Era un secreto a voces. Sabíamos que el proceso de descentralización en España adolece de enormes carencias. Pero las voces más influyentes aconsejaban prudencia. Pudo más el miedo a abrir la caja de Pandora. Se nos podía ir de las manos, decían.
La Covid-19 ha expuesto fallos en el diseño del modelo de descentralización. Es decir, nuestro sistema de gobernanza. No pretendo abrir un debate sobre las bondades de la centralización versus descentralización, porque creo que asumir esta supuesta dicotomía yerra el tiro. Entre los polos opuestos de un sistema centralizado y uno federal, hay una amplia gama de modelos descentralizados que han desarrollado diferentes países incluyendo la mayoría de los europeos; lo importante es examinar cuáles son eficaces.
El objetivo de la descentralización es mejorar la gestión gracias a su adaptación a las necesidades locales. Muchos países europeos son descentralizados sin llegar a ser federales y han demostrado su eficacia, como Holanda y los países nórdicos. Estos modelos descentralizados son complejos, porque no asignan la toma de decisiones, ni el control de los recursos, a un solo nivel de gobierno (central o regional). Compartir estas responsabilidades requiere una clara división de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, un diseño de financiación que incentive la co-responsabilidad, y mecanismos de rendición de cuentas que aseguren un uso eficaz de los recursos. Pero el proceso da lugar a una batalla política por aumentar los espacios de poder y los recursos, a la vez que se evitan los mecanismos de rendición de cuentas, que pueden malograr el resultado final.
La Covid-19 ha impactado de lleno sobre las competencias que fueron transferidas a las comunidades autónomas: sanidad, asuntos sociales y educación. En todos estos ámbitos tanto el Gobierno central como los regionales tienen responsabilidades, pero ni se han definido con suficiente claridad, ni se han puesto en marcha mecanismos de coordinación adecuados. Por estas grietas se ha colado la Covid-19. Por razones obvias se ha prestado mucha más atención a los aspectos sanitarios pero, ante la incertidumbre que se cierne sobre el nuevo curso escolar, creo que merece la pena analizar la situación del ámbito educativo.
La decisión del Gobierno central de decretar el estado de alarma supuso una disrupción completa del funcionamiento del Estado de las autonomías, al asumir aquél todas las competencias y convertirse en mando único. De facto un sistema centralizado. Bajo esta situación excepcional, corresponde únicamente al Gobierno central rendir cuentas sobre una gestión que generó el balance más negativo de toda Europa tanto en el aspecto sanitario, como en el económico. El mando único cometió uno de los errores que se asocian a sistemas centralizados: dar un tratamiento simétrico a un problema asimétrico. Impuso el confinamiento más largo y duro, sometió a un coma inducido a la economía de todas las comunidades y cerró los colegios. No dejaremos a nadie atrás, fue el lema esgrimido por el Gobierno. Pero el resultado fue que el país entero se quedó atrás.
El Gobierno central también definió las fases del denominado proceso de desescalada y decidió cuándo podían pasar las diferentes comunidades autónomas de una fase a otra. De esta forma, estableció prioridades y, a diferencia de muchos países europeos, la reapertura de los colegios no se permitió hasta una fase tan avanzada que la mayoría no volvió a reanudar la actividad escolar antes del verano. El mando único cometió errores que se asocian a regímenes autoritarios: no escuchar a nadie, ni científicos, ni médicos, ni gobiernos regionales. Y falta de transparencia, creando tal grado de confusión con las cifras oficiales de fallecidos y contagiados que impide tomar las decisiones adecuadas.
Contra toda evidencia, el 10 de junio Sánchez declaró que «hemos vencido al virus». Pero la apertura de fronteras para atraer turistas, la reanudación de la movilidad y la relajación de medidas de distanciamiento social, se llevó a cabo sin poner en marcha la única estrategia que ha demostrado su utilidad en otros países: test, track, isolate. Y a partir de ese momento el Gobierno central se desentendió por completo, argumentando que correspondía a las regiones asumir las competencias. Un nuevo error al interpretar que nuestra gobernanza permite alternar un sistema cesarista con otro federalista.
Como era inevitable, comenzaron los rebrotes pero las comunidades autónomas no tienen la capacidad de controlar la expansión del coronavirus por sí solas, pues han quedado en manos de los jueces de turno cuando sus decisiones afectan a derechos fundamentales.
En el ámbito educativo se ha dado una paradoja de consecuencias catastróficas. La ministra de Educación, bajo el mando único, ha hecho una dejación de funciones. Dos de las competencias fundamentales del Estado son determinar los estándares a nivel nacional que se requieren para otorgar titulaciones y velar por la equidad del sistema. Pues bien, Celaá permitió que cada comunidad decida con cuántos suspensos se puede titular, aumentando así las desigualdades educativas entre regiones. Y en cuanto a la equidad, a pesar de haber forzado la transición a la educación online, no se han puesto en marcha mecanismos compensatorios y de refuerzo para evitar que la brecha digital ensanche la brecha socio-económica.
Nuestros alumnos no salen más fuertes de esta crisis. Según la encuesta Talis de la OCDE, sólo el 38% de los docentes en España ha recibido formación digital, un porcentaje muy bajo comparado con otros países (75% en el Reino Unido por ejemplo). Por lo tanto, los docentes se han esforzado por realizar la transición a la enseñanza online, pero su falta de formación ha sido un impedimento en muchos casos.
El cierre de los colegios desde marzo hasta finalizar el curso escolar ha supuesto un retraso considerable en la adquisición de conocimientos. Diversas estimaciones arrojan conclusiones demoledoras: el retraso en matemáticas podría ser de aproximadamente la mitad de lo que se aprende en un curso normal y, entre alumnos de entornos desfavorecidos, podría llegar a un curso escolar completo. Por tanto, son muchos los alumnos que han quedado atrás.
La gravedad de los rebrotes parece haber sorprendido a las comunidades autónomas afectadas, sin planes para abordar la vuelta al colegio. Tanta incertidumbre ha generado dudas entre las familias sobre la seguridad de enviar a sus hijos al colegio, y los sindicatos han aprovechado esta situación para canalizar los temores de los padres hacia sus reivindicaciones clientelares de siempre. Es fundamental que los padres entiendan que la Covid-19 entraña un riesgo bajo para los niños. Para ello es necesario comunicar con claridad la evidencia científica: una proporción baja de niños se ha diagnosticado positivo y la mayoría desarrollan síntomas muy leves o son asintomáticos. Muchos países europeos abrieron las aulas antes del verano y han comenzado el nuevo curso escolar, demostrando que los colegios no son una fuente de transmisión comunitaria relevante. Sin embargo, los niños pueden infectar a otros. Por tanto, es necesario proteger a los docentes y familiares vulnerables.
Es posible que tengamos que aprender a convivir con la Covid-19 al menos 1 o 2 años. El Gobierno no puede pretender alternar periodos de control absoluto, con otros en los que ignora sus responsabilidades. Han de definirse escenarios en el ámbito educativo que se adapten a la evolución de la situación epidemiológica pivotando entre la presencialidad y la educación online (modelos blended). Tanto el Gobierno central como los regionales deberán asumir sus respectivas responsabilidades, y coordinarse adecuadamente, para asegurar el derecho a la salud y el derecho a la educación.
No podemos permitir que las generaciones más jóvenes sufran retrasos de esta magnitud en su educación, pues no estarían preparados para afrontar una era covid que causará estragos en la economía y el desempleo.
Montserrat Gomendio es profesora de Investigación del CSIC y ha sido secretaria de Estado de Educación.
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La mala convivencia y la falta de consideración entre españoles es un problema grave para que esto se equipare a un pais europeo. No puede ser que para que un español se comporte civilizadamente tengas que estar llamando a la policía cada dos minutos.