La Constitución de 1978 establece como forma política del Estado la monarquía parlamentaria. En su Título Preliminar se consagra el sistema parlamentario de gobierno, que se desarrolla por extenso en los Títulos III, IV y V dedicados a las Cortes, al Gobierno y a las relaciones entre ambos. A diferencia de lo que ocurre con el modelo presidencialista -cuyo paradigma es el Gobierno de Estados Unidos-, en el régimen parlamentario los ciudadanos no elegimos al presidente del gobierno. Nuestras elecciones son exclusivamente parlamentarias. De lo que se trata en ellas es de elegir a unos representantes para que éstos conformen una mayoría capaz de garantizar un gobierno estable que durante una legislatura desarrolle un programa político determinado, el de la mayoría parlamentaria. Este modelo se reproduce -a escala reducida- en los diferentes subsistemas políticos autonómicos. De modo que, en las elecciones autonómicas, los ciudadanos tampoco elegimos al presidente del gobierno de la comunidad. Esta tarea corresponde, exclusivamente, a los miembros del parlamento autonómico.
Ocurre, sin embargo, que la lógica profunda de este sistema se ha visto notablemente oscurecida -tanto a nivel nacional como autonómico- por la forma en que los partidos políticos desarrollan las campañas electorales, y por el modo en que, como consecuencia inevitable de lo anterior, los medios de comunicación las reflejan. Y así, contemplamos cómo las vallas publicitarias instaladas en lugares bien visibles, los folletos de propaganda electoral enviados a los domicilios, las fotografías instaladas en cabinas de teléfonos, farolas, marquesinas, etcétera, reproducen siempre, en Bilbao como en Madrid, el retrato del principal dirigente del partido político correspondiente y que se postula como candidato del mismo a la presidencia del gobierno. De esta forma, nada tiene de extraño que los ciudadanos acaben confundiendo el significado de las elecciones, y por ende, la naturaleza misma del sistema en el que ejercen sus derechos de participación política. Ahora bien, lo que resulta absolutamente sorprendente es que sean dirigentes y responsables políticos los que pretendan hacernos creer que todavía no se han enterado de que vivimos en un régimen parlamentario. El resultado de las últimas elecciones autonómicas del pasado 1 de marzo nos obliga a realizar este recordatorio. Y desde esta perspectiva, dos son, básicamente, las consideraciones que cabe realizar.
En primer lugar, que el PNV ha prescindido de la lógica parlamentaria e interpretado las elecciones autonómicas en clave presidencialista. Desde esa óptica, el vencedor de las elecciones ha sido Juan José Ibarretxe, quien, por haber obtenido su partido más votos y escaños, tendría que convertirse, necesariamente, en lehendakari. Esta convicción ha llevado al PNV a considerar «un golpe institucional» la formación de una mayoría que pueda privarle de la presidencia, y por ende, del gobierno mismo. De nada sirve denunciar que esas mismas reglas las aplican en otros contextos sin que nadie haya hablado de 'golpe'. Lo que importa es subrayar la gravedad de una tal afirmación. Supone una impugnación de las reglas del juego, pero una impugnación realizada con mala fe, por la razón evidente de que el PNV sólo acepta la lógica parlamentaria cuando le conviene.
La segunda consideración consiste en recordar que si el PNV no alcanza la presidencia del Gobierno vasco, el partido que la consiga, con arreglo a la lógica del sistema, debe hacerlo por haber logrado articular una mayoría parlamentaria. Y dicha mayoría debe basarse, inexcusablemente, en un programa de gobierno, esto es, en unas bases programáticas que, por limitado que sea su alcance, contengan las directrices políticas fundamentales de la acción del futuro gobierno, y garanticen, de esta forma, su estabilidad. Esto quiere decir que, por la misma razón que no responde a la lógica del sistema, pretender la formación de un gobierno con 30 escaños de 75, que es lo que pretende el PNV, menor fundamento tiene el pretender hacerlo con 25. Lo que el sistema exige es la formación de una mayoría suficiente (38 escaños) en torno a un programa. Para decirlo con mayor rotundidad y contundencia, de lo que se trata no es tanto ni principalmente de determinar el nombre del lehendakari como de establecer las bases programáticas del futuro Gobierno vasco. Una vez que se hayan establecido esas bases, procederá designar a la persona más adecuada para liderar ese proyecto.
Y, así las cosas, la lógica parlamentaria permitiría configurar tres mayorías diferentes: PNV-PSE, PNV-PP, o PSE-PP. Las tres son plenamente legítimas, por lo que tan democrático resultaría que el lehendakari fuera del PNV como que lo fuera del PSE o del PP. Ahora bien, cualquiera de ellas exige como prerrequisito para su materialización la elaboración de ese programa mínimo de gobierno. La designación de un lehendakari con unos votos meramente 'prestados' y no comprometidos con la estabilidad política de ese ejecutivo constituiría un salto al vacío, claramente suicida.
Y ante esta necesidad de conformar una mayoría estable, es preciso reconocer que resulta mucho más sencillo conformar unas bases programáticas comunes entre el PSE y el PP que hacerlo entre cualquiera de ellos y el PNV. No se trata de establecer ningún tipo de frente o de bloque antinacionalista, pero lo que hace inviable -hoy por hoy- cualquier pacto con el PNV es el hecho de que éste no comparte la estrategia de aislamiento y deslegitimación del terrorismo adoptada por el PSE y el PP. Los apóstoles de la 'transversalidad' no deben olvidar que un elemento fundamental de esa estrategia es la Ley de Partidos, que ha permitido expulsar del Parlamento vasco a aquellas fuerzas políticas que no se han querido desvincular de ETA. Y -hoy por hoy- el PNV es contrario a tan elemental exigencia de salud democrática.
En este contexto, los ciudadanos tenemos derecho a exigir a los partidos altura de miras, y sentido de la responsabilidad histórica, para alcanzar un acuerdo político básico que permita conformar un gobierno estable, capaz de hacer frente con éxito a la grave situación económica que atraviesa el país, y que contribuya a la deslegitimación social del terror en todos los ámbitos, especialmente el educativo, el cultural y el mediático.
Javier Tajadura Tejada, profesor titular de Derecho Constitucional en la UPV-EHU.