La manipulación de las víctimas de ETA

Por José María Calleja, periodista (EL PAÍS, 27/12/07):

Las víctimas del terrorismo no han existido durante años. No han existido como seres humanos ni han tenido un reconocimiento político por parte de la sociedad vasca. Tampoco han sido valoradas como merecían en el resto de España.

En los primeros años de democracia, la banda terrorista ETA asesinaba de forma regular a guardias civiles, policías, militares, personas que habían tenido alguna relación con la dictadura y políticos de UCD. De los funerales celebrados en el País Vasco no había prácticamente noticia. Misas fugaces, familiares venidos de fuera con la humildad moldeada en la cara, pobremente vestidos casi siempre, mandos policiales a los que les quemaban los funerales, traslados urgentes para no desanimar a los supervivientes y una abrumadora indiferencia entre la población, absorta en su rutina y en su mayoría carente de empatía o celebrando, demasiados, la muerte ajena. En cuanto a los actos fúnebres realizados en Madrid, eran capitalizados por la extrema derecha, que reclamaba delante de los féretros el golpe de Estado -“Ejército al poder”, se gritaba-, y echaba la culpa de las muertes al sistema de libertades y a la supuesta flojera de los gobernantes, empezando por Suárez. ETA asesinaba a 65 personas, en 1978; a 80, en 1979; a 96, en 1980, en medio de una palpable indiferencia, sobre todo en la comunidad vasca.

Baste recordar, para recrear el clima de la segunda mitad de los setenta y de los primeros ochenta, cómo el teniente general Gutiérrez Mellado tenía que mandar callar a los militares ultras y les exigía disciplina, valor fundamental en un soldado. Aquel ejemplar Gutiérrez Mellado exigía a sus subordinados que aprendieran de la clase obrera cómo enterrar a los muertos (en enero de 1977, el ilegal PCE organiza una gigantesca, emotiva, silenciosa y responsable concentración para homenajear a los cinco abogados laboralistas del despacho de Atocha, ametrallados por la extrema derecha).

En los ochenta, algunos, muy pocos, nos empeñamos en conseguir el reconocimiento humano y político de las víctimas del terrorismo. Eran personas, no uniformes ni txakurras (perros); tenían padre, madre, cónyuges, hijos; tenían nombre, apellidos, edad; eran humanos y no fósiles. Se empieza entonces a establecer el discurso de que no eran asesinados porque sí: se les mataba por defender la seguridad de todos los españoles, por ser un símbolo de la democracia española, de la libertad, de la Constitución, aunque las víctimas no ofrecieran su vida explícitamente por esos fines. Luchar por el reconocimiento de las víctimas del terrorismo debería de haber sido la consecuencia lógica de informar sobre asesinatos, de asistir a funerales fríos, de ver cómo a los guardias civiles y a los policías primero se les mataba de un tiro y luego se les volvía a matar de olvido. (Los que hoy más cacarean no existían entonces, no estaban allí, no se les esperaba).

Nunca se hablará lo suficiente de las brutales imágenes de la muerte, de las desgarradoras escenas de los funerales solitarios, de la alegría de buena parte de la población vasca que, por ejemplo, cuando se asesinaba a tres guardias civiles y se hería a dos soltaba “Tres goles y dos postes”. O que ironizaba sobre los juegos malabares que podía hacer Irene Villa en su silla de ruedas, o jaleaba en plenas fiestas del pueblo de turno el nombre de la última víctima reclamando nuevos muertos a la banda. Lo mismo se gritaba por la calle “ETA, mátalos”, que se llamaba por teléfono a la viuda para pedirle que devolviera la bala que acababa de asesinar a su marido o se declaraba hijo predilecto del pueblo al criminal.

Tuvieron que pasar muchos años, correr mucha sangre y mucho sufrimiento para que la situación cambiara. Un dato: era tal el nivel de desconsuelo de los policías que en un atentado en el que los terroristas asesinaron de una tacada a cuatro policías nacionales en Rentería (Guipúzcoa), el 14 de septiembre de 1982, un compañero suyo desenfundó su pistola y se pegó un tiro en la cabeza.

Con el paso de los años, la acumulación de muertos y el esfuerzo de muy pocos se consiguió dotar a las víctimas de carácter humano y convertirlos en símbolos de la democracia. La primera asociación de víctimas (AVT), fundada por la corajuda Ana María Vidal Abarca, se crea en 1981; es decir, cuando ETA llevaba más de 20 años matando y Ana María uno de viuda. El primer libro que escribe un periodista sobre las víctimas del terrorismo es de 1997 (Contra la barbarie. Un alegato en favor de las víctimas de ETA), aunque para entonces se contaban por decenas los libros escritos sobre ETA desde el punto de vista de los que pegaban los tiros.

El relato periodístico de los atentados parecía sufrir entonces un cierto contagio del discurso criminal. La “acción” “transcurría en segundos”; “los activistas” huían en una “potente moto”; eran casi siempre “jóvenes” y no como los guardias civiles, que eran guardias, sólo guardias, o números, aunque tuvieran 23 años. Los asesinados eran, sobre todo, extremeños, gallegos, leoneses, como si aquellos lugares fueran exóticos, remotos y merecedores de muerte los allí nacidos.

Es a partir de finales de los noventa cuando las víctimas alcanzan el mayor apoyo social. Se promueven nuevas iniciativas para su reconocimiento legal, se les apoya más en lo económico y las víctimas se colocan ya en la agenda política. Han sido objetivos políticos y son sujetos políticos.

El cenit de ese reconocimiento a las víctimas se alcanza con el secuestro, tortura y asesinato del joven Miguel Ángel Blanco. El mecanismo de identificación con aquella víctima por parte de una inmensa mayoría de ciudadanos se establece de manera automática: es joven, no es ni policía ni militar, no responde al perfil de un político profesional; es humilde, con novia joven que sale a la calle a pedir su libertad… Todo el mundo puede tener un hijo, un amigo o un vecino como Miguel Ángel Blanco. Ya nadie dice: algo habrá hecho. Aquellas 48 horas movilizan a gente que se estrena en la lucha contra ETA. A partir de ese momento queda fijada la idea de las víctimas como seres humanos y como símbolos de la democracia.

Y llegamos a la presente legislatura, en la que se corre el peligro de tirar por la borda el patrimonio trabajado durante años. El actual presidente de la AVT tiene todo el derecho del mundo a ser de una determinada ideología, pero no tiene el menor derecho a llevar a esa asociación por una línea que le separa de su razón de ser. Tiene todo el derecho del mundo a criticar al presidente de un Gobierno democráticamente elegido, pero no tiene ningún derecho a atacarle a él en vez de a ETA. El anterior presidente de la AVT, Luis Portero, huérfano por culpa de la banda, sostiene que el actual ha convertido la asociación en “un lobby político que va contra todos menos contra ETA”. Le reprocha que haya dejado de asistir a las víctimas. Pablo Broseta, huérfano también por el terrorismo, se lamenta de la manipulación política de la asociación. Los dos son de derechas y tienen claro lo que debe ser la AVT. No son los únicos.

En estos últimos años se han convocado ocho manifestaciones contra el Gobierno en Madrid y ninguna contra ETA en el País Vasco. En la etapa con menos víctimas mortales de toda la sangrienta historia de la banda terrorista, se ha instalado un nivel de crispación y de odio que no existía en el año ochenta, récord criminal. En la etapa en la que las víctimas han tenidos más ayuda económica, más reconocimiento institucional y más apoyo social, uno de sus dirigentes ha utilizado este patrimonio político, simbólico y de dolor para hacer una política sectaria, que se olvida de las víctimas, que las utiliza torticeramente para hacer política de ultraderecha y que provoca rechazos donde antes había apoyos.

Después del asesinato en Cap Breton de los dos jóvenes guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero, algunos han vuelto a gritar “Ejército al poder” y han arremetido contra el Gobierno como si la culpa de los asesinatos la tuviera alguien más que los asesinos. Hay quien pretende llevarnos a los primeros años de la democracia, cuando las víctimas eran capitalizadas por la ultraderecha. No debemos consentirlo. Las víctimas son símbolo de nuestras libertades, son de todos, han sido asesinadas en defensa de la democracia y no pueden representar otra cosa.