La libertad promueve riqueza

La crisis no golpea con la misma fuerza a los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas, porque influye la política económica aplicada por cada Ejecutivo regional. Hay gobernantes autonómicos que quieren batir la crisis con un elevado intervencionismo regulatorio, lo que les lleva a favorecer lo público frente a la iniciativa privada. Por el contrario, hay otros dirigentes que estiman que lo que potencia la prosperidad es una mayor libertad económica. Esto exige ofrecer buenas condiciones a empresarios y profesionales para que asuman riesgo e intenten generar riqueza y empleo.

Afortunadamente, tanto la libertad económica como sus efectos se pueden medir con precisión. Esta valoración resulta útil a la hora de elegir el modelo de política económica a seguir. Ayer, el thinktank Civismo presentaba en Madrid el libro «Libertad Económica en España 2013. ¿Por qué fracasan algunas regiones?», investigación realizada por Francisco Cabrillo, Rocío Albert, Rogelio Biazzi y quien escribe este artículo. El trabajo constituye una réplica, a nivel autonómico, de los elaborados por los thinktanks Heritage Foundation, Fraser Institute y Pacific Institute.

La investigación analiza la intervención del sector público en la economía de las diecisiete comunidades. Se utilizan doce indicadores calculados desde 31 variables referidas a dos ámbitos: la regulación de la actividad económica y los gastos e ingresos públicos. Los indicadores de regulación analizados son: comercio, educación, medio ambiente, movilidad, sanidad y vivienda. La dimensión del sector público se mide con las variables de gasto público, esfuerzo fiscal, deuda pública, empleo público, impuestos y transferencias.

El estudio se basa en contabilidades oficiales cerradas, no en estimaciones, por lo que el libro ofrece un compendio de experiencias donde inspirarse para configurar políticas económicas. El rigor pretendido ha exigido esperar a que el Tribunal de Cuentas del Estado fiscalizase y diera por válidas las contabilidades de todas las autonomías, lo que ha llevado a utilizar los datos oficiales de 2011, que son los últimos conocidos.

La principal conclusión del trabajo estriba en que cuanto mayor es la libertad económica en una región, mayor resulta su prosperidad, medida en la renta per cápita de sus ciudadanos. Este resultado coincide tanto con los estudios similares de los think tanks citados como con los de las ediciones de este índice que se hicieron en 2009 y 2011. El indicador que más ha cambiado es la proporción de la deuda frente al PIB. Este incremento supone que el Estado necesitará recaudar más para satisfacer los intereses y reducirá la libertad de los ciudadanos, al tener estos menos liquidez para gastar en lo que prefieran.

La Comunidad que mejor utiliza el margen de maniobra de sus competencias para afrontar la crisis es Madrid, especialmente por sus óptimos valores en los indicadores de dimensión del Sector Público. La Rioja y Canarias son las que se sitúan en el segundo y tercer puesto del ranking. Extremadura ocupa el último lugar en el índice, al ser la peor puntuada en movilidad, gasto público, esfuerzo fiscal, empleo público y transferencias. Las otras dos regiones con menor libertad económica son Andalucía y Asturias.

Una novedad que aparece en esta edición es la influencia que tiene el partido político gobernante en la libertad económica, para lo que se seleccionan las comunidades en las que la misma formación política ha gobernado de forma continuada al menos diez años. El resultado es claro. Las cinco comunidades gobernadas por el PP aplicaron políticas más cercanas al mercado libre y a un sector público reducido, en comparación con las que fueron gobernadas por el PSOE.

Estos días la libertad económica está de actualidad por las numerosas manifestaciones en defensa de lo público que han recorrido nuestras calles. Las movilizaciones denuncian las iniciativas privadas de prestación de servicios que aspiran a convertirse en alternativa a la Administración. Se pretende atribuir calidad a todo lo que es público y riesgo de malas prácticas a la gestión privada. Tras la crispación de los manifestantes se esconde el temor a que la libre competencia en la concesión de un servicio haga peligrar sus puestos de trabajo. El dinero de lo público proviene de unos impuestos satisfechos tanto por los que prefieren que los servicios públicos sean proporcionados directamente por la Administración como por los que optan por que los ofrezca aquel con mejor relación calidad/precio. Ambas posibilidades reflejan dos concepciones antagónicas. De un lado, el Estado benefactor que vela por nosotros y decide qué es lo que necesitamos; de otro, un Estado posibilitador que amplíe la libertad de los ciudadanos y no los sustituya.

El Estado benéfico, ese déspota ilustrado que cree saber mejor que nosotros lo que nos conviene, parece una figura obsoleta que no responde a la imparable demanda de participación. Hoy los ciudadanos reclamamos una mayor libertad económica para poder elegir mejor, porque la misma prestación para todos no tiene por qué ser la mejor para cada uno. La propia identidad es la raíz de nuestra singular diferencia, por lo que deseamos ser tratados como ciudadanos, no como súbditos. La solución de nuestros problemas exige superar la dicotomía Estado-mercado y redescubrir el valor de la sociedad civil. El Estado practica el soborno de concedernos bienestar y seguridad a cambio de grandes impuestos y menos libertad. Sin embargo, la solución definitiva a nuestros problemas se encuentra en que los ciudadanos ejerzamos nuestra libertad y responsabilidad individuales para resolvernos l os problemas que estén a nuestro alcance.

La crisis ha puesto de manifiesto que el Estado del bienestar es insostenible porque la demanda de servicios aumenta más que los recursos para costearlos. Los países perdedores son aquellos que se mantienen inmóviles en un mundo cambiante y el innovación pasa por una mayor libertad económica. La extrema necesidad de rentabilizar los insuficientes recursos públicos debiera verse como la mejor oportunidad para reinventar el Estado y reducirlo a una justa dimensión. No vaya a ser que nos ocurra lo que sentenció Thomas Jefferson: «Un gobierno suficientemente grande para darnos todo lo que queremos lo es también para quitarnos todo lo que tenemos».

Julio Pomés, economista y presidente del “think tank” CIVISMO.

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