La libertad de prensa en Ucrania, amenazada

El 20 de julio de 2016, Pavel Sheremet, un destacado periodista nacido en Bielorrusia, se dirigía a su trabajo en los estudios de Radio Vesti en Kiev, cuando el Subaru que conducía estalló en una concurrida intersección. Las ventanas cercanas temblaron; bandadas de pájaros echaron a volar. Sheremet (44) murió casi de inmediato, y la Fiscalía General de Ucrania confirmó enseguida que la causa de la explosión había sido una bomba. Un año después, el asesinato de Sheremet sigue sin resolver.

Si esto hubiera sido un atentado al azar, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por la sigla en inglés) al que pertenezco no hubiera pasado todo un año investigándolo y presionando al gobierno ucraniano para que lo esclarezca. Pero Sheremet fue un defensor incansable de la transparencia y la democracia, que primero trabajó como periodista en su Bielorrusia natal, después en Rusia y finalmente en Ucrania. Hasta que su asesinato se resuelva, la verdad que buscó en vida rehuirá a sus compatriotas en su muerte.

El asesinato es la forma más consumada de censura. La matanza de periodistas instila autocensura en la labor de sus colegas. Y cuando un país no lleva a los asesinos ante la justicia (sobre todo un país como Ucrania, aspirante a ingresar a la Unión Europea), que declare estar comprometido con la democracia y el Estado de derecho suena a hueco.

Tal es la situación en el caso Sheremet. Los funcionarios ucranianos llevan un año haciendo promesas, pero ningún arresto; no identificaron a sospechosos ni ofrecieron un motivo convincente para el asesinato. En una reciente visita a Kiev, el CPJ halló que el mantenimiento de la impunidad afectó la capacidad de los medios para cubrir asuntos delicados, como la corrupción, el abuso de poder y la continuidad del conflicto en el este de Ucrania.

De hecho, desde el asesinato de Sheremet, la libertad de prensa en Ucrania ha sido blanco de crecientes ataques. El periodismo de investigación es tildado de antipatriota, y los periodistas que cuestionan políticas oficiales, como hacía Sheremet día tras día, se exponen a amenazas, hostigamiento o vigilancia.

Los funcionarios ucranianos insisten en que siguen trabajando en el caso Sheremet. El presidente Petró Poroshenko, que el 11 de julio se reunió con una delegación del CPJ, dijo que sigue decidido a llevar a los asesinos ante la justicia. Incluso propuso dar más solidez a la investigación oficial sumándole un socio internacional. Es una decisión bienvenida, pero llega demasiado tarde, tras meses de pasos en falso que afectaron la confianza de la opinión pública.

Funcionarios de alta jerarquía, entre ellos el ministro del interior, Arsen Avakov, han formulado declaraciones reñidas con los hechos, que siembran dudas sobre la credibilidad de la investigación. Avakov acusó a Rusia de estar involucrada en el asesinato de Sheremet y dio a entender que es improbable que el caso se resuelva. Pero en reuniones con organismos que investigan el caso, el CPJ se enteró de que Avakov tiene acceso limitado a los expedientes y que sus declaraciones no tienen evidencia que las respalde. A nuestros representantes también se les dijo que las autoridades examinan diversos motivos, pero todavía no descartan ninguno ni se inclinan por uno en particular. ¿Por qué, entonces, Avakov sigue haciendo declaraciones contradictorias y entregándose a conjeturas infundadas?

Hay denuncias igualmente preocupantes de que la investigación estuvo plagada de errores policiales, entre ellos la omisión de interrogar a testigos clave, revisar grabaciones de cámaras de seguridad o explicar adecuadamente la presencia de un exfuncionario de seguridad interna en la escena la noche anterior al asesinato. La jefa de redacción del principal portal de noticias ucraniano independiente, Ukrainska Pravda, dijo al CPJ que en los meses previos a su muerte, Sheremet y su pareja (y cofundadora del portal), Olena Prytula, fueron objeto de vigilancia. Además, el personal recibió amenazas con el objetivo manifiesto de disuadirlos de informar sobre ciertas historias delicadas. Pero cuando el CPJ preguntó a las autoridades ucranianas acerca de su investigación de estas denuncias, no recibió una respuesta adecuada.

La suma de estas omisiones y hechos inexplicados genera serias dudas sobre la integridad y legitimidad de la investigación conducida por Ucrania. Si Poroshenko realmente quiere resolver el asesinato de Sheremet, se necesitan cambios. El gobierno debe establecer una jerarquía clara y designar a una persona que sea responsable de la solución del caso. Además, Poroshenko debe comprometer públicamente más recursos a la investigación, y condenar enérgicamente cualquier ataque a periodistas. Y lo más difícil de todo, se necesita un nuevo ethos de investigación que reduzca el riesgo de parcialidad corporativa, especialmente si (como algunos sugieren) las pruebas terminaran apuntando a entidades oficiales o del gobierno.

Las renovadas promesas del presidente todavía no nos convencen de que el gobierno ucraniano investigará este caso con el vigor que demanda. Por eso también se necesita presión externa, y la Unión Europea es la más indicada para aplicarla. Tras declarar a Ucrania socio prioritario para una mayor integración política y económica, la UE tiene la influencia necesaria para forzar al gobierno ucraniano a dar explicaciones. En 2014, el bloque comprometió 12 800 millones de euros (15 000 millones de dólares) para ayudar a Ucrania a reforzar varios sectores clave, entre ellos la justicia y la sociedad civil. Un fracaso en la investigación del caso Sheremet supondría un serio retroceso en ambos campos.

Sheremet pasó más de veinte años de su vida haciendo periodismo en tres países exsoviéticos, y fue un denunciante implacable de la corrupción allí donde trabajó. Por su tenacidad, en 1998 el CPJ le otorgó el Premio Internacional de la Libertad de Prensa. Pero también fue amenazado, encarcelado, atacado y despojado de la ciudadanía bielorrusa. Aunque tenía muchos amigos, que adoraban su carisma, su ingenio y su optimismo contagioso, también tuvo su cuota de enemigos, que detestaban su periodismo irreductible.

Hace cinco años, Sheremet se radicó en Ucrania con la esperanza de encontrar un entorno más libre y seguro en el que trabajar. Hoy que en su patria adoptiva la prensa todavía es blanco de ataques, y su asesinato sigue sin resolver, Ucrania está traicionando la fe que Sheremet depositó en ella.

Nina Ognianova is the coordinator of the Committee to Protect Journalists’ Europe and Central Asia Program. Traducción: Esteban Flamini.

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