La lucha por la inocencia

Hace más de tres años, casi cuatro, que Jamal Zougam fue condenado a 42.922 años de prisión por los atentados cometidos en Madrid el 11 de marzo de 2004. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en sentencia de 31/10/2007, consideró probado que Zougam era miembro de una célula terrorista de tipo yihadista y que, como tal, fue autor, además de otros delitos, de 191 homicidios consumados y de 1.856 homicidios en grado de tentativa.

Del asunto no tengo formada una opinión jurídica sólida. Sólo conozco los hechos según se relatan en la sentencia y los argumentos jurídicos que ofrece. También he estudiado la sentencia del Tribunal Supremo -la 503/2008, de 17 de julio- que, prácticamente, confirma la anterior. Y por innecesario que resulte, quede constancia de mi consideración por ambas decisiones jurisdiccionales. Se trata de un respeto sincero, distinto del que algunos dispensan únicamente a las resoluciones judiciales que les favorecen y plenamente compatible con la opinión de que tal vez determinados interrogantes que aquella tragedia suscita no reciben cumplida respuesta. Que unos se sientan satisfechos con las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo me parece legítimo y respetable, pero también lo es considerar que puede que no contengan toda la verdad sobre el 11-M, de la misma forma que las sentencias sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 o la de los GAL no aclararon las muchas dudas que siguen en pie en relación a aquellos esperpénticos sucesos. Nadie piense, pues, que en esta tribuna patrocino la arbitrariedad de los fallos judiciales recaídos. La Justicia es noción infinita y suponer que pudiera acariciar el mal, sea del signo que sea, sería tanto como negar su propia esencia y aun existencia.

Para los magistrados de la Audiencia Nacional, la principal prueba de cargo contra Jamal Zougam fue la identificación que de él hicieron tres viajeros de uno de los trenes, a quienes se otorgó el estatuto de testigos protegidos -J-70, C-65 y R-10-, hasta el extremo de calificar sus testimonios -folio 583 de la sentencia- de «claros, independientes y concordantes, sin fisuras (…)». También sirvió de prueba que la tarjeta hallada en el teléfono móvil de un artefacto explosivo desactivado era una de las 30 que fueron vendidas en el establecimiento de telefonía regentado por Jamal Zougam y un socio.

A juicio del Tribunal Supremo -antes lo había dicho el profesor Enrique Gimbernat en un artículo publicado en este diario el 13/11/2007-, la sentencia de instancia, en la valoración de la prueba, es respetuosa con las reglas de la lógica, con las máximas de la experiencia y con los conocimientos científicos. Sin embargo, la defensa de Zougam entiende que no se tuvieron en cuenta causas objetivas que imposibilitaban la credibilidad de los testigos, como que éstos, con anterioridad a los reconocimientos fotográficos, ya habían visto la imagen de Jamal Zougam publicada ampliamente en prensa y televisión a raíz de la detención del propio Jamal el día 13 de marzo, de manera que los testigos estaban sugestionados y condicionados.

«Juro que nada he tenido que ver con ese terrible atentado, nadie puede decir que me ha visto, como tampoco puede afirmar sin mentir que yo estaba en los trenes», repite una y otra vez Jamal Zougam, la última desde la cárcel de Villena, donde permanece aislado en la celda 20 horas al día. Lo mismo que dijo durante y al final del juicio -2 de julio de 2007- en el turno de última palabra, para concluir que «la Policía sabe que esos testigos no son de verdad (…) y espero que se consiga demostrar que mintieron o se equivocaron».

En la página web del Centro sobre Condenas Erróneas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Northwestern, en Illinois, bajo el epígrafe Causas y remedios, se sostiene que las identificaciones equivocadas de testigos oculares, sean de buena fe, sean fruto del perjurio, son la principal causa de condenas erróneas en el sistema judicial de los Estados Unidos. He aquí la clave del drama de las sentencias erróneas basadas en la prueba testifical. Los expertos de la llamada psicología del testimonio señalan que en los crímenes horrendos es muy difícil que el testigo acierte en la identificación mediante la exhibición de álbumes fotográficos y que prefiere que alguien, normalmente la Policía, le ayude a poner la cara del autor. Tan grave es el problema que la Asociación Americana de Medicina Legal ha llegado a dictaminar que las identificaciones erróneas son la causa del 80% de las condenas a inocentes.

La madre de Zougam, una empleada de hogar, lleva años en lucha desesperada por defender la inocencia de su hijo. Como nos recordaba Casimiro García-Abadillo, Aicha, que así se llama la mujer, se parece a aquella emigrante polaca, protagonista de la película de Henry Hathaway Yo creo en ti, que dedicó los últimos años de su vida en demostrar, y lo consiguió, que su hijo Majcek no era culpable del asesinato por el que fue condenado. Lo mismo que Aicha, Samira, hermana de Zougam, sostiene que la noche del 10 al 11 de marzo de 2004 su hermano la pasó en casa, justo en la habitación que hay enfrente a la suya, que en la mañana del 11-M, cuando la televisión daba la noticia del atentado, Jamal dormía junto a su hermano Mohamed. Ni madre ni hermana declararon en fase de instrucción. Aicha sí lo hizo en el juicio, al igual que el hermano Mohamed Chaoui. Sin embargo, la sentencia -folio 583- no da validez a esos testimonios porque «la madre no ha declarado antes en la causa y el hermano lo hizo en la policía sin referirse a esta cuestión».

Como en el caso de Tillie Wiecek, la abnegada asistenta por horas de aquella película, estoy convencido de que Aicha y Samira ofrecerían todos sus ahorros a quien aportara datos sobre las razones que aquellos tres testigos protegidos, especialmente las dos amigas rumanas, tuvieron para declarar en contra de Jamal Zougam y que tan relevantes fueron para condenarle. Lo mismo que confío en que pueda haber algún periodista comprometido, al estilo de James MacGuire, que después de escribir lo que no sería más que «una pequeña historia agradable de interés humano» sobre los límites de la abnegación de una madre y de una hermana, se apasionara con el caso e investigara quiénes son, en verdad, esos testigos protegidos y cuándo y cómo aparecieron en el escenario procesal de la tragedia.

He escrito este artículo movido por un solo sentimiento. Que la claridad, del tono que sea, se haga para una madre que noche tras noche permanece en vela viendo el espectro de un hijo que desde la cárcel de Villena, maltratado en una celda de aislamiento, pide ayuda para poder expiar unos terribles crímenes que dice no haber cometido. La madre y hermana de Jamal Zougam y su nuevo abogado se sienten capaces de combatir por revocar una sentencia que para ellos es equivocada. «En la lucha hallarás tu derecho», decía Ihering con el entusiasmo necesario para no caer en la resignación de que las sentencias erróneas son como una fatalidad inevitable.

Persista, pues, Aicha en su empeño. Hágalo con la ayuda de su hija. Está en su derecho de creer que los jueces que condenaron a Jamal se equivocaron o pudieron equivocarse. Para usted, nunca la inocencia estuvo más probada ni la culpabilidad menos demostrada. No se preocupe de que los jueces se molesten por alzar la voz contra su sentencia. Tenga esperanza en las últimas instancias que le quedan, empezando por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que el abogado de Jamal ha acudido.

Si por ventura su hijo tuviese la oportunidad de un recurso extraordinario de revisión, pese a las dificultades que ese juicio encierra -el principal escollo es la ficción del carácter sagrado de la cosa juzgada-, tenga por seguro que serán los propios magistrados autores de la sentencia de condena los primeros en celebrarlo. A la memoria me viene aquel pasaje de El profesor Bergeret de Anatole France: «No quería admitir su error. Una confesión de esa índole sólo puede hacerla una persona de un espíritu elevado». Se equivocan quienes piensan que admitir que se ha condenado a un inocente menoscaba la autoridad moral del Estado. Al contrario. Nada acrecienta más la confianza de un pueblo en la Justicia que saber que un condenado inocente puede lograr la revocación de la sentencia errónea.

Al abogado de Jamal Zougam, Eduardo García Peña, a quien no conozco, le digo que el proceso emprendido puede hacerle ganar un honor infinito. En esta noble profesión, defender a un inocente porque el abogado cree en su cliente, trae aparejado el prestigio, que no la fama, esa gloria en calderilla, a decir de Víctor Hugo. Ganar este asunto en Estrasburgo le convertiría en un vengador de la inocencia. Quizá sirviera también de enseñanza a esos jueces, afortunadamente pocos, que tienen la funesta propensión de contentarse con la verosimilitud en lugar de exigir certeza, con olvido de que la pena solamente se justifica si del juicio resulta incontrovertible que el acusado es culpable sobre la base de pruebas indubitables y más claras que la luz.

Termino con una reflexión a propósito del régimen penitenciario al que Zougam está sometido. Decía Cela -el Cela grande- que las cárceles se pueden mirar con tres lentes distintas. La del que pone la materia prima, o sea, el preso; la del que tiene la llave, o sea el juez y el funcionario, individual o en equipo; y la del espectador que mira y oye. No hace falta ser psiquiatra ni psicólogo y menos juez de vigilancia penitenciaria -yo lo fui- para saber que un aislamiento en celda por más de 15 días, al preso le da la vuelta como a un pellejo, aunque eso, por lo que se ve, poco o nada importa a algunos directores de prisiones, juntas de régimen, ilustrísimas secretarias generales de instituciones penitenciarias, fiscales y jueces de vigilancia penitenciaria, más interesados por el amansamiento del interno y, sobre todo, por la buena marcha del establecimiento.

– Por favor, una pregunta. ¿Usted prefiere la injusticia al desorden, tal como quería Goethe?

– No. Ni al revés, tampoco. A mí lo que me gusta es que la Justicia sea intransigente con la injusticia y el orden con el desorden.

Javier Gómez de Liaño, abogado y magistrado excedente.

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