La lucha internacional contra la violencia de género

Por Montserrat Comas d’Argemir, magistrada, vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (EL PAÍS, 25/11/06):

Hoy, día 25 de noviembre, fue declarado por la Asamblea General de la ONU Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La decisión se adoptó el 17 de diciembre de 1999, invitando a los Gobiernos e instituciones nacionales e internacionales de todo el mundo a organizar ese día actividades destinadas a fomentar la conciencia pública sobre este cáncer social. El precedente de esta efemérides se remonta a la solicitud efectuada en el Primer Encuentro Feminista en Latinoamérica, celebrado en Colombia en 1981, para rendir homenaje a las tres hermanas Mirabal: estas activistas políticas dominicanas fueron torturadas y asesinadas por agentes del Servicio Militar de Inteligencia de Leónidas Trujillo por defender los derechos de las mujeres y las libertades políticas durante su bárbara dictadura. El 25 de noviembre de 1969 fueron encontradas cubiertas de sangre en el fondo de un barranco, tras haber sido estranguladas y destrozadas a golpes.

Este día es, pues, una jornada para la reflexión. El balance forzosamente ha de ser crítico: diariamente se violan en el mundo los derechos humanos de miles de mujeres, que sufren la violencia en todas sus facetas: la física, sexual y psicológica. Ello acontece en todos los ámbitos: en el familiar (malos tratos, abuso sexual de las niñas, violación a manos del marido), en el político-religioso (mutilación genital femenina, exclusión social) y socioeconómico (explotación laboral y sexual). Durante años, estas manifestaciones de violencia se consideraron un asunto de ámbito privado. Para modificar esta realidad fue necesario que Naciones Unidas en el año 1993 declarase que la violencia contra las mujeres es un grave problema para los Estados porque atenta a los derechos humanos y obstaculiza el desarrollo de los pueblos”.

La violencia criminal machista en España en el ámbito de la pareja o ex pareja constituye hoy la primera causa de mortalidad violenta dolosa, es decir, intencionada, de mujeres en nuestro país: 62 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de año por sus maridos o ex compañeros sentimentales, 65 el año pasado, 69 en el año 2004, 67 en el año 2003, por citar sólo los últimos. Su origen, entre otros factores, se encuentra, en la historia y en la cultura. En la historia de la estructura familiar patriarcal basada en una pretendida superioridad del hombre sobre la mujer. Un problema atávico que responde a una construcción social que ha potenciado un reparto desigual de las actividades productivas, creando unos roles sociales asignados en función del sexo. Es en el marco de la cultura patriarcal donde se ha desarrollado la violencia masculina, al ser ésta el instrumento más expeditivo para controlar las relaciones abusivas de poder.

Nos enfrentamos además, ante un problema de carácter universal. Todos los países, desde Oriente a Occidente, también los de nuestro entorno cultural europeo, presentan situaciones tan sangrantes como las nuestras. Por eso hay que saludar de forma positiva la iniciativa del Consejo de Europa de lanzar en todo el mundo la campaña de sensibilización que durará hasta marzo de 2008 y que se presenta por primera vez el próximo día 27 en Madrid, a través de una Jornada organizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el lema “Prevenir y combatir la violencia contra las mujeres”.

Combatir esta lacra social es una prioridad política para el Gobierno y para el Parlamento Español y de no pocos Gobiernos Autonómicos. La última medida legislativa impulsada por aquél y aprobada por unanimidad en las Cámaras, ha sido la Ley de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, de 28 de diciembre de 2004, concentrando en un único texto legal todas aquellas soluciones que deben desplegarse desde distintos ámbitos de la sociedad: educativas, preventivas, sanitarias, contra la publicidad ilícita, además de las medidas sociales, asistenciales, de recuperación psicológica y de reinserción social de los condenados.

Dieciocho meses después de su promulgación, se ha de concluir que la ley era oportuna y necesaria. Se ha logrado sacar de la invisibilidad el mal trato, de forma que todos los poderes públicos están plenamente involucrados en conseguir su erradicación. También desde el Poder Judicial se está desarrollando un papel relevante, al haberse conseguido desde los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, una respuesta judicial más prioritaria, efectiva y especializada hacia las víctimas de la violencia de género.

Sin embargo, nos falta ser todavía más efectivos. Los derechos de información y asistencia social integral para las supervivientes de la violencia de género deben llegar a todos los rincones. Los planes y campañas de sensibilización tienen que multiplicarse para no demorar el cambio de comportamientos como resultado de una nueva educación en valores de igualdad y corresponsabilidad en las tareas domésticas. Han de desarrollarse los derechos laborales reconocidos por la Ley a las mujeres trabajadoras que sufren violencia de su pareja, a través de la negociación colectiva, involucrando a las organizaciones sindicales y patronales. Y se ha de lograr también que los centros de acogida para mujeres maltratadas funcionen como centros de recuperación integral de las víctimas y sus hijos.

Igualmente ha de profundizarse en la formación especializada de todos los sectores y operadores implicados en la erradicación de esta lacra social. Han de otorgarse los mismos medios a los Juzgados compatibles que a los exclusivos para que exista una respuesta más homogénea en todos los partidos judiciales. Y, se ha de dar un impulso al tratamiento y rehabilitación de los agresores, ingresen o no en prisión, para conseguir el fin constitucional de su reinserción social, intentando que asuman nuevos valores y pautas de comportamiento igualitarias en sus relaciones con las mujeres.

La ley no puede terminar en tan poco tiempo con un problema tan complejo y de raíces culturales tan hondas. Pero no podemos bajar la guardia. No existirá un pleno reconocimiento de los derechos civiles para todos, hasta tanto las mujeres no vean reconocida su plena carta de derechos como ciudadanas libres e iguales. Es una tarea de toda la sociedad: de hombres y mujeres.