LA TDT, la forma en la que, cada día, la inmensa mayoría de los ciudadanos ve la televisión, está obligada a un cambio que afectará a la práctica totalidad de los edificios de viviendas de nuestro país, unas 850.000, en un plazo relativamente corto. Alrededor de 38 millones de ciudadanos en la práctica totalidad del territorio (excepto siete zonas: La Coruña Norte y Sur, Asturias, Barcelona, la isla de Menorca, Murcia Norte y Toledo) se verán afectados por los cambios consecuencia del segundo Dividendo Digital, al igual que ocurrió con el primero de 2014-2015, y del que seguro que muchos ciudadanos guardan recuerdo por los pequeños o grandes trastornos que pudo ocasionarles. Básicamente, se trata de desplazar las televisiones en el espectro radioeléctrico con el fin de dejar espacio a la telefonía para el despliegue de la nueva generación de transmisión móvil en 5G. Es lo que se conoce como el proceso de liberación del segundo Dividendo Digital.
No es exagerado decir que, además de ineludible, se trata de un cambio que no admite retrasos por lo ajustado de la planificación realizada, necesaria para cumplir con los compromisos adquiridos en el ámbito de la Unión Europea para desplegar el 5G y llevar a cabo, de forma coordinada y simultánea, la fortísima inversión necesaria para el mencionado despliegue de la banda ancha móvil.
La complejísima parte técnica de este proceso ha sido ya efectuada por la Administración, y se plasma en un proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de TDT y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo Dividendo Digital, en estos momentos en tramitación, pendiente tan solo de informes preceptivos y de su aprobación formal.
La convocatoria anticipada de elecciones generales, aunque no impide llevar a buen término el proyecto de Real Decreto, sí podría condicionar el desarrollo del mismo, de ahí la importancia -es más, la exigencia- de aprobar en plazo los elementos centrales que condicionan el éxito de esta misión. Conviene subrayar que cualquiera que sea el resultado de los comicios, el límite temporal fijado por la Unión Europea seguirá siendo el mismo y en consecuencia la tarea pendiente aplazada se convertiría en una pesada carga para la Administración, con graves consecuencias para el conjunto de la sociedad española, y que como cuestión de Estado no puede ni debe verse afectado por el proceso electoral.
Es más, la hoja de ruta nacional para la liberación del segundo dividendo digital se realizó por el Gobierno del Partido Popular y fue ratificada y publicada por el Gobierno del PSOE en junio de 2018, cumpliendo los plazos fijados por la UE y contando con el consenso y apoyo de todos los actores del sector audiovisual y de las telecomunicaciones que operan en España.
Dos son los pivotes básicos que han de aprobarse para la ejecución, con unas mínimas garantías, de este proyecto antes del próximo 15 de abril: el real decreto por el que se aprueba el Plan Técnico de la TDT y la dotación económica necesaria para su financiación en este ejercicio 2019 y así minimizar la repercusión negativa de esta migración para los ciudadanos y radiodifusores.
Este proceso necesita potentes campañas informativas, contando con las organizaciones de consumidores, administradores de fincas o instaladores de telecomunicaciones, con el fin de que los ciudadanos puedan conocer que deben adaptar sus instalaciones de recepción, cómo solicitar y obtener las compensaciones a las que pueden acogerse y cuándo resintonizar sus televisores.
El coste de estas actuaciones precisará una ampliación presupuestaria, pero con toda seguridad será muy inferior a los ingresos que se producirán por la licitación de las frecuencias que se abandonan por la TDT para facilitar el desarrollo del 5G, y además generarán importantes beneficios para la economía española en su conjunto, en términos de inversión, empleos e incremento de la competitividad.
Estamos ante un proceso ineludible y urgente, por comprometer actuaciones que solo pueden efectuarse en el marco coordinado europeo y que condiciona un aspecto esencial de nuestro desarrollo tecnológico, por lo que es imprescindible que pueda ser desarrollado adecuadamente en los plazos ya aprobados, para no provocar graves perjuicios a ciudadanos y televisiones públicas y privadas.
Ángel García Castillejo es abogado y secretario de Televisión Abierta.