. Pero lo que Gómez Carrizo no entiende es que nuestra propuesta no va de saber si hay que potenciar la lengua común o la propia. Creemos que mientras mantengamos la discusión en el nivel de las lenguas, el nacionalismo ganará. Unos dirán: ¡Protejamos la lengua propia! ¡La diversidad es riqueza! Otros responderán: ¡Potenciemos la lengua común! ¡La unión hace la fuerza! Esta discusión tiene su interés, pero no debería ser nuestra preocupación primordial, que es la de asegurar los derechos de cada uno con independencia de su filosofía lingüística.

Dicho esto, debo decir que la frase «España tiene una lengua común, pero no tiene una lengua nacional» es mía y no pertenece al corpus del libro. Pero Gómez Carrizo no lee bien. No niego al español su condición de lengua nacional, digo que España no tiene una (única) lengua nacional, sino al menos cuatro, es decir, aquellas que han demostrado tener la fuerza suficiente para generar proyectos nacionales alternativos al español. Pero estos son cosas mías que no son de gran importancia para el meollo de la propuesta de Vilarrubias, que es, insisto: dejemos de hablar de las lenguas, hablemos de los hablantes. Es decir, como sintéticamente dice en su libro, pasemos de un paradigma en el que los gobiernos imponen deberes morales de los ciudadanos hacia las lenguas, a uno en que el Estado garantiza los derechos de los hablantes.

Cuesta ver donde está «el peligro» que Gómez Carrizo va esta propuesta, nacida precisamente contra la discriminación que el padece en Cataluña, pero que no podía por menos que ocuparse también de la sensibilidad de los millones de españoles que se sienten identificados preferentemente con una lengua distinta del castellano o español.

Gómez Carrizo se duele al terminar su artículo de que los padres fundadores de la nación prestaran más atención al vínculo religioso que al lingüístico. Sobre esto tengo alguna opinión, que quizá podamos hablar algún día él y yo. Por ahora me limito a decir: ¡Qué se le va hacer! ¡No somos Francia! Ni Portugal, que solo tiene una lengua, ni Italia, que tiene varias, pero donde el toscano sí funciona, además de cómo lengua común, como lengua nacional, es decir, como italiano. Somos España.

Afortunadamente, a Vilarrubias y a mí nos gusta el país que tenemos y precisamente por ello querríamos que nuestros conciudadanos se enfrentaran menos por el tema de las lenguas. Para conseguirlo, se nos ha ocurrido proponer una ley. Una ley que no tenemos. Proponer una ley para regular un conflicto podrá ser ingenuo, pero es el método civilizado desde hace unos cuantos miles de años para arreglar problemas de convivencia. Si alguien tiene una idea mejor, que nos la cuente.

Juan Claudio de Ramón es escritor y diplomático.

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