Luis Felipe I de Francia, pocos meses antes de la revolución que lo destronó, era como el hombre que se niega a creer que su casa está en llamas porque lleva la llave en el bolsillo. Esta frase de Tocqueville, descripción de la inacción del monarca, podría valer para el Gobierno de Rajoy, si no fuera porque ni la casa es de Rajoy, ni el presidente del Gobierno, por importante que sea su puesto, tiene la única copia de la llave. Esa es una más de las ventajas de la democracia, aunque los ciudadanos nos olvidemos a menudo de ello. El Estado democrático nos pertenece, nuestra escritura se llama Constitución y ordenamiento jurídico, y los poderes públicos son sus administradores. No son los diputados, ni los ministros, ni los líderes de los partidos, ni los jueces los que deciden sobre qué se puede hablar o cómo o sobre qué se puede decidir. Son los ciudadanos. Pero cuidado con la simplificación. El de ciudadano es un concepto a menudo malinterpretado. Muchos creen que se identifica sin más con los individuos concretos, hombres y mujeres. Pero esto es un error. La ciudadanía no es simple resultado del nacimiento, de la existencia, sino que es algo más: es un producto de la ley. Sin el edificio legal, no somos ciudadanos.
La ley democrática nos protege del Estado, a los unos de los otros y a todos de las veleidades de las tiranías mayoritarias, de la turba. Por eso son ciudadanos, lo siguen siendo, aquellos que trabajaron para construir nuestra democracia, aunque hayan muerto; por ello se comportan como si no lo fueran los que nos pretenden expropiar del derecho a que cualquier cambio legal se efectúe únicamente conforme al procedimiento establecido en la propia ley. Nuestros padres siguen vivos en lo que construyeron y nosotros, como sus herederos, asumimos todos los derechos y todas las obligaciones que nos legaron: entre ellos el de hacer política, incluyendo el cambio de la ley, solo dentro de la ley. Nuestra obligación es ceder este patrimonio intacto y enriquecido a nuestros hijos.
Por desgracia, llevamos mucho tiempo permitiendo que el ácido corroa los cimientos. Los primeros que lo esparcieron fueron los políticos corrompidos que se creían impunes, hasta el punto de trasladar esa creencia a muchos de nuestros conciudadanos. El daño ha sido terrible. Más tarde se unieron los que vieron en la última crisis la oportunidad de destruir el sistema desde dentro, utilizando la mentira, la exageración y la propaganda sentimental al hacerse pasar por la supuesta voz del pueblo o de la gente, esa inexistente construcción populista. Los últimos han sido los secesionistas, los seguidores fanáticos de la religión nacionalista, el peor cáncer padecido por Europa, causa de la muerte de millones de personas.
En todos los casos citados, hay un elemento común: el incumplimiento de la ley. Pero en los dos últimos, el incumplimiento no es vergonzante. El corrupto intenta que no le pillen, es clandestino. Cuando le cogemos con las manos en la masa y actúa la justicia, la enfermedad no contamina al sistema sino que lo hace más fuerte. Pero esta profilaxis es imposible cuando el que lo socava se enorgullece de ello y actúa abiertamente. Por esta razón, si la discrepancia no es simplemente ideológica o programática dentro de los límites de las instituciones que nos amparan, sino que afecta a su misma existencia, el diálogo no solo es peligroso, sino que es moralmente reprobable. El diálogo político y civil solo debería admitirse con quien nos reconoce como iguales, como ciudadanos, con quien no se atribuye privilegios. Si hoy hay un golpe de Estado en Cataluña y una masiva comisión de delitos y tropelías, no lo es por falta de diálogo, sino por la corrupta idea de que es admisible discutir y pactar con los que incumplen abiertamente la ley. Esa idea se ha ido instalando y llevando a la práctica, y ha alimentado un proceso en el que unos diseñaban una voladura de nuestro sistema, mientras los otros se parapetaban atemorizados detrás de simples declaraciones de intenciones, aplazando la respuesta. La casa es nuestra. Las normas que nos dimos los españoles no pertenecen a los políticos sino a todos. Todos, uno a uno, somos los dueños del proceso de cambio constitucional y de las libertades que nos protegen. Por eso, los que queremos que la ley se cumpla teníamos y tenemos derecho a que no se utilizase tácticamente, como una simple posibilidad cuando es un imperativo. Sin embargo, muchos han jugado al realismo para aparentar una cínica sofisticación: nos han dicho que una ley inconstitucional puede ser constitucional si nadie la recurre, aunque hieda. O que un Gobierno puede utilizar, en fraude de ley, por la puerta trasera, mecanismos abiertamente inconstitucionales como un referéndum que tuviese por objeto una modificación de la propia Constitución, sin utilizar el procedimiento previsto, para construir una legitimidad amorfa que justificase una especie de automatismo posterior. Esa discrecionalidad ya ha sido una corrupción de baja intensidad. Si el Gobierno de España y el Senado hubieran cumplido su obligación hace dos años, cuando se aprobó en el parlamento de Cataluña un plan secesionista y golpista, y hubieran aplicado el artículo 155 de la Constitución, no habríamos tenido que presenciar como algunas autoridades del Estado y servidores públicos se apropiaban, el infame 1 de octubre pasado, de nuestra casa común, que no es el territorio, las piedras, los ríos o las cordilleras, o una parte de ellas, ni siquiera sus lenguas, sus tradiciones o sus costumbres. La casa común es una idea, una patria intelectual, un reglamento para la discusión ordenada y civilizada.
En Vencedores o vencidos, la película de Stanley Kramer, el arrepentido juez nazi, Ernst Janning, le pide al hombre que lo ha condenado a prisión que le crea cuando dice que nunca quiso que se llegase a eso, a los millones de muertos del nazismo. «Se llegó a eso, Herr Janning, la primera vez que usted condenó a muerte a un hombre sabiendo que era inocente», responde el personaje protagonizado por Spencer Tracy. Esta frase es falsa porque es literatura. Sin embargo, nos dirige hacia una verdad: cada vez que cedemos y aplicamos laxamente o inaplicamos la ley porque pensamos que conviene o porque alguien pide que se atienda a sus sentimientos o deseos, debilitamos la estructura. Un día, el edificio no resiste más y se hunde, aplastándonos. Ese día dejamos de ser ciudadanos y nos convertimos en tribu.
Si queremos que nuestra patria intelectual resista no podemos ceder a la tentación de pactar que la ley no se aplique para evitar supuestos males mayores, convirtiendo a los golpistas en interlocutores y cediendo al chantaje. Se supone que esta enseñanza la habíamos comprado pagando un enorme precio histórico, pero la infantilización galopante producto de las expectativas frívolas de generaciones que no han tenido una experiencia directa del autoritarismo han extendido paradigmas estúpidos y peligrosos. Naturalmente, la inercia de la realidad siempre se impone, pero la pregunta es si vamos a dejar que se imponga por su empuje bruto o vamos a encauzarla. En ambos casos habrá sufrimiento. Esto no es un videojuego; no va a salir gratis. Lo único que aún podemos limitar es el coste. Si aplicamos la razón y restauramos la ley ya, sin concesiones, el coste será menor aunque inmediato. Si dejamos que la gangrena aumente y enviamos el mensaje de que alguien va a beneficiarse de saltarse la ley, el coste será mayor y se extenderá por generaciones. Yo defiendo que actuemos como adultos.
Tsevan Rabtan es autor de Atlas del bien y del mal (GeoPlaneta, 2017).