La declaración de principios suscrita entre los dos socios de Gobierno en diciembre de 2019 hablaba de “la vivienda como derecho y no como mera mercancía”, pero Pedro Sánchez ha cedido al chantaje de Podemos para aprobar los Presupuestos de 2022 y ha aceptado una ley que, precisamente, convierte el derecho a la vivienda en mera mercancía política para permanecer en Moncloa.
Sánchez se convierte una vez más en rehén de Podemos, al intervenir el mercado de la vivienda en contra del interés general y de una política de vivienda eficaz, rechazando solventes informes de instituciones como el Banco de España o la Comisión Europea, que advierten de que el control de alquileres puede tener efectos no deseados.
El presidente del Gobierno ignora también las declaraciones contrarias a esta medida realizadas por su vicepresidenta primera, Nadia Calviño, antes de alcanzar el acuerdo de presupuestos. O las más recientes de presidentes de Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE, que ya han cuestionado la futura ley de vivienda.
Desconocemos las medidas exactas que contiene la futura ley de vivienda, pero sí sabemos lo que defiende Podemos y lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Cataluña, cuya ley de contención de rentas de alquiler no sólo hemos recurrido desde el Partido Popular, también lo ha hecho el Gobierno de Sánchez. Eso sí, sin pedir su suspensión para aliviar tensiones.
Y qué decir del Real Decreto Ley 1/2021, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que avala las okupaciones ilegales y las convierte en un mecanismo más de acceso a la vivienda, aprobado por el mismo Gobierno que rechaza las iniciativas que hemos propuesto desde el PP para proteger a los pequeños propietarios.
También sabemos (y ahí están las declaraciones de la ministra Ione Belarra) que, para sustentar las bondades de sus medidas, se crea desde Podemos esa falsa dicotomía entre el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y el derecho a la propiedad privada. Un antagonismo que no es tal, sólo otra gran y demagógica mentira que disfraza de política social el hurto de derechos constitucionales.
Efectivamente, es obligación de los poderes públicos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Una obligación que no conlleva implantar medidas inconstitucionales, como atacar a la propiedad privada o la libertad de los ciudadanos para que cada uno haga lo que quiera con lo suyo. Ni tampoco generar inseguridad jurídica ni ahuyentar la inversión.
Además, donde se han puesto en marcha estas medidas, como en Berlín o en Cataluña, los resultados obtenidos son contrarios al objetivo previsto, dado que se está produciendo una subida paulatina de precios porque nadie quiere poner sus viviendas en alquiler.
Otra de las grandes mentiras del argumentario comunista, que parece haber asumido ya el sanchismo, es que topar el precio del alquiler afecta únicamente a los grandes promotores o tenedores de vivienda cuando el 96% del mercado del alquiler está en manos de particulares y sólo un 4% en las de grandes inversores.
Por lo tanto, este ataque contra la propiedad privada es un ataque a los cuatro millones de familias ahorradoras que han invertido una parte de su fondo de pensiones en sociedades de viviendas, y a 2,3 millones de pequeños propietarios que reconocen recibir rendimientos de alquileres en la Declaración de la Renta. Ciudadanos que, en muchos casos, ya están atravesando grandes dificultades, a causa de la okupación ilegal, después de dedicar los ahorros de años de esfuerzo a intentar garantizarse cierta tranquilidad económica a futuro.
Frente a esta política intervencionista y a los ataques a nuestro Estado de derecho del Gobierno social comunista, en el Partido Popular hemos defendido y defenderemos nuestra Constitución, los derechos y libertades fundamentales y la economía de libre mercado, por eso recurriremos esta ley ante el Tribunal Constitucional. Y frente a la propaganda, apostamos por la seriedad y el rigor en las propuestas que realizamos para garantizar una vivienda digna a todos los españoles.
Por eso, nuestro compromiso de redactar y aprobar una ley de vivienda, la primera en la historia de la democracia, que regule la fiscalidad, la disponibilidad de suelo y la función social de la propiedad; que establezca un marco común al concepto de protección de la vivienda, que delimite las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas y que incluya medias contra la okupación y mecanismos de colaboración público-privada. Una ley que dé seguridad jurídica y garantice que haya suficiente oferta para que bajen los precios.
Una ley que favorezca a todos los españoles y especialmente a los jóvenes, que no van a ver solucionado su problema para acceder a una vivienda con ayudas directas (como el bono de 250 euros que puede contribuir al encarecimiento del alquiler) si no van acompañadas de medidas a corto y medio plazo, como avales para la compra de vivienda, incentivos fiscales a la compara y al alquiler, convenios con entidades bancarias para préstamos blandos y puesta a disposición de suelo específico, entre otras.
En definitiva, en el PP tenemos principios, y los mantenemos; tenemos un proyecto de largo recorrido, con medidas concretas, y planteamos soluciones donde la izquierda crea problemas. Somos un partido responsable y preparado para gobernar al servicio de todos los españoles.
Cuca Gamarra es la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.