La lucha contra la corrupción en Guatemala, en peligro

Una protesta contra la corrupción en junio en Ciudad de Guatemala Credit Esteban Biba/European Pressphoto Agency
Una protesta contra la corrupción en junio en Ciudad de Guatemala Credit Esteban Biba/European Pressphoto Agency

A primera vista, los pasos que da Guatemala en la lucha contra el crimen organizado parecen impresionantes: trabaja con las Naciones Unidas y la fiscal general ha desmantelado una red criminal relacionada con el presidente anterior, Otto Pérez Molina, encarcelado con su vicepresidenta y otros 200 miembros del gobierno, diputados, funcionarios, empresarios, banqueros, abogados y jueces caídos en desgracia.

Pero las apariencias engañan. Guatemala todavía se enfrente a una resistencia formidable al cambio por parte del crimen organizado, jueces corruptos, políticos y empresarios. Los ciudadanos, mientras tanto, no se muestran demasiado favorables a participar en la transformación de un sistema político en el que aún no confían.

El precio de que Guatemala fallase sería enorme. No se trataría de que la democracia de ese país peligre, sino de que la esperanza de que se desarrollen reformas en toda la región sufriría un revés importante.

En los últimos 18 meses, Guatemala ha hecho más que arrestar a unas cuantas personalidades de perfil alto. El congreso ha aprobado reformas que fortalecen la transparencia, la financiación de las campañas políticas y la adjudicación de contratos públicos. También se ha avanzado en la profesionalización de la función público y el sistema judicial. Una década de trabajo en la construcción de una fiscalía profesional y poderosa comienza a dar resultados. El Ministerio de Interior está en manos de personas que fueron fiscales. El mismo tipo de profesionales administran la recaudación de impuestos.

Pero estas victorias no son más que el comienzo de la batalla contra un adversario indomable: el crimen organizado. El origen de estas organizaciones criminales se remonta a medio siglo atrás, a la guerra civil de décadas de duración y carácter genocida en la que el ejército y la élite saquearon el país para maximizar la ganancia de la guerra y establecer un marco de referencia que alimentase perpetuamente su avaricia.

Llegar a la raíz del crimen organizado significa ir mucho más allá de unos cuantos funcionarios corruptos, algo en lo que Pérez Molina hizo énfasis en una entrevista concedida desde la cárcel el año pasado. Sabía de lo que hablaba: se ha destituido a las cabezas visibles pero, como si de una hidra mitológica se tratase, emerge una nueva generación de delincuentes que pelea por el liderazgo y un número importante de redes criminales sigue operando sin que nadie se lo impida.

Mientras tanto, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y sus contrapartes en el gobierno y la sociedad civil suponen una desventaja táctica. Gran parte de su éxito inicial se debió al elemento sorpresa. Nadie esperaba un ataque de tal calibre contra la corrupción. Pero el crimen organizado no va a cometer el mismo error por segunda ocasión. Sus líderes han amenazado en público la integridad y la reputación de la fiscal general, al juez que preside la sala que lleva los casos por corrupción, al comisionado de las Naciones Unidas y al principal de sus funcionarios. Tratan de que se echen atrás, de minar su credibilidad para seguir adelante con los procesos.

No son amenazas baladíes: hay una percepción generalizada de que el asesinato de Byron Lima Oliva, el reo más tristemente famoso del país, señor del sistema criminal dentro de los centros penales, estuvo relacionado con su aparente voluntad de revelar la fuente de quienes amenazaban a la fiscal general Thelma Aldana.

La Comisión de las Naciones Unidas y sus socios deben hacer algo más que mantenerse firmes. Hasta ahora, se han concentrado en una purga política de la capital. Pero para consolidar sus avances deben avanzar hacia el interior del país, donde las redes criminales mantienen a la clase política rehén. En la actualidad, la fiscalía general tiene delegaciones solo en el 10 por ciento de las 338 municipalidades.

Y hay otro cambio que es incluso más fundamental: una cosa es terminar con la corrupción, y otra es crear una sociedad civil y una democracia que funcionen y que puedan proteger al país de este mal. Guatemala avanza en la dirección correcta, con un número creciente de ciudadanos que comienza a comprender que una sociedad democrática, justa y equitativa está a su alcance. Muchos creen, también, que el gobierno aún es incapaz de pasar a la acción de manera contundente. Los guatemaltecos honestos, y emprendedores no se atreven a firmar un contrato con la administración y los activistas por la democracia dudan sobre su entrada en política.

Pueden darse fallos en varios ámbitos diferentes. La presión política y el miedo podría forzar la dimisión de quienes pelean contra la corrupción. Las Naciones Unidas podrían decidir que su trabajo ha terminado y mover sus recursos a otro lugar. El apoyo de Estados Unidos podría agotarse. Cualquier revés supondría un desastre y daría el protagonismo y la iniciativa de nuevo al crimen organizado; terminaría con la esperanza de la ciudadanía en el cambio pacífico.

Lo que sucede en Guatemala importa más allá de sus fronteras. El país es laboratorio de pruebas de una batalla de ámbito regional contra la corrupción. Muchos a su alrededor miran con detenimiento lo que sucede allí. Si gana el crimen, la ilegalidad que gobierna gran parte del continente se sentirá reforzada. Si gana la democracia, los ciudadanos de la región ganarán confianza, inspiración y mecanismos para hacer avanzar su defensa del Estado de derecho.

El gobierno de Estados Unidos comprende lo que está en juego y ha prestado su apoyo de manera clara a la comisión de Naciones Unidas y la Fiscalía General de la República. Los opositores, que acusan a Estados Unidos de neocolonialismo cuando les apetece, esperan que gane Donald Trump porque eso llevaría a la retirada de fondos a los trabajos de reforma.

Este apoyo le ha granjeado nuevos aliados a Estados Unidos. Los guatemaltecos liberales, incluso aquellos que se han opuesto desde hace mucho y con todos sus esfuerzos al intervencionismo estadounidenses, defienden lo que sucede ahora. Después de casi un siglo de apoyo a regímenes opresivos y violentos, Estados Unidos aparece, al fin, en el lado correcto en América Central.

Como los reformistas de Ciudad de Guatemala, Estados Unidos no puede dar un paso atrás. El crimen organizado en Guatemala está detrás del tráfico de drogas, armas y personas hacia el norte. Una colaboración basada en la confianza y la buena voluntad entre vecinos democráticos tiene muchas más posibilidades de brindar seguridad para todos.

Anita Isaacs es profesora de ciencia política en el Haverford College en Pensilvania.

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