La Constitución Española de 1978 reconoce, en su artículo 27, dos derechos fundamentales en materia educativa: el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Con este doble reconocimiento se garantiza, de un lado, la educación a todos los ciudadanos y, de otro, se preserva el mayor pluralismo educativo posible, al permitir la creación de centros con carácter propio al margen de la escuela pública. Es decir, como en otros países libres, en España la educación no se circunscribe exclusivamente a la que da el Estado.
Entendemos, pues, que una sociedad libre y avanzada como la española tiene la obligación de respetar la libertad de enseñanza y favorecer las iniciativas educativas realmente privadas, dotándolas de una autonomía ampliada y diferenciada respecto a la educación sostenida con fondos públicos. La mayoría de los colegios realmente privados en España ofrecen proyectos educativos con elementos diferenciadores y con una marcada personalidad. Muchos de ellos son pioneros en diferentes innovaciones pedagógicas y en la aplicación de distintas metodologías. Colaboran en la conformación de una enseñanza de calidad desde la libre empresa. De ahí que sean muy celosos de su autonomía.
Tiene sentido, pues, que se les permita un mayor grado de libertad a la hora de organizar sus centros, de promover métodos diferentes, de definir los contenidos de sus enseñanzas e, incluso, de controlar sus propios rendimientos. Es preciso que dispongan de un espacio en libre competencia, más aún cuando son las familias las que sufragan directamente los gastos de enseñanza de sus hijos, ahorrando al Estado todo el coste que estaría obligado a soportar para prestar a esos alumnos la enseñanza obligatoria.
Sin embargo, la utilización política de la educación desde el ámbito autonómico (que ha favorecido el modelo de titularidad privada sostenido con fondos públicos por diferentes intereses: lingüísticos, ideológicos o económicos), la fuerte crisis económica y el descenso de la natalidad han dado lugar a un escenario en el que la iniciativa privada verdaderamente independiente tiene cada vez menos espacio. Y eso no es un buen síntoma para el progreso de un país en libertad. Los datos no pueden ser más reveladores. En varias comunidades autónomas (País Vasco, Navarra, Cantabria, La Rioja y Extremadura) y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ya no existe ningún centro educativo realmente privado de enseñanzas medias de currículo español. En otras, su presencia, aunque de calidad, es casi testimonial, como en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón, Baleares y Asturias. Las únicas que mantienen un número significativo son Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia y Madrid, aunque muchos de los centros en estas regiones imparten exclusivamente currículos extranjeros.
Por otra parte, el favorecimiento de la libertad de elección de los padres respecto al tipo de educación que desean para sus hijos tendría mucho más fundamento y lógica si estuviera basado en la ayuda directa, en lugar de en un sistema de conciertos o subvenciones con fondos públicos; que, unido a los pagos a los que se ven obligadas las familias, oculta una doble financiación público-privada de dudosa legalidad, escasa transparencia y difícilmente controlable.
Los colegios privados independientes, a los que representamos, no entienden que se asuma sin ningún reparo que en determinadas circunstancias haya centros que puedan solicitar y ser incluidos en el modelo concertado por falta de demanda de plazas o, incluso, por buscar una mayor rentabilidad gracias a esa doble financiación, sin el requisito de transformarse en entidades sin afán de lucro, como fija claramente la ley. No se deben hacer negocios privados con dinero público.
Que no se piense que estamos contra los centros concertados. Respetamos profundamente a aquellos que cumplen las condiciones bajo las que se definió el sistema de enseñanza pública impartida por entidades de carácter privado. Colaboramos con muchos de ellos y compartimos experiencias y aprendizajes, porque entendemos el valor del servicio que brindan a la sociedad y porque sabemos que contribuyen a la mejora de la calidad de la enseñanza y han permitido garantizar la universalización de la educación básica.
Sea como fuere, las instituciones educativas privadas más prestigiosas y con más antigüedad de España optamos por mantenernos en una vía difícil, pero honesta, y no ser ventajistas. Preferimos colaborar en la construcción de una enseñanza de excelencia desde la libre empresa, desde proyectos pedagógicos con una fuerte personalidad y contrastados resultados. Estamos convencidos de que un país no puede ser verdaderamente libre si no dispone de opciones educativas independientes.
Gabriel Castellano y Enrique Maestú son, respectivamente, presidente y vicepresidente de la Asociación de Colegios Privados e Independientes. Círculo de Calidad Educativa (CICAE), que agrupa a casi medio centenar de centros privados en España.