Hace un cuarto de siglo, tras la caída del Muro de Berlín y la apertura de la Cortina de Hierro, la gente de Europa Central eligió el capitalismo y la democracia en vez del comunismo y la dictadura. Pero hoy, los ciudadanos de la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia (los cuatro países ex comunistas de la región) denuncian un desempeño decepcionantemente desparejo en la promoción y la protección de la libertad en Internet.
Un estudio reciente de las organizaciones a las que representamos muestra que los cuatro países pueden (y deben) liderar la promoción del libre flujo de información. Pero para eso, hay mucho por mejorar. La República Checa tiene un muy buen historial en apoyo a la libertad de expresión, limitación de la vigilancia y promoción de la transparencia, pero Hungría persigue a blogueros y editores con pesadas multas y otras sanciones. Polonia y Eslovaquia están en el medio.
Los cuatro países están en condiciones de obtener grandes beneficios del nuevo mundo digital, ya que tienen los prerrequisitos para la formación de comunidades virtuales abiertas y vibrantes: buenas cuotas de penetración de Internet y sistemas políticos democráticos y pluralistas. Según un informe reciente del Financial Times, la región cuenta con una combinación de “alto nivel de alfabetización matemática, costos fijos reducidos y una generación joven globalizada y occidentalizada [que] conforma una mezcla estimulante y exitosa”.
De hecho, la lista “New Europe 100” de innovadores del este y centro de Europa, compuesta por el FT,incluye muchos ejemplos de éxito surgidos de Internet. La lista incluye “un doctor húngaro que creó una red social de asesoramiento médico, un equipo de estudiantes polacos que ganaron un concurso de diseño de robots para Marte y un eslovaco que inventó un auto volador”.
Y sin embargo, a pesar de las experiencias de estos países bajo el comunismo y la indignación de sus ciudadanos tras las revelaciones de Edward Snowden sobre espionaje digital, los gobiernos del centro de Europa no parecen decididos a poner límites a sus propias autoridades. Cada año, la policía presenta miles de peticiones de vigilancia a usuarios de Internet, que casi siempre obtienen el visto bueno de los tribunales locales. Rara vez se notifica a los usuarios de dichas peticiones, cuyos fundamentos suelen ser poco claros.
Es muy común que las leyes que garantizan la libertad en Internet sean ignoradas o desvirtuadas. Hay acalorados debates sobre la conveniencia de bloquear contenidos y cómo aplicar derechos de propiedad intelectual a lo que se publica en Internet. Los burócratas oponen toda clase de reparos a los pedidos de publicar información en la red, y los tribunales se apuran a iniciar juicios por casos que deberían resolverse con los procedimientos ya previstos para la solicitud de baja de contenidos por infracción al copyright.
El marco legal en los cuatro países necesita reformas urgentes que aclaren los límites de la libertad de expresión de blogueros y periodistas. Se debe modernizar la legislación para adaptarla a los avances del mundo digital y reconocer que las comunicaciones personales y la transmisión de noticias ya no son como antes. En Eslovaquia, los periodistas de medios electrónicos no tienen la misma protección legal que los de medios impresos. Los tribunales han fallado a favor de políticos y contra la prensa en casos relacionados con información publicada en Internet. En Polonia, los jueces exigen la eliminación inmediata de contenidos virtuales ofensivos, y la difamación puede dar lugar a acciones penales.
En toda Europa Central se necesita más transparencia. La legislación actual es muy vaga y permite a los organismos públicos rechazar pedidos de libre acceso a la información con el argumento de proteger secretos comerciales o la privacidad.
El país con el peor desempeño de toda la región es Hungría. En 2010, su gobierno de derecha adoptó una ley de medios que obliga a todos los organismos de prensa a anotarse en un registro oficial y estipula que sus artículos deben ser “equilibrados”, tener “relevancia para los ciudadanos de Hungría” y mostrar “respeto a la dignidad humana”. La ley también pone límites a la protección de las fuentes periodísticas. Los castigos a los infractores incluyen multa, suspensión o cierre.
La nueva legislación cosechó la crítica unánime de la Comisión Europea, el Consejo de Europa y grupos de seguimiento de la libertad de prensa, pero el gobierno húngaro insiste en su política de medios represiva. Un nuevo código penal deja margen para abusos de autoridad, entre ellos la posibilidad de filtrar contenidos virtuales. A fines del año pasado, el gobierno intentó introducir un “impuesto a Internet” de 0,50 euros (0,60 dólares) por gigabyte, el equivalente moral de cobrar impuestos por leer un libro o conversar con un amigo. Después de una marcha de protesta en Budapest a la que asistieron más de cien mil personas, el gobierno retiró la propuesta (al menos por ahora).
Estos países ex comunistas tienen una oportunidad única de convertirse en adalides mundiales de la libertad en Internet. En la cumbre de la Unión Internacional de Telecomunicaciones celebrada en Dubái en diciembre de 2012, el ex ministro de administración y digitalización de Polonia, Michał Boni, tuvo una importante actuación contra los intentos de imponer controles gubernamentales al uso de Internet. Y sin embargo, al día de hoy, la libertad en Internet no es una prioridad para el ministro de asuntos exteriores de Polonia. A diferencia de la República Checa (por ejemplo), Polonia todavía no se unió a la Coalición por la Libertad en Internet.
Hace dos décadas, los pueblos de Europa central se alzaron contra gobiernos autoritarios y cerrados. Hoy, a pesar de los grandes avances logrados en los países ex comunistas de la región, todavía queda mucho por hacer. Un buen punto de partida sería liderar la lucha por la libertad en Internet.
Jeremy Druker is the director of the Prague-based journalism training organization Transitions. Jeff Lovitt is the executive director of the PASOS think-tank network. Traducción: Esteban Flamini