La ley del memorial democrático

Por Antoni Segura, catedrático de Historia de la UB (EL PERIÓDICO, 09/07/07):

En estos días se está tramitando en el Parlament el proyecto de ley del memorial democrático, cuando en Madrid parece imposible desatascar la tramitación del proyecto de ley de la memoria histórica antes de que finalice la legislatura. En Catalunya, es posible llegar a un acuerdo muy amplio que incluya a los tres partidos del Govern y la federación nacionalista. Esto, claro, si la necesidad de marcar terreno electoral no lo impide. Sería realmente una lástima, porque el proceso y los objetivos son muy diferentes a los de la ley estatal y todas las fuerzas democráticas que sufrieron la represión franquista tendrían que avalar con su voto el memorial.
El proyecto de ley no es, a estas alturas, solo sobre la memoria histórica, siempre plural y diversa y sujeta a diferentes percepciones de unos mismos hechos. Desde el proyecto inicial, presentado y decaído en la legislatura anterior, ha ido evolucionando gracias a la negociación entre las diversas fuerzas políticas, y el redactado actual, aunque en fase de negociación, apunta diversas cuestiones que no están presentes en el proyecto del Parlamento español. Es preciso apuntar algunas.

EN PRIMER lugar, el propio título indica algo que difícilmente puede rechazarse. Como en otros países europeos (Alemania, Italia, Francia, Hungría…), de América Latina (Argentina, Chile…) o de África (República Surafricana), que en el pasado sufrieron regímenes totalitarios, se trata de reafirmar el compromiso con los valores democráticos y con todas aquellas personas que a lo largo de la historia reciente sufrieron persecución a causa de sus opciones personales, ideológicas, religiosas, políticas o de conciencia. Precisamente la grandeza de los regímenes democráticos, y en esto se diferencian profunda y sustancialmente de los regímenes totalitarios, es su capacidad de reconocer la dignidad de todas las víctimas de la intolerancia.
En segundo lugar, no hay duda de que el referente anterior y más inmediato del actual sistema de libertades fue el régimen de la Segunda República, al que pone fin una rebelión militar que provocó una guerra civil con todas sus secuelas, entre las que sobresale la despiadada y terrible represión desencadenada en la retaguardia de las dos Españas. Al finalizar la guerra, la represión se prolongó, de forma institucional y sistemática, durante cuatro décadas de dictadura en las que la memoria de las víctimas de los vencidos fue condenada al olvido, mientras la memoria de las víctimas –algunas ilegítimamente apropiadas– de los vencedores fue enaltecida en monumentos, calles, conmemoraciones, martirologios, etcétera. Parece, pues, lógico sacar del olvido a las víctimas de la represión franquista y dignificar su recuerdo como se merecen. Este es también, por tanto, uno de los objetivos esenciales e irrenunciables del memorial democrático.

EN TERCER lugar, y principalmente desde posiciones que se reclaman de la izquierda o del catalanismo, también sería cerrar en falso el debate sobre nuestro pasado más reciente si se olvidara la brutalidad a la que llegó en Catalunya la represión en la retaguardia republicana. Especialmente, la persecución religiosa, pero también la que tuvo lugar dentro de las propias fuerzas republicanas: La Fatarella, mayo de 1937, frente de Aragón, etcétera. El contexto de la guerra civil nunca puede justificar la brutalidad de una represión a menudo impregnada de una intolerancia y un sectarismo extremos, cuando no de intereses personales inconfesables y nada políticos. Manuel Carrasco Formiguera fue asesinado en Burgos por Franco en 1938, pero había tenido que huir de Barcelona para conservar la vida.
Otros, republicanos y catalanistas, en julio de 1936 emprendieron el camino de un exilio del que ya no regresarían. Muchos no pudieron exiliarse y lo pagaron con su vida. Se podrá objetar, legítimamente, que sin el golpe de Estado no habría habido represión. En efecto, las responsabilidades últimas recaen en los sublevados, pero esto no exime de culpa a los asesinos que aprovecharon las circunstancias para enriquecerse o saldar deudas pendientes a costa de la vida de otros.

POR ÚLTIMO, no hay que confundir las responsabilidades de los golpistas con las de las autoridades republicanas. No son equiparables. La dictadura franquista surge de un golpe de Estado contra un régimen legítimo y constitucional, la Segunda República. Por otro lado, mientras en la España franquista la represión adquirió desde el primer momento un carácter institucional y fueron las autoridades militares y civiles las que la llevaron a cabo durante la guerra y a lo largo de una larga e interminable posguerra, en la España republicana la represión se realizó en contra de las disposiciones de las autoridades que, como en el caso de la Generalitat, intentó, por todos los medios, salvaguardar la vida de víctimas inocentes.
En todo caso, puede acusarse al Govern de Companys de debilidad y de no haber sabido ejercer el poder que le correspondía, principalmente entre julio y septiembre de 1936, pero no de connivencia con los crímenes que se cometían.
En definitiva, justo reconocimiento de las víctimas de la represión franquista condenadas durante décadas –también durante la democracia– a la doble muerte del asesinato y del olvido. Pero recuperación también de toda la dimensión de la tragedia de la represión y dignificación de todas las víctimas con independencia de sus creencias o ideología. De ahí el acierto de considerar que el memorial debe centrarse en la etapa 1931-1980, es decir, desde la proclamación de la República hasta el primer Govern elegido democráticamente en Catalunya después de la guerra civil.