La ley de Putin

El presidente ruso, Vladímir Putin, muestra un creciente desdén por el derecho internacional, postura que tal vez no se aprecia con mayor claridad que en el continuado apoyo militar de su Gobierno al régimen de Bashar el Asad en Siria. Sin embargo, a la vista del régimen autoritario de Putin en su país, su concepción del derecho internacional como poco más que un instrumento de política exterior no debería constituir una sorpresa.

Cuando el régimen de Putin quiere sofocar a la oposición, por regla general utiliza disposiciones pintorescas e inverosímiles del Código Penal de Rusia. Por ejemplo, las jóvenes artistas femeninas –ahora indultadas– de la banda punk Pussy Riot, que se atrevieron a cantar canciones despectivas sobre Putin en una iglesia ortodoxa, fueron acusadas de “gamberrismo motivado por odio religioso” y recibieron una sentencia de dos años de cárcel.

De igual modo, el político de la oposición y abogado Alexéi Navalni fue condenado por haber prestado asesoramiento jurídico deficiente a una empresa maderera provincial que provocó que la firma perdiera dinero, un delito que conllevó una pena de cinco años de cárcel. Afortunadamente, las autoridades suspendieron la sentencia tras las protestas masivas en Moscú de partidarios de Navalni, pero la condena sigue vigente y ha dificultado aún más el activismo político.

Los juicios por motivos políticos comenzaron a aumentar hace diez años con el encarcelamiento de Mijaíl Jodorkovski –también indultado la semana pasada por Putin–, que fue jefe de Yukos, la mayor empresa petrolera privada de Rusia, después de haber pasado por alto las advertencias de no apoyar a los opositores de Putin. Desde entonces, ha habido cientos de detenciones por motivos políticos y sentencias excesivas. Más recientemente, las autoridades calificaron de disturbio una pacífica protesta contra el Gobierno por parte de una veintena de jóvenes moscovitas, a pesar de las imágenes en directo por internet, que no mostraban disturbios.

Putin se sintió profundamente ofendido por la reacción negativa en las calles y en la prensa después de su controvertida elección en el 2012 para un tercer mandato presidencial y acusó a la oposición y a Occidente de intentar minar su figura. Ya sea que esta reacción refleje una actitud de mezquindad personal o unas perspectivas intransigentes e inflexibles de un exagente del KGB, su hostilidad hacia Occidente, especialmente Estados Unidos, resulta inquietante.

A principios de este año, Putin mostró la profundidad a la que puede hundirse al castigar a presuntos opositores. Después de que EE.UU. aprobara una ley destinada a sancionar a autoridades rusas responsables de presuntas violaciones de derechos humanos, el Gobierno de Putin prohibió que familias estadounidenses adoptaran huérfanos rusos, miles de los cuales encuentran cada año hogares felices en EE.UU. Cientos de niños, muchos de ellos con una discapacidad, ya habían conocido a sus futuros padres y se preparaban para una nueva vida cuando se impuso la prohibición; se les dijo que los aspirantes a ser sus padres adoptivos habían cambiado de opinión.

Cada año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recibe de 10.000 a 14.000 quejas de Rusia, la cifra más alta de Europa. Algunas resultan en la anulación de condenas injustas e indemnización a las víctimas (aunque Rusia rara vez indemniza a chechenos maltratados por las fuerzas armadas de Rusia). Hasta ahora, Moscú ha respetado en general las sentencias del mencionado tribunal europeo. Pero el 23 de octubre, el Tribunal Supremo rechazó por primera vez de forma oficial una decisión del organismo europeo en un caso relativo a Alexéi Pichuguin, próximo a Jodorkovski y jefe del servicio de seguridad de Yukos, que había sido condenado a cadena perpetua por fraude. El tribunal europeo pidió que la condena de Pichuguin se redujera y el Gobierno de Rusia lo compensara por “el daño moral”.

Este no fue el único caso en que Rusia ha dado la espalda a sus compromisos internacionales. El Ministerio de Exteriores anunció que Rusia no acataría la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en una demanda de los propietarios de un buque utilizado por Greenpeace. La demanda surgió de un incidente en septiembre, cuando los activistas de Greenpeace, en el marco de la campaña global Salvar el Ártico, intentaron colocar una pancarta de protesta en la plataforma petrolera rusa Prirazlomnaya. Fueron detenidos por los guardias fronterizos rusos y encarcelados en Murmansk; su barco, el Arctic Sunrise, de propiedad holandesa, les fue asimismo incautado. Su capitán estadounidense, Peter Willcox, y su tripulación internacional fueron detenidos y acusados de piratería, aunque finalmente también fueron indultados por Putin hace unos días.

La creciente tendencia del Gobierno de Putin a eximirse a sí mismo del cumplimiento del derecho internacional es peligrosa para el mundo, pero es probable que se demuestre aún más peligrosa para Rusia.

Andrei Malguin, autor de “Un asesor del presidente”.

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