Se avecina una crisis para la libertad académica en Europa. Cuando la libertad académica se convierte en blanco de críticas en Occidente la gente suele suponer que se trata de una cuestión marginal confinada a países como Hungría, que se han tornado cada vez más autoritarios. Pero una evaluación honesta demostraría que el problema se ha extendido mucho más de lo que los europeos y americanos prefieren aceptar.
Es cierto, la situación no es buena en la Hungría del primer ministro Victor Orbán, un país de la Unión Europea donde eliminaron la protección constitucional a la libertad académica, negaron la acreditación como curso académico a los estudios de género y nombraron rector de la Universidad de Teatro y Cine de Budapest a un excoronel del ejército; pero pensemos en Francia, donde la ministra de Educación Superior e Innovación, Frédérique Vidal, acusó a las universidades del país de promover el «islamoizquierdismo» (Islamo-gauchisme) y lanzó una investigación sobre la totalidad del campo académico de estudios poscoloniales.
La amenaza no se limita a la UE, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, que durante mucho tiempo fueron el ejemplo de la libertad académica, los responsables de las políticas parecen estar dispuestos a unirse a las filas del régimen iliberal húngaro. En EE. UU., las legislaturas estatales controladas por los republicanos están redactando leyes para evitar que enseñen la «teoría crítica de la raza» y otras especialidades académicas en las escuelas públicas.
En el Reino Unido, mientras tanto, el gobierno publicó recientemente un informe oficial —«Educación superior: libertad de expresión y libertad académica» (Higher education: free speech and academic freedom)— que parece solicitar restricciones radicales a la libertad académica en las universidades británicas. En un gesto verdaderamente orwelliano el gobierno desea nombrar un «defensor de la Libertad de Expresión y Académica» en el Departamento de Asuntos Estudiantiles. Aunque el primer ministro Boris Johnson probablemente no llegue a tanto como nombrar a un exfuncionario militar en ese puesto, indudablemente elegirá a alguien con sólidas credenciales partidarias.
La crisis de la libertad académica es en parte política y normativa: incluye amenazas y restricciones legales a la investigación y la educación. Se trata, en esencia, de ataques contra la propia noción del conocimiento como bien público (aunque los disimularon mejor que en países como Turquía o Rusia), pero la crisis también tiene una dimensión intelectual, que proviene de la falta de un concepto compartido sobre la forma en que se debe adaptar la libertad académica a esta época.
La libertad académica es un desafío mundial, pero Europa tiene un problema particular con ella: allí la educación superior fue transformada por la creación de un Espacio Europeo de la Enseñanza Superior (EEES), un proceso que comenzó en 1999. EL EEES está conformado actualmente por 49 países y ha creado un espacio común para la educación superior con modelos y normas compartidos, intensos intercambios y regulaciones, e instituciones conjuntas, que trascienden las jurisdicciones nacionales y las tradiciones académicas.
Sin embargo, a pesar de estos notables cambios, las tareas para desarrollar un concepto compartido de libertad académica adecuado al presente no siguieron ese ritmo; en lugar de ello, la libertad académica fue simplemente descuidada y hasta el consenso sobre su definición es muy limitado. Independientemente de que nos centremos en las políticas de educación superior o dirijamos la mirada hacia las propias universidades, sencillamente no existe una definición compartida del concepto, ni un reconocimiento común del motivo por el que es actualmente necesaria.
Los enemigos de la libertad académica se beneficiaron gracias a este vacío y lo aprovecharon para lograr beneficios políticos. Cuando la Comisión Europea demandó a Hungría en 2017 por infringir la libertad académica, señaló que había obligado a la Universidad Central Europea (UCE) a dejar el país. Pero el gobierno húngaro sostuvo que la UE no tenía jurisdicción, por la falta de una definición europea de libertad académica —legal o de otro tipo— sobre la cual basar sus planteos. Finalmente, lo que debió ser un caso ejemplar y claro sobre la libertad académica se convirtió parcialmente en una disputa sobre la provisión de servicios comerciales de acuerdo con las normas de la Organización Mundial del Comercio.
Por su parte, Vidal justificó su ataque a las universidades no solo con argumentos políticos y legales —específicamente, que es necesario restringir algunas disciplinas para proteger el imperio de la ley y evitar el terrorismo—, sino también con su propia definición tendenciosa de libertad académica. Con una táctica familiar de la extrema derecha, el gobierno francés intentó disfrazar su asalto a los estudios poscoloniales de proyecto de investigación, como si simplemente estuviera ejerciendo la libertad académica por sí mismo. Al enmarcar así la cuestión, el gobierno puede pretender que no está aplicando mano dura a los estudios poscoloniales por motivos políticos, sino llevando a cabo su propio «estudio» sobre la cuestión del islamoizquierdismo.
Hay antecedentes recientes de esta estrategia en el Reino Unido: en 2017 Chris Heaton-Harris, un parlamentario conservador, exigió que todas las principales universidades del país presentaran los planes de estudio y nombres de los instructores que enseñaban a sus alumnos sobre la brexit. En respuesta a la inevitable reacción negativa, su excusa fue que estaba «investigando» para un libro.
Las universidades no debieran ser instituciones políticas, pero para protegerlas de los ataques la acción política es, de todas formas, necesaria, porque la libertad académica es una cuestión política. La búsqueda libre y abierta del conocimiento como bien público es necesaria para el funcionamiento adecuado de la democracia.
La crisis de libertad académica exige entonces la resistencia intelectual, comenzando con un esfuerzo para desarrollar una comprensión compartida y actual del concepto en Europa. En esto los académicos podrían beneficiarse si trabajan con sus aliados en el Parlamento Europeo, donde hubo un sólido apoyo a la UCE durante sus dificultades con el régimen de Orbán y a la libertad para la investigación y la educación en términos más generales.
La pregunta, por supuesto, es cuál sería el concepto paneuropeo de libertad académica. ¿Podemos inspirarnos en la tradición europea de una epistemología racionalista y libre de prejuicios raciales, o necesitamos perspectivas nuevas y más sofisticadas? Después de una larga demora, las iniciativas para explorar esas cuestiones han comenzado. Es mi profundo deseo que estos esfuerzos no lleguen demasiado tarde.
Liviu Matei is Provost of Central European University and Director of the Global Observatory on Academic Freedom.