Por Joan Tapia, periodista (EL PERIÓDICO, 15/05/06):
El president Maragall, elegido hace 30 meses gracias al pacto del Tinell, lo liquidó el pasado jueves. ¿Por qué el tripartito, que despertó tantas expectativas, se ha evaporado? Tras un largo gobierno del centro-derecha, tocaba el turno del centro-izquierda. Tras una Generalitat nacionalista era bueno que el nuevo president fuese tan solo catalanista. Y algo más profundo: la democracia significa alternancia. Mientras en España habían ejercido el poder tres partidos --la UCD, el PSOE y el PP--, en Catalunya solo había mandado la coalición CiU de Pujol. El relevo era ineludible.
Pero el tripartito tuvo ya un parto difícil y ha tenido una vida accidentada, aunque la ruptura no se debe a los múltiples conflictos sino a la grave incompatibilidad respecto al referendo del 18 de junio. Los socialistas, e ICV, ven el Estatut como la culminación del pacto del Tinell. ERC aspiraba a lo mismo, pero los cambios del Estatut en Madrid, y sobre todo, el pacto Zapatero-Mas, la llevaron al sentimiento de que el texto aprobado era una derrota. La declaración de Carod a este diario hace unas semanas ("votemos lo que votemos en el referendo, todos nos sentiremos incómodos") es una confesión de la amargura en la que vivía la dirección de ERC. ¿Está justificado el no de ERC? ¿Era compatible el no, impuesto por las bases contra el sector institucional, con el mantenimiento en el Govern? Es evidente que el no es una opción legítima y el no de protesta tiene argumentos.
El presidente Rodríguez Zapatero prometió, ligeramente, que aprobaría el Estatut que saliera de Catalunya. Sin explicitar que debía superar el recurso al Constitucional y no poner en excesivo riesgo la victoria electoral del PSOE. Cuando el PSC votó a favor en Barcelona se pudo generar la falsa expectativa de que tenía el visto bueno de Madrid. Que CiU exigiera contenidos maximalistas en Catalunya quizás sembró la idea --ingenua-- de que sería muy dura en la negociación de Madrid. El pacto Zapatero-Mas originó en ERC una doble decepción: la rebaja del techo competencial y la pérdida de protagonismo. Es verdad que el Estatut que salió de Catalunya no es el que finalmente se ha aprobado en Madrid. Solo faltaba que Alfonso Guerra calentara al personal diciendo que lo habían "cepillado".
SIEMPRE ES legítimo aspirar a un Estatut con más carga nacionalista y con más competencias. Son argumentos válidos para convocar la gran manifestación de Barcelona, o para fijar la posición de plataformas como Òmnium Cultural. E incluso para quien quiera encabezar el catalanismo de protesta como hizo Esquerra Republicana entre 1977 y el 2003. Pero no son los de un partido de gobierno. No lo fueron para la Esquerra de Macià, que aceptó el Estatut que le brindó Azaña después de que las Cortes republicanas hubieran repasado el Estatut de Núria, que ya había sido refrendado por el pueblo de Catalunya.
Además, un partido de gobierno no puede olvidar algunos hechos:
El Estatut aprobado, pese a los recortes sufridos, supone una clara mejora de la autonomía catalana respecto al actual.
Es importante que el Parlament votara por una gran mayoría (todos los partidos menos el PP) un Estatut. Pero ello no obliga al Parlamento español. En ese caso Catalunya sería ya un país soberano. Y no lo es.
El Estatut del 30 de septiembre se presentó como de máximos y hubiera tenido grandes problemas en el Constitucional (el actual todavía tendrá alguno). Además, provocó una histérica reacción contraria del PP y de una parte de la sociedad española. ¿Es solo culpa de los ciudadanos de más allá del Ebro? ¿Se hizo todo bien en Catalunya? Lo definitivo fue que las encuestas, que en septiembre daban al PSOE una intención directa de voto ocho puntos por encima del PP giraron de un día para otro al empate técnico. Y el PSOE no se iba a suicidar, por supuesto. El pacto de Mas con Zapatero fue la consecuencia y enterró la tesis pujolista sobre la igualdad de los dos grandes partidos españoles. Es cierto que se saltó la negociación unitaria, humilló al PSC y fue una bofetada a Esquerra y a Puigcercós, un político que ha cumplido todos sus compromisos en esta legislatura. Pero el mundo no se acaba un fin de semana de enero.
COMO HA dicho el president Maragall, el Estatut es un pacto entre el Parlament de Catalunya y el de España. Un Estatut no aprobado en Madrid sería otro plan Ibarretxe, una declaración unilateral o un nuevo 6 de octubre. ¿Qué ventajas tendría? Los ciudadanos lo saben. Así, en el sondeo del CIS sobre Catalunya de diciembre, se preguntaba: cuando el Parlamento español discuta el Estatut, ¿hasta dónde puede modificar el texto original? Los encuestados debían situarse en una escala de 0 a 10 (para el 0 no podía haber ningún cambio y para el 10, modificar todo). Los catalanes, como si intuyeran lo que sucedería, se colocaron en el 47% de la media. Sólo el 9,8% creía que no se podía tocar nada.
Pero quizá el punto fundamental es ponernos en la hipótesis del triunfo del no. ¿Qué pasaría el día después? En España el fracaso del Estatut significaría una gran derrota de Zapatero, el difícil camino hacia la España plural abortaría y la reivindicación de más autonomía quedaría congelada. Sin olvidar que la línea aznarista del PP saldría fortalecida y que su victoria electoral sería más posible. En Catalunya el panorama sería no menos complicado. El éxito del no sería un triunfo de ERC, pero también del PP. Y la suma de estos dos triunfos no lleva a ninguna parte.
El Diguem no de Raimon es un grito legítimo, pero no es propio de un partido de gobierno. Sus consecuencias solo son asumibles en la manida tesis de "cuanto peor, mejor", algo que no puede suscribir un partido que quiera gobernar Catalunya.